Solicitud de copia de preguntas de proceso selectivo en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

Resolución 11/2020, de 15 de junio, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a las actuaciones del Servicio Aragonés de Salud respecto a la información pública solicitada. VISTA la reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por Dª , el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 24 de enero de 2019 se realizó en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza (en adelante HCULB) un procedimiento selectivo cuyo objeto era elaborar una lista de espera para la provisión de plazas mediante promoción interna temporal de la categoría de grupo técnico de la función administrativa (Resolución de 24 de octubre de 2018). SEGUNDO.- El 31 de enero de 2019, Dª , que había participado en el citado proceso, presentó, mediante correo electrónico, una solicitud dirigida al Secretario de la Comisión de selección del proceso, con el fin de obtener la siguiente documentación: «Una copia de las preguntas que formaban parte del mencionado proceso selectivo (me es indiferente que el formato sea en papel o electrónico) para poder estudiarlas y repasar la materia objeto del examen». TERCERO.- El 1 de febrero de 2019 el Secretario de la Comisión —con copia a la Presidenta de ésta— remite a la solicitante un correo electrónico en el que rechaza la entrega de la copia de las preguntas del examen, «según costumbre seguida en todas las pruebas que celebramos en el HCULB», y ofrece la posibilidad de poder acceder al ejercicio, revisarlo, tomar notas y plantear las cuestiones que considerase convenientes. Se acompañan a la reclamación una serie de correos electrónicos cruzados entre la solicitante y el Secretario, en los que ésta manifiesta que tiene copia de las preguntas de otras pruebas anteriores en las que participó. El Secretario insiste en que la norma, desde hace más de once años, es no entregar copia del ejercicio, sin perjuicio de que algún vocal haya podido «pasarlas» en ocasiones anteriores. CUARTO.- El 8 de febrero, la solicitante presentó un escrito dirigido al Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante CTAR) manifestando que interpone en tiempo y forma recurso potestativo de reposición, con fundamento en los siguientes motivos: 1. Invocar el derecho a la información pública establecido en el artículo 25 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, ya que tal derecho asiste a toda persona a título individual y en su propio nombre. 2. Entender que la Comisión de selección es un órgano colegiado que se integra entre los sujetos obligados en cuanto a la transparencia en la actividad pública de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. 3. Considerar que las preguntas solicitadas forman parte de los contenidos o documentos que obran en poder de la Comisión de selección y que han sido elaborados en el ejercicio de sus funciones. 4. Entender que la información solicitada no se encuentra entre las incluidas en la ley como de acceso restringido por suponer un perjuicio a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión o la protección del medio ambiente. QUINTO.- El 14 de febrero de 2019 el CTAR solicita informe al Departamento de Sanidad, para que realice las alegaciones que considere oportunas respecto al objeto de la reclamación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación. SEXTO.- Consta en el expediente que el 15 de febrero de 2019, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Departamento de Sanidad remitió un correo electrónico al Servicio de Régimen Jurídico del Salud, indicando que desde el CTAR se ha solicitado informe en relación a la Reclamación 7/2019, sin que se haya abierto expediente por solicitud de acceso a la información pública. Trasladan la reclamación, a efectos de cumplimentar lo que el Consejo solicita, a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día de la fecha, con la exigencia de que se remita copia a la Secretaría General Técnica de todas las actuaciones que realicen, como órgano competente para resolver, en cumplimiento del Decreto 215/2014, de 16 de diciembre, de atribución de competencias en materia de ejercicio por los ciudadanos del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a los efectos de seguimiento y control. SÉPTIMO.- El 15 de febrero de 2019, en contestación a la reclamación, el Servicio de Régimen Jurídico del Salud remite al CTAR cuadernillo de preguntas del ejercicio teórico para la elaboración de lista de espera de la categoría de Grupo Técnico de la Función Administrativa, para la provisión de plazas mediante promoción interna temporal (Base 4ª A) de la Resolución de 24 de octubre de 2018, remitido desde la Gerencia del Sector Zaragoza III. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante Ley 8/2015) atribuye al CTAR la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones en la materia del Servicio Aragonés de Salud. SEGUNDO.- Antes de entrar a analizar el fondo de la pretensión, es preciso realizar algunas consideraciones sobre la tramitación de la solicitud presentada el 31 de enero de 2019, mediante un correo electrónico. A juicio de este Consejo de Transparencia, es razonable que esta circunstancia, y la no invocación de la legislación de transparencia en la solicitud, justificara la respuesta por la misma vía, en concreto mediante una sucesión de correos electrónicos cruzados entre una y otra parte en tono de confianza. Es más, esta forma de actuar hubiera sido la correcta si el resultado final hubiera sido la entrega de la información requerida. Lo que no es admisible es denegar la información mediante una comunicación que no reúna los requisitos formales exigidos por el artículo 32 de la Ley 8/2015 respecto a las resoluciones de derecho de acceso, que determina: «1. La resolución que ponga fin al procedimiento se formalizará por escrito y en caso de ser denegatoria deberá ser motivada. También deberá ser motivada la resolución por la que se conceda el acceso parcial o por una modalidad diferente a la solicitada, así como la que permita el acceso cuando se haya formulado oposición por un tercero. 