Reclamación de acceso a información pública sobre expedientes de inspección de transporte y contratos de servicios sanitarios

Resolución 25/2018, de 21 de mayo, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a la Resolución del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de acceso a la información pública solicitada. VISTA la Reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por , en representación de Tradeleo, S.L, el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente Resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 21 de agosto de 2017, , en representación de la mercantil Tradeleo, S.L, presentó una solicitud de derecho de acceso ante el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, al amparo de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante Ley 8/2015), en la que expone que tras formular varias denuncias en materia de transporte, solicitó que se le comunicaran las conclusiones de éstas. Considera que la información proporcionada es insuficiente y solicita: 1) Documentos donde se especifique de qué manera estaban integrados los conductores en la empresa relativo a la denuncia Nº RE 20150580197 de 15/10/2015. 2) Contrato que ampara que los taxis realicen las entregas de mercancías con un celador relativo a la denuncia RE20150580187 de 15/10/2015 a otras denuncias. 3) Copia del informe cursado al Servicio Aragonés de Salud (en adelante SAS) de fecha 1 de junio de 2016 y su contestación relativo a la denuncia Nº RE 20160601740 de 21/10/216. 4) Copia del informe que les remitió el SAS y que según ustedes es conforme a derecho relativo a la denuncia Nº RE 20160601740 de 21/10/2016. 5) Copia del requerimiento al Centro Penitenciario de Zuera y su contestación, relativo a la denuncia Nº RE 20170107984 de 22/02/2017. SEGUNDO.- El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, mediante Orden de 22 de septiembre de 2017, resolvió la solicitud de acceso y proporcionó al reclamante la siguiente información: 1) Informe de inspección, denuncia contra Transportes Boyacá S.L. en el servicio de transporte de material sanitario en el Hospital Clínico de Zaragoza. 2) Requerimiento de información a la empresa Pedro Balboa Arías. 3) Respuesta de la empresa Pedro Balboa Arías, junto a la documentación remitida. 4) Requerimiento de información a la empresa Transportes Boyacá, S.L. 5) Respuesta de la empresa Transportes Boyacá S.L, junto a documentación remitida. 6) Nota interior del Servicio de Gestión e Inspección de Transportes de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras. 7) Informe del Servicio de Gestión e Inspección de Transportes de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras. 8) Informe del Departamento de Sanidad relativo a la denuncia de la empresa TRADELEO, S.L. sobre contratos de transporte de centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud. 9) Solicitud de información por parte de la Inspección de Transportes al Centro Penitenciario de Zuera respecto a denuncia presentada. 10) Informe remitido por Centro Penitenciario de Zaragoza a la Sección de Inspección de Transportes. Asimismo, en la resolución se advierte que se ha procedido a la eliminación de datos personales meramente identificativos, como el documento nacional de identidad y carnet de conducir, por contener datos de carácter personal, tras realizar la ponderación prevista en el artículo 15.3 de la Ley 8/2015, al entender que se trata de datos meramente identificativos y no relacionados con la organización, el funcionamiento o a la actividad pública del órgano administrativo. TERCERO.- El 6 de noviembre de 2017, el solicitante presenta reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón (CTAR) en la que expone, en síntesis, lo siguiente: a) Que no se le ha proporcionado información relativa a los «Documentos donde se especifique de qué manera estaban integrados los conductores en la empresa relativa a la denuncia nº 201505800197 de 15 de octubre de 2015». b) Que en relación a la información relativa al «contrato que ampara que los taxis realicen entregas de mercancías con un celador…» contestan que no se está realizando el servicio de mercancías peligrosas en taxi, pero según afirmó la Inspección de Transportes, el traslado desde el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón hasta los hospitales se realiza con un celador. c) Que no se le han proporcionado ni los nombres de los conductores, ni las matrículas de los vehículos, ni el titular de la tarjeta de transporte del vehículo FTV, lo que tiene como consecuencia que la información sea inservible para el fin que se solicitó. d) Que la matrícula y el nombre de un transportista que posee título habilitante en el ejercicio de su profesión no son datos sensibles, sino públicos, como establece el artículo 53 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en relación con la publicidad plena del Registro de Empresas y Actividades del Transporte. e) Que la identificación de los conductores que realizaban el servicio le permitiría investigar si tienen tarjeta de transporte a su nombre y, por tanto, si se está vulnerando la legalidad en la ejecución del servicio. f) Que solicita de nuevo: 1) Los documentos en que no se detraigan las matrículas, ni los titulares de la tarjeta de transporte y a ser posible, los nombres y apellidos de los conductores. 