Acceso a plantillas de corrección y documentación de procesos selectivos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Resolución 25/2020, de 11 de agosto, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a la resolución del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por la que se concede acceso parcial a la información pública solicitada VISTA la reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por , el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 19 de diciembre de 2018, solicitó, al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, documentación relativa a diferentes especialidades del proceso selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional. Las especialidades sobre las que solicitó información eran: lengua y literatura, matemáticas, informática, sistemas y aplicaciones informáticas y física y química. SEGUNDO.- El 14 de febrero de 2019, en respuesta a la solicitud, codificada como 343/2018 en el Registro de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, el Secretario General Técnico del Departamento dicta Resolución en el siguiente sentido: «-CONCEDER el acceso a la información solicitada por , referente a su participación en el proceso selectivo de la especialidad “Lengua Castellana y Literatura”, por su condición de interesado en el procedimiento. A dichos efectos se remiten en archivo adjunto el anexo I: “criterios para la corrección de la primera prueba de conocimientos” y el ejercicio escrito del solicitante. Asimismo, se remiten el anexo II los criterios de valoración de la prueba práctica y el ejercicio escrito de . -CONCEDER el acceso a la información correspondiente a la fase de oposición de las especialidades de “matemáticas”, “informática”, “sistemas y aplicaciones informáticas” y “física y química”, mediante puesta a disposición en la página web del Departamento: http: www.educaragon.org/GestionPersonal/nodo.asp?id=3308». TERCERO.- El 12 de marzo de 2019, el solicitante presenta reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante CTAR) en la que manifiesta que la información remitida no está completa, por lo siguiente: «-respecto al punto primero: no se ha enviado el examen corregido de la especialidad de lengua castellana y literatura, que, en este caso, se refiere a la plantilla de corrección, completada con los criterios referidos a mi examen. Asimismo, tampoco se han enviado las respuestas correctas correspondientes a dicha especialidad. -respecto al punto segundo, no se ha enviado la información indicada remitiendo a una dirección web (http:(//www.educaragon.org/GestionPersonal nodo.asp?id=3308) la cual, a día de hoy, martes 12 de marzo de 2019, no contiene ningún tipo de información)». CUARTO.- El 27 de marzo de 2019, el CTAR solicitó al Departamento de Educación, Cultura y Deporte que informara de los fundamentos de la decisión adoptada y realizara las alegaciones oportunas respecto al objeto de la reclamación. QUINTO.- El 30 de mayo de 2019, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte remitió el informe solicitado en el que señala, en síntesis, lo siguiente: 1) No se considera que exista causa para no facilitarle dicha información, al no concurrir ninguno de los límites previstos en el artículo 14 de la Ley 19/2013 ni en el artículo 30 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante Ley 8/2015). 2) Que el Tribunal Constitucional ha afirmado reiteradamente que “el derecho a acceder al empleo público en condiciones de igualdad es un derecho de configuración legal, que no garantiza en sí mismo el acceso, sino la igualdad de todos los que cumplan los requisitos establecidos en la participación del correspondiente sistema de selección, que debe estar sometido a requisitos formulados en términos generales y abstractos, correspondiendo, en principio, la interpretación de dicha legalidad a los Tribunales ordinarios”. Los Tribunales de oposición se constituyen como órganos técnicos especializados para elaborar y valorar las pruebas a realizar por los aspirantes, conforme a lo dispuesto en las propias bases de la convocatoria, e igualmente revisar las reclamaciones presentadas a las listas, haciendo uso de su discrecionalidad técnica. La presunción iuris tantum de certeza y racionabilidad se mantiene en tanto el Tribunal se haya constituido válidamente, sin tacha o motivo alguno de abstención en alguno de sus miembros, se ajuste en su actuación a las bases de la convocatoria y dispense un trato igual a todos los aspirantes». 3) Que la Ley 19/2013 reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública entendida según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualesquiera que sean su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, se está definiendo el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a una información que ya existe. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se elaboró ningún tipo de plantilla de corrección que hubiese sido acordado por los Tribunales para la corrección de las pruebas, sino que éstas se calificaban por cada miembro de los diferentes Tribunales como consecuencia de la aplicación de los criterios de evaluación previamente acordados y publicados. Es decir, no existía por parte del Tribunal la obligación de manejar el concepto de “plantilla” exigido por el interesado, entendido éste como documento escrito consensuado en el que se establecieran las respuestas mínimas de los exámenes. En este punto es necesario resaltar que tanto los supuestos prácticos como los temas, son susceptibles de ser abordados de modo muy diferente y es la cualificación técnica de los miembros del Tribunal la que permite valorar cada ejercicio y traducirlo en una calificación desde el cumplimiento de los criterios de evaluación fijados previamente. Tampoco existe un único temario preparado y resuelto que pueda servir de referencia como contenido mínimo de los ejercicios de cada parte de las pruebas. No obstante, cada miembro de los diferentes Tribunales en el ámbito de sus competencias de evaluación y calificación, pudo elaborar con carácter auxiliar y de apoyo, diferentes notas, borradores o resúmenes, los cuales sí pertenecen al ámbito interno de la Administración, tal y como contempla el artículo 30.1.b) de la Ley 8/2015 que se reproduce a continuación: (…) Por otro lado, dado que no se exige en el proceso que dicha información se elabore, quedaba a decisión de cada Tribunal realizar o no dichas notas, borradores o resúmenes, así como la forma de elaborarlos. Respecto a la reclamación interpuesta por el interesado ante el CTAR: En cuanto al contenido incluido en la página web indicada, es cierto que en el momento en el que el interesado entró a consultar, ya se encontraba vacía de contenido. En este sentido, para dar respuesta a su solicitud, se adjunta al informe dicha documentación. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente: - «La información solicitada en el primer apartado no existe, y por tanto no puede calificarse como información pública tal y como se define en el artículo 13 de la Ley 19/2013, no siendo por tanto posible proporcionar al interesado la documentación reclamada. - Se adjunta al presente informe la documentación que había sido incluida y posteriormente eliminada de la web relativa a MATEMÁTICAS, INFORMÁTICA, SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS Y FÍSICA Y QUÍMICA». II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley 8/2015 atribuye al CTAR la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones en la materia del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. SEGUNDO.- La Ley 8/2015 reconoce, en su artículo 25, el derecho de todas las personas a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, en la normativa básica en materia de transparencia y en esa Ley. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013 —y el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 en idénticos términos— define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Sobre el acceso a los exámenes de un proceso selectivo, y en particular sobre el acceso a las pruebas en los de ingreso y acceso al Cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, se ha pronunciado este Consejo de Transparencia en anteriores ocasiones, por todas, Resoluciones 7 y 13/2019, cuyas consideraciones generales sobre el carácter de información pública de los distintos documentos derivados de estos procesos se dan por reproducidas. TERCERO.- El interesado plantea dos cuestiones en su reclamación, que se analizarán de forma separada. Respecto a la primera, «no se ha enviado el examen corregido de la especialidad de Lengua castellana y literatura que, en este caso, se refiere a la plantilla de corrección, contemplada con los criterios referidos a mi examen», el Departamento argumenta que no se elaboró ningún tipo de plantilla de corrección que hubiese sido acordada por los Tribunales para la corrección de las pruebas, sino que éstas se calificaban por cada miembro de los diferentes Tribunales como consecuencia de la aplicación de los criterios de evaluación previamente acordados y publicados. Es decir, no existía por parte del Tribunal la obligación de manejar el concepto de plantilla exigido por el interesado, entendido éste como documento escrito consensuado en el que se establecieran las respuestas mínimas de los exámenes. Asimismo, tanto los supuestos prácticos como los temas son susceptibles de ser abordados de modo muy diferente y es la cualificación técnica de los miembros del Tribunal la que permite valorar cada ejercicio y traducirlo en una calificación desde el preparado y resuelto que pueda servir de referencia como contenido mínimo de los ejercicios de cada parte de las pruebas. Concluye el Departamento que la información referida no existe, y por tanto no puede calificarse como información pública tal y como se define en el artículo 13 de la Ley 19/2013, no siendo por tanto posible proporcionar al interesado la documentación reclamada. Una pretensión similar fue