2. En caso de que la negativa a facilitar la información esté fundada en la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, se incluirá la referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos cuando esta sea conocida o, alternativamente, a la persona cedente de la que se haya obtenido la información solicitada. 3. Corresponderá la competencia para resolver las solicitudes de información a las personas titulares de los departamentos o a quienes ostenten la alcaldía, presidencia, dirección o cargo asimilado en la entidad a las que se solicita información. 4. En particular, cuando la solicitud de información se dirija al Gobierno, corresponderá su resolución al departamento competente por razón de la materia, encargado de proponer la cuestión sobre la que verse la solicitud al Gobierno. 5. Las resoluciones en esta materia ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante la jurisdicción contencioso—administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer la reclamación potestativa prevista en el artículo 36. 6. No obstante, contra las resoluciones dictadas por las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón, la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social, solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo». La comunicación mediante correo electrónico que se remitió a la solicitante no fue adoptada por el órgano competente, no motiva la denegación, no expresa que pone fin a la vía administrativa y tampoco menciona la posibilidad de impugnarla, ante qué órganos y en qué plazos. En definitiva, carece de los requisitos formales exigidos por la Ley 8/2015. Lo que se pone en conocimiento del Salud para que sea tenido en cuenta en lo sucesivo. Hay que recordar al Salud el carácter antiformalista de las solicitudes de información pública, tanto en su forma de presentación (Resolución 60/2018 CTAR), como en el sentido de que la invocación de la normativa de transparencia no es un requisito imprescindible para que la solicitud tenga que tramitarse por la vía del acceso a la información pública en ella regulada, entre otras, Resolución 109/2016 CTBG ó 162/2017 de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (en adelante GAIP). Hay que atender en todo caso a la naturaleza de la información pedida por el ciudadano y, en su caso, instarle a que aclare los extremos que se consideren necesarios. Cuando ya han transcurrido casi cinco años desde la entrada en vigor de la Ley 8/2015, todas las unidades administrativas del Gobierno de Aragón deberían conocer que cuando se presenta una solicitud de información ésta debe trasladarse de forma inmediata a la Unidad de transparencia correspondiente, si se presenta, como en este caso, sin acudir al formulario disponible en el Portal de Transparencia. Esta forma de proceder, además de cumplir con las previsiones contenidas en la Orden de 26 de octubre de 2015, de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, por la que se establecen instrucciones sobre la tramitación, seguimiento, control y registro de las solicitudes de acceso a la información pública, posibilita que un órgano especializado (la Unidad de transparencia) analice el contenido de la solicitud, su carácter de información pública, la aplicación de un régimen específico de acceso o la concurrencia, en su caso, de causas de inadmisión o límites. Por otra parte, es oportuno señalar que la interesada califica el escrito dirigido al CTAR como «recurso potestativo de reposición». Pues bien, ante el Consejo de Transparencia de Aragón lo que corresponde interponer —potestativamente— es un recurso administrativo especial ex artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública. No obstante, el artículo 115 apartado dos LPACAP señala que «el error o la ausencia de calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter». TERCERO.- En cuanto al fondo de la pretensión, la Ley 8/2015 reconoce, en su artículo 25, el derecho de todas las personas a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, en la normativa básica en materia de transparencia y en esa Ley. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, Ley 19/2013) —y el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 en idénticos términos— define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. La información que es objeto de solicitud, y por cuya entrega se ha sustanciado este procedimiento de reclamación ante el CTAR, es el enunciado del examen de un proceso selectivo que obra en poder de una Comisión de selección constituida en el seno de la Administración Pública, por lo que, a la vista de la definición del artículo 13 de la Ley 19/2013 que acaba de reproducirse, y como ya señaló este Consejo en sus Resoluciones 23/2017 y 13/2019 (en este último caso la controversia versaba específicamente sobre enunciados de exámenes) se concluye que se trata de una información pública a los efectos de la norma y, por tanto, puede ser objeto de solicitud de acceso a la información en ejercicio del derecho reconocido por las Leyes de transparencia, siempre y cuando no sean de aplicación los límites o las causas de inadmisión previstas en éstas. Como afirmó este Consejo en su Resolución 16/2017, de 27 de julio, y ya lo habían hecho los distintos Comisionados de transparencia en España, «en lo que se refiere a la gestión de recursos humanos al servicio de la Administración Pública las exigencias de transparencia de la información deben ser escrupulosamente atendidas, pues, además de suponer un evidente gasto de fondos públicos, los procesos selectivos correspondientes han de estar basados en los principios de publicidad, mérito y capacidad» (entre otras, Resoluciones 32 y 115/2016 del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía). Así lo ha entendido también la GAIP, entre otras, en su Resolución de 14 de septiembre de 2016, de estimación parcial de la Reclamación 51/2016 