2) Contrato que ampara que los taxis realicen las entregas de componentes sanguíneos con un celador, relativo a la denuncia RE 201550580187 cd 15 de octubre. 3) Que se especifique de qué manera los conductores estaban integrados en la empresa en relación con la denuncia RE 20150580197 de 15 de octubre de 2015. 4) Que se declare que no había motivo para la ampliación del plazo. 5) Que se identifique y se le facilite quién es el responsable de no facilitarle los documentos solicitados. 6) Que se proceda a amonestar al responsable dada la reiteración de impedimentos al acceso en la investigación de la subcontratación en los contratos del SALUD. CUARTO.- El 9 de noviembre, el CTAR solicita al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, para que en el plazo de 15 días hábiles, informe acerca de los fundamentos de la decisión adoptada y realice las alegaciones que considere oportunas a los efectos de resolver la reclamación presentada. QUINTO.- El 14 de noviembre de 2017, el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, remite un informe en el que se señala lo siguiente: 1) Que, en relación con la tramitación de la solicitud, una vez recibida se solicitó informe y documentación a la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras y al Servicio Aragonés de Salud (respecto al contrato que ampara que los taxis realicen las entregas de mercancías con un celador, relativo a la denuncia RE20150580187 de 15 de octubre de 2015). 2) Que, dado el volumen y la complejidad de la información, se solicitó informe al Departamento de Sanidad y se procedió a la ampliación del plazo para resolver, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 8/2015. 3) Que una vez recibida la documentación, se resolvió la solicitud y se proporcionó la documentación requerida, previa eliminación de los datos personales de los empleados de las empresas a las que hacía referencia la solicitud, al entender que son datos meramente identificativos y personales de terceros que no realizan actividad pública, y no relacionados con la organización, el funcionamiento, o la actividad pública del órgano administrativo. 4) Que una vez notificada la Orden de 10 de octubre de 2017, el solicitante presentó nuevo escrito en el que pedía que se le proporcionaran los documentos con identificación de las matrículas y los titulares de las tarjetas de transporte, así como el contrato que amparaba el transporte por medio de taxis y el documento que justifique la integración de los conductores en una de las empresas a las que había denunciado. 5) Que, analizado el escrito, se le proporcionó de nuevo la documentación sin anonimizar las matrículas de los vehículos, pero sin aportar los datos identificativos de los conductores. El resto de la documentación a la que se refería el escrito no obra en poder del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. SEXTO.- El 14 de noviembre de 2017, el CTAR solicita al Servicio Aragonés de Salud, para que en el plazo de 15 días hábiles, informe acerca de los fundamentos de la decisión adoptada y realice las alegaciones que considere oportunas a los efectos de resolver la reclamación presentada. SÉPTIMO.- El 20 de noviembre de 2017, el reclamante presenta nuevo escrito en relación con su reclamación en el que insiste en la necesidad de conocer los nombres y apellidos de los conductores que ejecutan el contrato administrativo de transporte, puesto que no son datos sensibles, ni protegidos. OCTAVO.- El 16 de marzo de 2018, se remite una nota interior desde el SALUD en la que el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (en adelante HCU Lozano Blesa) informa de lo siguiente: a) Que el HCU Lozano Blesa nunca recibió ninguna consulta directa sobre la solicitud de documentación por transparencia a la que se refiere la reclamación. b) Que la información contenida en la Orden de 10 de octubre de 2017, no proviene directamente del HCU Lozano Blesa. c) Que, en relación con el transporte en taxi, es cierto que dos inspectores de transporte solicitaron la comprobación de dos desplazamientos en taxis desde el Hospital al Banco de Sangre y Tejidos de Aragón en horario nocturno para recoger bolsas de sangre del tipo necesario para intervenciones quirúrgicas urgentes. De esta revisión, se localizaron los tickets de los taxis, en los que constaba la fecha, la hora, el trayecto y la persona (celador) que había