Denuncia por incumplimiento de obligaciones de publicidad activa frente al Ayuntamiento de Ruesca

Resolución 28/2020, de 11 de agosto, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la denuncia presentada al amparo de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente al incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por el Ayuntamiento de Ruesca VISTA la denuncia en materia de publicidad activa presentada por D. , el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 25 de marzo de 2019, presentó una denuncia en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España (en adelante CTBG), que fue redirigida el mismo día al Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante CTAR), por ser el competente. La denuncia —presentada en el formulario disponible en el CTBG— se limita a «marcar» que el Ayuntamiento de Ruesca ha incumplido las obligaciones de publicidad activa previstas en la Ley de Transparencia, así como los principios de buen gobierno recogidos en la misma. En concreto, en la descripción de la actuación denunciada, únicamente se consigna «NINGÚN DATO APORTADO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA». El interesado aporta documento relativo al proceso selectivo como posible interventor, es decir, justificante acreditativo de su posible llamamiento como interventor de la Agrupación Secretarial de Miedes, Ruesca y Orera. SEGUNDO.- El 27 de marzo de 2019, el CTAR solicitó al Ayuntamiento de Ruesca informe con las alegaciones oportunas respecto al objeto de la denuncia. TERCERO.- El 2 de mayo de 2019, el Ayuntamiento de Ruesca remitió informe en el que expone lo siguiente: a) «Que este Ayuntamiento siempre ha sido transparente y ha intentado cumplir con la ley con los medios disponibles. b) Que como consecuencia de la ausencia de secretario en ocasiones y la falta de conocimientos en otras, no se ha atendido el suministro de información en el portal de transparencia. c) Que este Ayuntamiento se compromete a dar cumplimiento en los próximos meses habiendo iniciado ya el proceso con la aportación de 24 documentos desde la recepción de la reclamación. d) Que adicionalmente, ante la continuada solicitud de información por parte de los vecinos, se ha informado sobre el procedimiento de solicitud electrónica de trámites y el acceso de información. e) Se aporta foto de la situación actual del portal de transparencia y del anuncio de obtención de información para participación de los ciudadanos». II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 41.1 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana en Aragón (en adelante Ley 8/2015), atribuye el control, para mantener el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, al CTAR, cuando establece: «El cumplimiento por las Administraciones públicas aragonesas de las obligaciones contenidas en este título será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia de Aragón». De acuerdo con lo anterior, el CTAR es competente para resolver las reclamaciones que se interpongan por el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de las Instituciones y entes sometidos a su control, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones del Ayuntamiento de Ruesca. SEGUNDO.- El reclamante aporta justificante acreditativo de su posible llamamiento como interventor de la Agrupación Secretarial de Miedes, Ruesca y Orera, se entiende que a los efectos de legitimar su petición al CTAR. Hay que señalar la innecesariedad de esta aportación para justificar la reclamación, dado que no se requiere acreditar ninguna circunstancia especial como legitimación para denunciar ante el CTAR el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. TERCERO.- En cuanto al contenido de la reclamación, ésta se limita a denunciar genéricamente el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Ruesca de las obligaciones de publicidad activa previstas en la Ley de Transparencia, así como el incumplimiento de los principios de buen gobierno recogidos en la citada Ley, con la única mención de «NINGÚN DATO APORTADO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA». A este respecto, es oportuno acudir a la doctrina establecida en las resoluciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (entre otras, Resolución PA-36/2017, de 4 de octubre, y Resolución PA-37/2017, de 11 de octubre) y compartida por este Consejo de Transparencia de Aragón. En estas Resoluciones, en las que se abordan supuestos similares al que ahora se analiza, se afirma: «El escrito de denuncia debe ofrecer los elementos suficientes que permitan identificar qué concretas exigencias de publicidad activa han sido pretendidamente desatendidas por el órgano denunciado. Sin caer en rigorismos formales que no sirven al fin de la institución, sí es exigible, sin embargo, que de la redacción del escrito sea posible deducir qué específica información no se halla disponible en el correspondiente portal o página web, y cuya ausencia precisamente reprocha el denunciante porque le impide controlar adecuadamente la actuación pública y obstaculiza su participación en la misma: objetivos a los que se incardinan las obligaciones de publicidad activa según reconoce expresamente el art. 9.1 LTPA. Ante la falta de identificación de las específicas obligaciones desatendidas, en las que la persona denunciante vendría a proyectar su pretensión de control o participación en la