analizada en la Resolución 13/2019, de 25 de marzo (Fundamento de Derecho Quinto), con la conclusión: «Procede, en consecuencia, estimar esta pretensión y declarar el derecho del reclamante a la plantilla correctora u otra documentación utilizada por los Tribunales para objetivizar el ejercicio de su discrecionalidad técnica, en la medida que esta documentación exista efectivamente. En caso de que no conste ningún documento que contenga esta información, el Departamento deberá hacerlo constar de manera expresa en la ejecución de esta Resolución». En el trámite de ejecución de la Resolución 13/2019, el Departamento argumentó en el mismo sentido que en la reclamación que ahora se resuelve —no se elaboró ningún tipo de plantilla de corrección que hubiese sido acordada por los Tribunales para la corrección de las pruebas, sino que éstas se calificaban por cada miembro de los diferentes Tribunales como consecuencia de la aplicación de los criterios de evaluación previamente acordados y publicados y cada miembro de los diferentes Tribunales en el ámbito de sus competencias de evaluación y calificación pudo elaborar, con carácter auxiliar y de apoyo, diferentes notas, borradores y resúmenes, los cuales sí pertenecen al ámbito interno de la Administración, tal y como contempla el artículo 30.1.b) de la Ley 8/2015— y este Consejo dio por cumplidos los términos de la Resolución, pues la información demandada no existe y no era posible proporcionarla. En el acuerdo de 17 de febrero de 2020, del CTAR, por que se aprobó la ejecución de la Resolución 13/2019 se señalaba: «Ello sin perjuicio de que, en aras de la imprescindible transparencia de los procesos selectivos, en las futuras convocatorias este tipo de documento sea de obligada preparación y aprobación por los Tribunales». En conclusión, atendiendo a la fecha en la que esta última consideración fue trasladada al Departamento, se admite nuevamente el argumento de que la información demandada no existe y a la vista de la reiterada doctrina de este Consejo (por todas, Resoluciones 31/2018, 39/2018 y 46/2018) procede desestimar la reclamación presentada en este punto. Ello sin perjuicio de reiterar la necesidad de elaborar y aprobar, en las futuras convocatorias, la plantilla correctora u otra documentación utilizada por los Tribunales para objetivizar el ejercicio de su discrecionalidad técnica. CUARTO.- Respecto a la segunda pretensión del reclamante, «no se ha enviado la información indicada remitiendo a una dirección web (http://www.eduacaragon.org/GestionPersonal.asp?id=3308), la cual, a día de hoy, martes 12 de marzo de 2019, no contiene ningún tipo de información», el Departamento afirma que, en cuanto al contenido incluido en la página web indicada, es cierto que en el momento en el que el interesado entró a consultar se encontraba vacía de contenido. En este sentido, para dar respuesta a la solicitud, se envía por el Departamento, junto con el informe a la reclamación, la documentación que había sido incluida y posteriormente eliminada de la web, relativa a matemáticas, informática, sistemas y aplicaciones informáticas y física y química. Ello no obstante, no se acredita que dicha información haya sido remitida al reclamante. Respecto a esta forma de proceder, el CTAR ya ha concluido en varias de sus Resoluciones (por todas Resoluciones 27/2018, 41/2018, 54/2018) que «no se cumple con lo dispuesto en la Ley 8/2015 con la remisión de la información a este Consejo, pues este órgano no puede ser un mero intermediario en el cumplimiento del deber de facilitar el acceso a la información pública, ni puede proceder a su remisión directa al solicitante, pues ello privaría a los interesados de la posibilidad de entender que la información es insuficiente o no adecuada, y por ende, de interponer la correspondiente reclamación frente a la resolución de acceso». Por ello, procede estimar la reclamación presentada, al no quedar acreditado el traslado de la información solicitada al reclamante. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Desestimar la reclamación presentada por frente a la Resolución del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por la que se concede acceso parcial a la información pública solicitada, en lo referente a su primera pretensión —plantilla de corrección, completada con los criterios referidos a su examen— al tratarse de información que no existe. SEGUNDO.- Estimar parcialmente la reclamación presentada en cuanto a la segunda de las pretensiones, al no quedar acreditado el envío de la documentación al interesado. TERCERO.- Instar al Departamento de Educación, Cultura y Deporte a que, en el plazo máximo de diez días hábiles, proporcione a la reclamante la información solicitada y no satisfecha en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Cuarto de esta Resolución, y a acreditarlo a este Consejo de Transparencia de Aragón. CUARTO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón, previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.