Solicitud de datos sobre asistencia obstétrica y uso de anestesia epidural en centros hospitalarios de Aragón

Resolución 24/2019, de 27 de mayo, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a la resolución del Departamento de Sanidad por la que se concede acceso parcial a la información pública solicitada. VISTA la reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por D. , en representación de la Fundación Ciudadana Civio, el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente Resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 26 de octubre de 2018, D. , en representación de la Fundación Ciudadana Civio, presentó una solicitud de información pública, dirigida al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, del siguiente tenor: «solicito los siguientes datos relacionados con la asistencia obstétrica en atención especializada por complejo asistencial u hospital en Aragón desde 2014 hasta la actualidad: número de partos, número de partos con anestesia epidural, porcentaje de partos con anestesia epidural frente a los partos susceptibles de anestesia epidural y total de partos por día, en línea con la información que ya ofrece Castilla y León en sus Indicadores sobre la actividad asistencial en Atención Primaria y Especializada. Con el fin de evitar una intromisión ilegítima en la privacidad, pido que no se incluyan datos identificativos o de carácter personal de pacientes y, en el hipotético caso de que la solicitud implicara una reelaboración de la información, solicito la obtención de los datos en crudo. Les agradecería que el formato fuera reutilizable». La solicitud incluía los motivos por los cuales se realizaba la petición, en concreto: «La anestesia epidural para el alivio del dolor durante el parto se ofrece en la sanidad pública española desde 2000. Sin embargo, su acceso puede estar limitado por diferentes factores, como la disponibilidad real de fármacos o de facultativos especialistas. Aunque el uso de epidural durante el parto ha aumentado considerablemente en los últimos años, se han reportado casos en diferentes puntos geográficos donde no se podía aplicar la anestesia por falta de facultativos en determinadas franjas horarias o días en ciertos hospitales. Dada esta problemática, se considera de interés público la obtención de la información con el objetivo de conocer cuál es el acceso real a la anestesia epidural en España y cuáles pueden ser los factores que podrían estar limitando su administración en determinadas zonas». SEGUNDO.- Consta en el expediente que el 8 de noviembre de 2018 fue remitida comunicación previa al solicitante indicándole, entre otros extremos, que el competente para resolver era el Servicio de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General Técnica de Sanidad y el plazo de resolución un mes contado desde esa misma fecha. El 7 de diciembre de 2018 se acuerda la ampliación por un mes del plazo para resolver la solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante Ley 8/2015), «con el fin de proceder a la adecuada recopilación de toda la información solicitada». TERCERO.- El 10 de diciembre de 2018 el solicitante presenta reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante CTAR, con detalle de la información solicitada y ante la falta de respuesta por el Departamento de Sanidad. CUARTO.- El 10 de diciembre de 2018, el CTAR solicitó informe al Departamento de Sanidad para que realizara las alegaciones oportunas, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación. QUINTO.- El 18 de diciembre de 2018 se recibe en el CTAR el informe solicitado, en el que se detallan las circunstancias de la solicitud y se afirma que el 7 de diciembre se ha acordado la ampliación de plazo descrita en el antecedente de hecho Segundo. SEXTO.- El 14 de enero de 2019, transcurrido más de un mes desde la notificación de la ampliación de plazo para resolver la solicitud, y al no recibir respuesta por parte de la Administración Pública, el interesado presenta una segunda reclamación ante el CTAR. En la reclamación se hace referencia a que se les ha comunicado la ampliación de plazo con posterioridad a la presentación del primer recurso, pero sigue sin obtenerse la información solicitada. SÉPTIMO.