Acceso a expedientes de servicios sociales de persona fallecida en el Ayuntamiento de Zaragoza

Resolución 13/2020, 15 de junio, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a las actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza respecto al acceso a la información pública solicitada VISTA la reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por D. , el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 8 de enero de 2019, D. , solicitó mediante instancia general al Ayuntamiento de Zaragoza copia de varios expedientes relativos a servicios sociales, en concreto: 1. «Copia del expediente cambio de auxiliar de ayuda a domicilio. 2. Copia del expediente suspensión temporal del servicio de ayuda a domicilio. 3. Copia del expediente baja de ayuda de domicilio y teleasistencia 4. Copia del expediente estudio ingreso en residencia a mi madre. Todos ellos relativos a mi madre, (…) por tener la condición de interesado, pues ha fallecido, como derechohabiente (art 4.3 LAPC). Se ha aportado al Ayuntamiento: 1. Declaración de herederos abintestato 2. Aceptación de la herencia 3. Liquidación de sucesiones 4. Acta de defunción 5. Acta de nacimiento y DNI mío». SEGUNDO.- El 18 de febrero de 2019 el solicitante, ante la ausencia de respuesta por parte del Ayuntamiento, presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante CTAR), reiterando la solicitud planteada ante el Ayuntamiento de Zaragoza. TERCERO.- El 22 de febrero de 2019, el CTAR solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza que informara acerca de los fundamentos de la resolución adoptada y realizara las alegaciones oportunas respecto al objeto de la reclamación. En la solicitud se advertía que el objeto de la reclamación era prácticamente coincidente con el de la reclamación 38/2018, que fue desestimada por Resolución 68/2018 de este Consejo, pero que al tratarse de una nueva solicitud de acceso, en principio, no concurría el carácter de cosa juzgada administrativa que permitiría inadmitir la reclamación sin más trámite. Hasta la fecha no se ha recibido en el CTAR el informe del Ayuntamiento a la reclamación. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante Ley 8/2015) atribuye al CTAR la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones en la materia del Ayuntamiento de Zaragoza. SEGUNDO.- La Ley 8/2015 reconoce, en su artículo 25, el derecho de todas las personas a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, en la normativa básica en materia de transparencia y en esa Ley. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, Ley 19/2013) —y el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 en idénticos términos— define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. La información solicitada se refiere a la obtención de copia de distintos expedientes de servicios sociales correspondientes a la madre del solicitante y para ello aporta documentos acreditativos del fallecimiento de aquélla, y de la aceptación de herencia con la correspondiente liquidación del impuesto sucesorio, a los efectos de justificar su condición de interesado como derecho habiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015). El citado artículo señala lo siguiente: «Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento». Al respecto, hay que indicar que el 16 de julio de 2018, el interesado presentó reclamación ante el CTAR (38/2018) para que instara al Ayuntamiento a aportarle la misma documentación que ahora está de nuevo solicitando, con la salvedad de expresar con claridad que los expedientes se refieren a su madre fallecida (aportando documentación que acredita su condición de heredero) y del punto cuatro, ya que en este caso solicita, además, copia del expediente relacionado con el ingreso de su madre en una residencia. Respecto a esa reclamación, y a los efectos que ahora interesan, el CTAR adoptó la Resolución 68/2018 en la que concluía, basándose en el informe del Ayuntamiento, lo siguiente: «…de la documentación obrante en el expediente no se acredita de forma suficiente que lo solicitado se refiera a persona distinta del reclamante. Además, la información solicitada se refiere a un expediente de ayuda a domicilio en el que obran tanto datos de carácter personal, como datos especialmente protegidos ─categorías especiales de datos en la nueva nomenclatura del Reglamento General de Protección de Datos Personales─, por lo que en ningún caso puede darse acceso al contenido del expediente sin que se acredite tanto la identidad del titular de la ayuda, como el consentimiento de éste para acceder a la información, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Ley 19/2013». En la nueva solicitud, que da origen a la reclamación que ahora se resuelve, se ha acreditado todo lo demandado, sin que el Ayuntamiento haya justificado motivo, límite o causa de inadmisión para no atender lo solicitado, máxime cuando ni siquiera ha remitido a este Consejo el informe a la reclamación, lo que impide conocer las posibles alegaciones al respecto. Es necesario recordar en este punto el deber de colaboración que debe regir las relaciones entre Administraciones Publicas, tal como dispone el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. En concreto, el artículo 142 establece la obligación de suministrar información que se halle a disposición de la entidad a la que se dirige la solicitud y que la Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias. El cumplimiento de este principio garantiza el adecuado conocimiento por parte de este Consejo de todas aquellas cuestiones que han podido afectar a la tramitación y motivación de las actuaciones objeto de la reclamación, y la ausencia de informe determina que únicamente pueden valorarse las cuestiones planteadas en el escrito de solicitud de información por el reclamante y los antecedentes descritos. No desconoce este Consejo las reiteradas solicitudes de información pública planteadas al Ayuntamiento de Zaragoza por el reclamante, que en seis ocasiones han dado origen a reclamaciones ante el CTAR, y tan reprochable es que una Administración Pública obstaculice y dificulte el acceso a la información pública, como que el personal de las Administraciones se monopolice por tener que atender reiteradas solicitudes y reclamaciones presentadas por un mismo solicitante, con los perjuicios que ello ocasiona a éste órgano, cuyos medios son realmente escasos. Pero en esta ocasión, atender desde el principio lo solicitado, hubiera requerido menos tiempo y esfuerzo que el dedicado a la tramitación de la reclamación y su resolución. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Estimar la reclamación presentada por D. , frente a la falta de resolución del Ayuntamiento de Zaragoza respecto a la información pública solicitada, reconociendo el derecho de acceso. SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Zaragoza a que, en el plazo de diez días hábiles, proporcione al reclamante la información solicitada y no satisfecha y a enviar copia a este Consejo de Transparencia de Aragón de la documentación remitida. TERCERO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.