precisado el servicio de taxi. d) Que estos viajes son excepcionales y se realizan únicamente en caso de urgencia, pero no es el medio utilizado habitualmente. e) Que el contrato para la utilización del servicio de taxi es el general que tiene suscrito el Gobierno de Aragón para todos sus Departamentos, siendo el contrato vigente en la actualidad el expediente SCC 31/2016 de la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización del Departamento de Hacienda y Administración Pública «Acuerdo marco del Servicio del uso de taxis con taxímetro para el personal autorizado de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos Públicos en Zaragoza capital». II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 24.6 de la de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, Ley 19/2013), atribuye la competencia para conocer de las reclamaciones que regula al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, «salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley». Esta disposición adicional establece: «1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas (…)». De acuerdo con lo anterior, el artículo 36 de la Ley 8/2015 atribuye al Consejo de Transparencia de Aragón la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones en la materia del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. SEGUNDO.- Antes de analizar el fondo de la reclamación presentada, deben hacerse algunas consideraciones de carácter procedimental, puesto que el reclamante alude a «que se declare que no había motivo para la ampliación del plazo». Tal como se ha descrito en los antecedentes de hecho, una vez presentada la solicitud inicial, el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda acordó la ampliación del plazo para resolver, ya que solicitó un informe al Departamento de Sanidad y recopiló la documentación que debía proporcionarse —referida a actuaciones realizadas en 2015 y 2016—. En este sentido, procede recordar que la Ley 8/2015 en su artículo 31 contempla la posibilidad de ampliar el plazo de resolución por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Por tanto, la actuación del Departamento respecto a la ampliación del plazo es ajustada a la norma y se fundamentó adecuadamente. TERCERO.- Asimismo debe precisarse, como ha hecho este Consejo en recientes pronunciamientos (Resoluciones 19/2018, de 16 de abril y 20/2018, de 16 de abril), que sus competencias se limitan a velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones previstas en las normas de transparencia. Es decir, este Consejo puede pronunciarse acerca de la satisfacción del derecho de acceso a la información pública del reclamante, pero no sobre otras cuestiones como la validez de los procedimientos de contratación, el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora, o la actividad inspectora, puesto que dichas funciones no le han sido atribuidas por la Ley 8/2015. CUARTO.- En lo que respecta al fondo de la reclamación, las alegaciones del reclamante se dirigen fundamentalmente a obtener la siguiente información: 1. Datos identificativos de los conductores que aparecen relacionados en la documentación que se le proporcionó, al considerar que no procede su anonimización. 2. Contrato que ampara el transporte de componentes sanguíneos en taxis. 3. Especificación de cómo los trabajadores se encuentran vinculados a la empresa a la que denunció, por entender que existían irregularidades. Pues bien, en cuanto a la primera de las pretensiones, debe tenerse en cuenta que la solicitud inicial se refiere a información que obra en la Administración como consecuencia de varias denuncias que en su día formuló el reclamante. Es decir, se trata de información derivada de las potestades de inspección ejercidas por la Administración en aras de determinar si se han producido hechos constitutivos de infracción administrativa. Aunque al reclamante se le ha proporcionado numerosa documentación generada a partir de sus denuncias, considera que no concurre causa que le impida también conocer los datos identificativos contenidos en esta información, en concreto, los nombres y apellidos de los conductores que aparecen como trabajadores de las empresas denunciadas. Respecto a esta cuestión, el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, considera que los datos identificativos de los conductores no deben proporcionarse, en aplicación de la ponderación prevista en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, si bien no motiva de forma suficiente las circunstancias que se han valorado para determinar que debe primar la protección de los datos identificativos frente al interés público de la información que se solicita. La protección de los datos de carácter personal ha sido expresamente contemplada en el artículo 15 de la Ley 19/2013, en concreto, su apartado 1 establece: «Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley». A tenor del citado precepto, el acceso a los datos relativos a la comisión de infracciones administrativas ha quedado restringido, salvo consentimiento expreso del afectado o amparo legal. Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado este Consejo, en concreto en la Resolución 15/2018, de 12 de marzo, en la que tras referirse al artículo citado señala: «El precepto es categórico y no permite hacer ningún tipo de ponderación con eventuales intereses públicos o privados favorables al acceso, a diferencia de lo que disponen los apartados 2 y 3 del artículo, que regulan el acceso a otros tipos de datos personales. La rotundidad del precepto solo admite dos matizaciones: cuando se trate de datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que comporten la amonestación pública al infractor, o en los supuestos en que el acceso esté amparado por una norma con rango de ley, circunstancias ambas que no concurren en el supuesto analizado». Si bien la información proporcionada se enmarca dentro del ámbito de la actividad inspectora y no estrictamente en el ejercicio de la potestad sancionadora, estas actuaciones se dirigen precisamente a determinar la posible existencia de hechos constitutivos de infracción administrativa. Por tanto, el derecho del reclamante a conocer el tratamiento que se había dado a unas denuncias que había presentado, no ampara la difusión de los datos identificativos de terceros contenidos en la documentación derivada de las averiguaciones realizadas por parte de la Administración. Además, es también doctrina reiterada de este Consejo, desde su Resolución 3/2016, de 12 de septiembre, que el interés público que justifica el acceso a la información pública cuando concurren límites como el de protección de datos personales, debe conectarse con el objetivo de las Leyes de transparencia, en el caso de Aragón contenido en el artículo 1 de la Ley 8/2015, que lo concreta en la regulación e impulso de la transparencia de la actividad pública en Aragón y la participación ciudadana en las políticas que desarrolla el Gobierno de Aragón, con la finalidad de impulsar el gobierno abierto en el ámbito de la Comunidad Autónoma. En este mismo sentido, la exposición de motivos de la Ley señala: «La transparencia en la gestión pública es una condición necesaria del gobierno abierto. Permite a los ciudadanos y las ciudadanas conocer de la gestión de los asuntos públicos y formarse una opinión informada sobre los mismos. Con ello podrán participar de manera más eficaz en las decisiones que les atañen, controlar y exigir cuentas, lo que contribuye a reducir la arbitrariedad y la opacidad e incrementa la legitimidad de los poderes públicos. Además, la transparencia permite la reutilización de la información del sector público para impulsar la innovación y el desarrollo económico. En definitiva, ofrece un conocimiento sobre los procedimientos y decisiones, su legalidad y oportunidad, reduce el peligro de que exista desviación de poder y estimula a su vez la participación ciudadana en los asuntos públicos». Como expresamente manifiesta el reclamante, la información se requiere con la finalidad de investigar el cumplimiento de contratos públicos en su condición de licitador no seleccionado. No existe pues un interés general que prime sobre la protección de datos personales, sino, antes al contrario, un interés particular que cuenta con sus propios mecanismos de amparo, ajenos al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. En definitiva, puede concluirse que la actuación del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda al proporcionar los documentos y anonimizar los datos identificativos de los conductores es ajustada a las previsiones contenidas tanto en la Ley 8/2015 como en la Ley 19/2013, por lo que procede desestimar esta pretensión de la reclamación. QUINTO.- En lo que respecta a la información relativa al «contrato que ampara que los taxis realicen las entregas de componentes sanguíneos con un celador», el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad Vivienda afirma que no está en posesión de esta documentación. No obstante, desde el Consejo de Transparencia, se solicitó informe al Servicio Aragonés de Salud con el fin de determinar si es posible proporcionar la información solicitada. Pues bien, desde el SALUD se remitió respuesta elaborada por el Director de Gestión y Servicios Generales del Hospital Clínico Lozano Blesa en la que se acredita, tal como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho, que el transporte de componentes sanguíneos se realiza con personal propio del Hospital, de la categoría estatutaria «conductor», con vehículos propios del hospital. Respecto a las afirmaciones del reclamante respecto a que en un acta de inspección consta que se habían realizado transportes en taxi, el informe