Recurso extraordinario de revisión contra la resolución que estimó el acceso a información electoral del Colegio Oficial de Enfermería de Teruel

Resolución 33/2017, de 18 de diciembre de 2017, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve el recurso extraordinario de revisión presentado por el Colegio Oficial de Enfermería de Teruel frente a la Resolución 12/2017, de 2 de mayo, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se estima una reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a la falta de resolución por Colegio Oficial de Enfermería de Teruel del acceso a la información pública solicitada. VISTO el recurso extraordinario de revisión presentado por , el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente Resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por Resolución 12/2017, de 2 de mayo, de este Consejo de Transparencia de Aragón, se estimó la reclamación presentada por , al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante Ley 8/2015), frente a la falta de resolución por Colegio Oficial de Enfermería de Teruel del acceso a la información pública solicitada. En la Resolución se insta al Colegio Oficial a que, en el plazo máximo de diez días hábiles, proporcione a la reclamante la información solicitada y no satisfecha, y a remitir copia a este Consejo de Transparencia de Aragón de la documentación remitida. SEGUNDO.- El 17 de mayo de 2017 tuvo entrada, en el CTAR, escrito por el que se interpone recurso extraordinario de revisión frente a la mencionada Resolución 12/2017, al amparo de los artículos 125 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC). En el recurso se solicita la anulación de la Resolución; que se inadmita la reclamación presentada por la solicitante; y que se declare la suspensión de la Resolución impugnada, con la siguiente argumentación: a) Como antecedente de hecho se señala que mediante Circular nº 7, del Consejo General de Enfermería de España, de 31 de marzo de 2017 (que se acompaña al recurso) se adjuntan Resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España (en adelante CTBG) en supuestos «idénticos», en las que éste inadmite las solicitudes de información y sus posteriores reclamaciones en aplicación del apartado primero de la Disposición Adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, Ley 19/2013), que establece que la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por quienes tengan la consideración de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. b) Concurre la circunstancia del artículo 125.1 LPAC en sus apartados a) y b), pues la Resolución impugnada se ha dictado incurriendo en error de hecho, extremo que se confirma con los documentos de valor esencial que el Colegio ha recibido con posterioridad a la notificación de la reclamación y sus alegaciones (Resoluciones del CTBG que se indican). c) En concreto, afirma que la información a la que se pretende acceder forma parte de un recurso potestativo de reposición instado por la misma reclamante, contra los acuerdos del Consejo General de Enfermería sobre proclamación de candidaturas electorales, que se encuentra en tramitación y en el que tiene la consideración de interesada, por lo que no es posible aplicar la normativa de transparencia y debe inadmitirse la reclamación presentada. 3. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La primera cuestión que debe analizarse es la de si las Resoluciones del Consejo de Transparencia de Aragón son susceptibles de recurso extraordinario de revisión, al amparo del artículo 113 LPAC. El artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, Ley 19/2013) determina que en su apartado primero que «La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común». Por su parte, el artículo 24 de esta norma — y el artículo 36 de la Ley 8/2015 en términos análogos— establece: «1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. 2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (…)». Las menciones a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común deben entenderse hechas, en la actualidad, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Tal y como se ha indicado, las reclamaciones en materia de acceso a la información tienen la consideración de sustitutivas de los recursos administrativos, conforme a la dispuesto en el artículo 112.2 LPAC, con arreglo al cual «Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo». En consecuencia, las reclamaciones en materia de acceso a la información pública son, por expresa previsión legal, sustitutivas de los recursos administrativos y han de ajustarse a los principios, garantías y plazos que la LCAP reconoce a las personas e interesados. Entre estas garantías se incluye la posibilidad de plantear un recurso extraordinario de revisión (artículo 113 LPAC), cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1 de la norma legal. Así lo ha entendido la Abogacía del Estado en su Informe de 19 de junio de 2015, emitido a petición del CTBG, al resolver una consulta sobre la admisión del recurso de reposición frente a las resoluciones que dicte la Presidenta de ese órgano, cuyas conclusiones son trasladables al Consejo de Transparencia de Aragón. Procede, en consecuencia, admitir el recurso extraordinario de revisión planteado. SEGUNDO.- En cualquier caso, el recurso extraordinario de revisión no opera como un recurso de segunda instancia; y solo puede fundarse en alguna de las causas tasadas, que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, han de ser interpretadas restrictivamente (entre otras STC 124/84 y 150/1993). Dichas causas son las siguientes: a) Que al dictar el acto se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia firme anterior o posterior a la resolución. d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Basa el Colegio Profesional su recurso en las causas previstas en las letras a) y b), que acaban de transcribirse. Pues bien, ni concurre error de hecho en la Resolución 12/2017, dictada por este Consejo de Transparencia de Aragón, ni aporta el Colegio profesional documentos que no hayan sido tenidos en cuenta por este comisionado de transparencia en el análisis y resolución de la Reclamación resuelta por dicha Resolución. En primer lugar debe señalarse que el Consejo de Transparencia de Aragón goza de independencia y autonomía en la resolución de las reclamaciones que se le planteen, en las que aplica además la normativa autonómica propia en la materia, sin que sea el CTBG un órgano superior a los efectos de resultar vinculado por su doctrina. Ello no obstante, el CTAR conoce y respeta la doctrina emanada del CTBG y del resto de Comisionados autonómicos y es precisamente a la doctrina contenida en algunas de las Resoluciones que ahora se identifican en el recurso extraordinario de revisión como documentos conocidos con posterioridad (R 401/2016 y 477/2016, citadas en la página 20 de la resolución 12/2017) a la que se acogió para concluir que la información relativa a la presentación de candidaturas y posibles abstenciones se encuadra dentro del procedimiento electoral de un Colegio Profesional, y se trata de información pública a los efectos previstos en los artículos 13 de la Ley 19/2013 y 3 h) de la Ley 8/2015. Cuestión distinta es que en algunos de los supuestos analizados por el CTBG éste entendiera, atendiendo al caso concreto, que concurría la causa de inadmisión prevista en la Disposición Adicional Primera, apartado 1 de la Ley 19/2013, al haberse acreditado la condición de interesado del reclamante en un recurso administrativo o contencioso previo; igual que en otros supuestos aplicó el límite previsto en el artículo 14. 1 f) de la Ley 19/2015 para desestimar la pretensión (R 0485/2017); y en otros (RT 0015/2016 o R 360/2016) estimó la pretensión, por no darse la premisa de acceso a un expediente administrativo en curso, o por no acreditarse que el reclamante hubiera tenido la condición de interesado en el procedimiento de recurso ordinario o contencioso planteado frente a un concreto Colegio profesional, que es precisamente la circunstancia que concurre en el supuesto resuelto por Resolución 12/2017, de 2 de mayo, del Consejo de Transparencia de Aragón. Procede, en consecuencia, inadmitir el recurso extraordinario de revisión planteado, al no concurrir ninguna de las causas tasadas para su fundamento en las alegaciones del Colegio Profesional de Enfermería de Teruel. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Inadmitir el recurso extraordinario de revisión planteado frente a la Resolución 12/2017, de 2 de mayo, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se estima una reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a la falta de resolución por Colegio Oficial de Enfermería de Teruel del acceso a la información pública solicitada. SEGUNDO.- Instar al Colegio Oficial de Enfermería de Teruel a que, de manera inmediata, proporcione a la reclamante la información solicitada y no satisfecha, y a remitir copia a este Consejo de Transparencia de Aragón de la documentación remitida. TERCERO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón, previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.