cosa pública, es obvio que no corresponde a este Consejo la función de reconstruir de oficio las denuncias. Sólo, pues, tras concretarse cuáles son –a juicio del denunciante- las exigencias de publicidad activa incumplidas, podrá activarse una actuación del Consejo tendente a verificar la denuncia y, en su caso, proceder acto seguido conforme a lo previsto en la LTPA: requerimiento expreso para la subsanación de los incumplimientos y, en caso de desatención del mismo, la adopción de los actos administrativos dirigidos a compeler a la observancia de tales exigencias». Es decir, el escrito de denuncia debe identificar qué concretas exigencias de publicidad activa han sido pretendidamente desatendidas por el Ayuntamiento denunciado, dado que no corresponde a este Consejo de Transparencia la función de reconstruir de oficio las denuncias. Procede en consecuencia el archivo de la reclamación, al no concretar su contenido. Ello no obstante, esta decisión no impide que el interesado vuelva a plantear denuncia en el caso de que aprecie concretos incumplimientos de las obligaciones de publicidad activa a las que se sujeta el mencionado Ayuntamiento. CUARTO.- A efectos únicamente didácticos, se analizará la alegación del Ayuntamiento de Ruesca, en el sentido de que ha intentado cumplir con las obligaciones impuestas por la ley con los medios disponibles y que, como consecuencia de la ausencia de secretario en ocasiones y la falta de conocimientos en otras, no se ha atendido el suministro de información en el Portal de transparencia. Es preciso recordar en este punto que las entidades que integran la Administración local aragonesa deben publicar de forma periódica, veraz, objetiva, accesible, comprensible y actualizada, la información pública cuyo conocimiento garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y el control de la actuación pública por parte de la sociedad, así como para favorecer la participación ciudadana en las políticas públicas, y como mínimo la incluida en el capítulo II (publicidad activa) de la Ley 8/2015. Y que la información pública objeto de publicidad activa deberá estar disponible de forma gratuita y fácilmente identificable, en las sedes electrónicas, portales o páginas web correspondientes de una manera segura, estructurada y comprensible para las personas, preferentemente en formatos reutilizables, garantizando especialmente la no discriminación tecnológica y accesibilidad universal. Por lo tanto, no cabe duda de que el Ayuntamiento está obligado a publicitar (en su sede electrónica, portal o página web) toda la información relativa a sus obligaciones de publicidad activa. Es cierto también que tanto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, (en adelante, Ley 19/2013), como la Ley 8/2015 han impuesto nuevas y numerosas exigencias a los sujetos obligados, entre los que se encuentran todas las entidades locales aragonesas, con independencia de su tamaño y medios. Estas nuevas obligaciones encuentran su justificación, tal como expone el Preámbulo de la Ley 19/2013, en la necesidad de que los ciudadanos conozcan «cómo se toman las decisiones que les afectan, como se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones». Aunque es comprensible que el cumplimiento de estas nuevas previsiones, tanto la publicidad activa como la garantía del derecho de acceso, genera un trabajo adicional para el conjunto de medios de los que disponen los sujetos obligados, ello no puede constituir un límite insalvable, si no responde estrictamente a las causas de inadmisión o denegación establecidas expresamente en la Ley. En concreto, es evidente la dificultad de cumplir con todas las obligaciones de publicidad activa, en la forma tan amplia que las leyes de transparencia establecen, en los municipios que carecen de una estructura administrativa mínima, por cuanto la transparencia exige medios materiales y personales. Así lo pusieron de manifiesto los órganos de garantía de la transparencia en el Estado español, agrupados en la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, en la denominada «Declaración de Cádiz», de 28 de septiembre de 2018, en la que se afirma: «Es necesario tomar consciencia de que la transparencia y la garantía del acceso ciudadano a la información que manejan las Administraciones Públicas es una conquista valiosísima en términos de democratización del control de las instituciones públicas pero que no se consigue sólo con la entrada en vigor de una Ley. Requiere, para ser efectiva, de medios materiales y humanos encargados de aplicarla, y no asignarlos al cumplimento de la legislación de transparencia implica comprometer seriamente su efectividad. Las Administraciones deben -reconociendo la dificultad que ello representa sobre todo para las Administraciones de menor tamaño- reasignar los recursos de que disponen de forma que puedan asumir con eficacia sus obligaciones también en este ámbito». Escasez de medios a los que tampoco es ajeno este Consejo de Transparencia de Aragón, lo que determina el retraso en la resolución de las reclamaciones y denuncias que se le plantean. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Archivar la denuncia en materia de publicidad activa presentada por frente al Ayuntamiento de Ruesca. SEGUNDO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón y del Ayuntamiento de Ruesca, previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.