- El 24 de enero de 2019 el solicitante remite correo electrónico al CTAR en el que hace constar que el 21 de enero, la Unidad de Transparencia de la Secretaría General Técnica de Sanidad, les ha remitido resolución estimando la solicitud y aportando parte de los datos pedidos, aunque no todos los requeridos. Por ello, el mismo 21 de enero, la Fundación Ciudadana Civio respondió por vía electrónica a la Unidad de Transparencia preguntando el motivo por el que se había incluido únicamente del período comprendido entre 2016 y 2017, cuando la solicitud de acceso pedía los datos desde 2014 hasta 2018, y por el parámetro relativo a los partos, con el objetivo de saber si incluía únicamente los partos por vía vaginal o este dato junto con el número de cesáreas. Hasta el momento no se ha recibido respuesta. Afirman que la resolución del Gobierno de Aragón tampoco menciona otro de los parámetros solicitados, en particular el total de partos por día. Es decir, que la resolución emitida por la Unidad de Transparencia aporta datos que no se corresponden de forma completa con la petición realizada. En particular, la información sólo engloba dos de los cinco años requeridos, no incluye el parámetro del total de partos por día incluido en la solicitud de acceso y no especifica si los partos corresponden únicamente a los partos por vía vaginal o a la suma de éstos con cesáreas, una intervención que no aparecía recogida en la solicitud de acceso a la información pública. Solicita asimismo que estas alegaciones sean tenidas en cuenta en las dos reclamaciones presentadas y que se tramiten conjuntamente. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 24.6 de la de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante Ley 19/2013), atribuye la competencia para conocer de las reclamaciones que regula al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante CTBG), «salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley». Esta disposición adicional establece: «1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas (…)». De acuerdo con lo anterior, el artículo 36 de la Ley 8/2015 atribuye al CTAR la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones en la materia del Departamento de Sanidad. SEGUNDO.- La Ley 8/2015 reconoce, en su artículo 25, el derecho de todas las personas a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, en la normativa básica en materia de transparencia y en esa Ley. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013 —y el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 en idénticos términos— define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. La solicitud se refiere a datos relacionados con la asistencia obstétrica en atención especializada, competencia del Departamento de Sanidad, por lo que se trata de información pública en los términos expuestos y debe proporcionarse, salvo que concurra alguno de los límites o causas de inadmisión previstos en la Ley. Así lo han entendido otros Comisionados de Transparencia ante reclamaciones análogas a la planteada ante el CTAR, derivadas de solicitudes idénticas a aquella de la que trae causa la reclamación. Por mencionar solo dos ejemplos, ACUERDO AR 01/2019, de 28 de enero, del Consejo de Transparencia de Navarra o Resolución 91/2019, de 22 de febrero, de la GAIP. TERCERO.- La Unidad de Transparencia del Departamento remitió, el 21 de enero de 2019, una Orden de la Consejera de Sanidad que estima la solicitud sin matices y a la que se incorpora como anexo una tabla Excel con información, siendo ésta no obstante incompleta. Ante un nuevo requerimiento del solicitante no ha habido respuesta por parte de la Unidad. No se acredita por el Departamento —ni en la Orden de la Consejera ni en el informe a la reclamación— el motivo por el que no es posible proporcionar la información correspondiente a los años 2014 y 2015, ni el total de partos por día en toda la serie de años requeridos. Es decir, no se motiva la imposibilidad de proporcionar toda la información requerida. Es doctrina constante de este Consejo de Transparencia (por todas, Resolución 58/2018) que este tipo de actuación es contraria a la obligación expresa en el caso de la denegación del acceso o la estimación parcial de solicitudes, como establece el artículo 32.1 de la Ley 8/2015, que específicamente alude a la necesidad de motivar las resoluciones en los casos citados. Para no proporcionar toda la información requerida ha de motivarse, en el caso concreto, la concurrencia de una causa de inadmisión o de un límite legal. Procede en consecuencia estimar la reclamación presentada y reconocer el derecho del reclamante a la obtención de toda la información solicitada. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.1 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Estimar la reclamación presentada por D. en representación de la Fundación Ciudadana Civio frente a la Orden, de 11 de enero de 2019, de la Consejera de Sanidad, por la que se resuelve una solicitud de acceso a la información pública. SEGUNDO.- Instar al Departamento de Sanidad para que en el plazo máximo de diez días hábiles proporcione al reclamante la información solicitada y no satisfecha, dando traslado de la información remitida a este Consejo de Transparencia. TERCERO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón, previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.