aclara que «Es cierto que se personaron en este Hospital dos funcionarios, identificándose como inspectores de transporte, solicitando la comprobación de haberse producido dos desplazamientos en taxis desde el HCU al Banco de Sangre en unos días concretos del año 2015. Concretamente, al menos dos de los viajes revisados se referían a desplazamientos de dos celadores del Hospital al Banco de Sangre y Tejidos en horario nocturno para recoger bolsas de sangre necesarias para intervenciones quirúrgicas urgentes, por haberse agotado las existencias de sangre del tipo necesario en Banco de Sangre del Hospital. De esta revisión efectivamente se localizaron los tickets de los taxis, en los que contaba la fecha, la hora, el trayecto y la persona (Celador) que había precisado el servicio de taxi». Es decir, se acredita en la documentación remitida que los traslados en taxi son excepcionales y se realizan únicamente en caso de urgencia, pero no es el medio utilizado habitualmente. En todo caso se informa que el contrato para la utilización del servicio de taxi es el general que tiene suscrito el Gobierno de Aragón para todos sus Departamentos, siendo el contrato vigente en la actualidad el expediente SCC 31/2016 de la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización del Departamento de Hacienda y Administración Pública «Acuerdo marco del Servicio del uso de taxis con taxímetro para el personal autorizado de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos Públicos en Zaragoza capital». Procede, en consecuencia, la desestimación de esta pretensión. SEXTO.- Por último, en lo que respecta a la forma de integración de los trabajadores en la empresa, denunciada por el reclamante el 15 de octubre de 2015, debe señalarse que entre la información proporcionada por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, se le entregaron tanto los requerimientos realizados por la Inspección de Transportes, como los informes enviados por la empresa, entre los cuales se encuentra la copia de los TC-2 acreditativos de la afiliación a la Seguridad Social de los conductores que en el mes de noviembre constaban como contratados por las empresas a las que se dirigieron las inspecciones. Por tanto, la información que obraba en relación con las denuncias que en su día formuló el denunciante ya se le ha entregado por lo que esta pretensión debe ser igualmente rechazada. Hay que destacar, además, que el reclamante en el escrito dirigido a este Consejo el 20 de noviembre de 2017, admite que como consecuencia de otras de sus actuaciones en relación con el contrato «Servicio Transporte entre centros sanitarios del Sector III del Servicio Aragonés de Salud» —fundamentalmente la interposición de recurso contencioso administrativo—, ya se le proporcionó toda la documentación relativa a «…la información de los medios con los que se estaba ejecutando el contrato (páginas 159 a 179 del expediente judicial, que comprende la solicitud de la empresa Tradeleo de 8 de abril de 2014 dirigida al SALUD; la solicitud de información al Sector realizada por la Dirección Económico-Administrativa de 15 de abril de 2014; el informe de 9 de mayo de 2014 de la Directora de Gestión del Sector III informando sobre el asunto requerido, la carta de 12 de mayo de 2014 dirigida a la empresa adjudicataria requiriéndole la relación de medios adscritos a la prestación del servicio, y la documentación aportada a este requerimiento)», tal como se hizo constar en la Resolución 19/2017, de 18 de septiembre, de este Consejo de Transparencia de Aragón. SÉPTIMO.- Debe hacerse una última consideración respecto a las alegaciones del reclamante, en las que considera que no se le proporciona la información que solicita y que debe amonestarse al responsable. En este sentido, debe recordarse que el derecho de acceso a la información pública se reconoce con carácter general, pero también está sujeto a los límites establecidos en las normas de transparencia, por lo que es lógico que en ocasiones no pueda proporcionarse toda la información solicitada. Del mismo modo, y como ya se ha señalado, el derecho de acceso a la información pública se enmarca dentro de una finalidad muy clara, la de permitir a la ciudadanía conocer de la gestión de los asuntos públicos y formarse una opinión informada sobre los mismos, tal como establece el Preámbulo de la Ley 8/2015, y ésta ha sido plenamente cumplida en el tratamiento de la solicitud de información pública que tramitó el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Desestimar la reclamación presentada por , en representación de Tradeleo, S.L, frente a la resolución del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por la que se concede acceso a la información pública solicitada. SEGUNDO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón, previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.