y en su Resolución 63/2018. Estas Resoluciones señalan, con consideraciones que comparte este Consejo de Transparencia, que la provisión de puestos de trabajo de una Administración pública comporta decidir sobre las oportunidades de promoción profesional de las personas interesadas y también sobre la elección de las más indicadas para ejercer con eficacia y eficiencia las responsabilidades asignadas al puesto de trabajo provisto, siendo evidente la presencia del interés público en ambas finalidades. Por ello, el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) aprobado por Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, prevé, entre otros, la aplicación de los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad de las convocatorias y de sus bases y transparencia para la selección del personal funcionario y laboral (artículo 55). Por tanto, este Consejo de Transparencia entiende que los procesos de provisión de puestos de trabajo en el sector público, incluido el personal laboral o el personal estatutario, tienen que estar presididos por los principios de mérito, capacidad e igualdad, y deben ser suficientemente transparentes para facilitar el uso del control del mayor margen de discrecionalidad permitido. El nuevo régimen de transparencia y acceso a la información pública tiene precisamente esta finalidad: la de garantizar no solo la legalidad, sino la idoneidad y la oportunidad de las actuaciones públicas. En consecuencia, debe proporcionarse la información que permita el control de las actuaciones y procedimientos públicos y la detección de irregularidades, ilegalidades, arbitrariedades y favoritismos. Además, los principios de transparencia y publicidad han sido recogidos en la normativa de empleo público antes de la aprobación de las normas de transparencia. La garantía de estos principios en el acceso al empleo público se refleja también en las obligaciones de publicidad activa previstas en la Ley 8/2015, en concreto el artículo 12.2.c) que establece la obligación de publicar: «La Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal, así como los procesos de selección del personal, incluidas las listas de selección de personal temporal, con el fin de que permitan a cada aspirante conocer el puesto que ocupa en cada momento». Tal como establece el Preámbulo de la Ley 8/2015 «La transparencia en la gestión pública es una condición necesaria del gobierno abierto. Permite a los ciudadanos y las ciudadanas conocer de la gestión de los asuntos públicos y formarse una opinión informada sobre los mismos. Con ello podrán participar de manera más eficaz en las decisiones que les atañen, controlar y exigir cuentas, lo que contribuye a reducir la arbitrariedad y la opacidad e incrementa la legitimidad de los poderes públicos». No resulta así en ningún caso admisible que la denegación del acceso al enunciado solicitado se base en el único argumento de «haberse hecho siempre así». Tanto la Ley 19/2013 como la Ley 8/2015 han impuesto nuevas y numerosas exigencias a los sujetos obligados, entre los que se encuentran los organismos autónomos como el Servicio Aragonés de Salud. Aunque es comprensible que el cumplimiento de estas nuevas previsiones, tanto la publicidad activa como la garantía del derecho de acceso, genera un trabajo adicional para el conjunto de medios de los que disponen los sujetos obligados, ello no puede constituir un límite insalvable, si no responde estrictamente a las causas de inadmisión o denegación establecidas expresamente en la Ley. Aun cuando no fue ésta la causa de denegación, conviene también recordar que el hecho de que el proceso selectivo estuviera «en curso» en el momento de la solicitud no era obstáculo para la entrega de la documentación solicitada. El hecho de que un procedimiento selectivo no haya finalizado no constituye, por si mismo, motivo legal alguno para denegar el acceso a la información que contiene el correspondiente expediente, a excepción, claro está, de aquella información cuya divulgación suponga un perjuicio para los principios establecidos por la legislación vigente para el acceso a la función pública, lo que no es el caso. CUARTO.- No obstante lo anterior, tal como consta en los antecedentes de hecho, el 15 de febrero de 2019, el Servicio de Régimen Jurídico del Salud proporcionó al CTAR la información solicitada. Al no estar acreditada la remisión de la documentación a la solicitante, el 18 de febrero de 2019 se envió desde el CTAR un correo electrónico solicitando aclaración y recordando que el Consejo tiene establecido en numerosas resoluciones (por todas la Resolución 54/2018) lo siguiente: «no se cumple con lo dispuesto en la Ley 8/2015 con la remisión de la información a este Consejo, pues este órgano no puede ser un mero intermediario en el cumplimiento del deber de facilitar el acceso a la información pública, ni puede proceder a su remisión directa al solicitante, pues ello privaría a los interesados de la posibilidad de entender que la información es insuficiente o no adecuada, y por ende, de interponer la correspondiente reclamación frente a la resolución de acceso». El 18 de febrero de 2019 se recibe contestación en la que se afirma que la documentación ha sido enviada únicamente al CTAR, por lo que proceden a remitirla a la solicitante al objeto de que pueda interponer reclamación o, en su caso, recurso contencioso administrativo. Ello comporta la pérdida sobrevenida del objeto de esta reclamación, dado que el propósito de obtener la información pública ha sido satisfecho y se ha visto cumplida la finalidad de las leyes de transparencia, por tanto, procede dar por terminado el procedimiento. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Declarar la finalización del procedimiento de la reclamación 7/2019, por pérdida sobrevenida de su objeto, al haber entregado el Servicio Aragonés de Salud a la solicitante, durante su tramitación, la información requerida. SEGUNDO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón y comunicarla al Justicia de Aragón.