Reclamación por desestimación presunta de solicitud de acceso a información sobre inspecciones higiénico-sanitarias en el País Vasco

RESOLUCIÓN 7/2020, DE 28 DE FEBRERO DE 2020, DE LA COMISIÓN VASCA DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Expediente: 2020/000016 Asunto: Reclamación presentada por D. ................................................. frente a la desestimación presunta de su solicitud de acceso a la información pública formulada ante el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. ANTECEDENTES 1.- Con fecha de entrada 17 de enero de 2020, ha tenido entrada en esta Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, reclamación presentada por D. ................................................. en la que solicitaba lo siguiente: “Que se inste al Gobierno de Euskadi a entregarme la información que solicitaba en mi petición y que no han respondido dejándola en silencio administrativo. Mi reclamación se debe a que solicité información sobre los resultados de inspecciones higiénico-sanitarios como bares, restaurantes u otros locales donde se da comida como supermercados o comedores de hospitales, etcétera. Mi solicitud se realizó el pasado 19 de noviembre a través de la RED SARA. Hoy, casi dos meses después, el 17 de enero, no la han respondido ni se han puesto en contacto conmigo a través de ninguna forma ni vía posible. Por todo ello, solicito que se estime mi reclamación de forma favorable. Debido al interés público de lo solicitado y de la importancia de la rendición de cuentas en ese aspecto con la salud pública de los ciudadanos, hechos que prevalecen de forma clara ante cualquier posible límite que se quiera aplicar. Tal y como ya mencionaba mi solicitud y tal y como dictó para otros casos el propio Consejo de Transparencia estatal. El Consejo estatal, como ya reflejaba mi petición, ha estimado a favor de casos similares donde se pedían los mismos datos pero a otras administraciones como con el Ayuntamiento de Madrid, datos que, por ello, se han acabado haciendo público. Lo mismo que sucedió con la GAIP en Cataluña, que obligó al Ayuntamiento de Barcelona a entregar la misma información. Ambos órganos consideraron que prevalecía el interés público debido a un tema de tal relevancia, donde primaba el interés por la salud pública y la información de los ciudadanos ante otros posibles límites o motivos de inadmisión que se pudieran aplicar. Más cuando se puede tener en cuenta que las Administraciones en otros países (como por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido o Noruega) Resolución 7/2020 1/9 hacen pública esta información de forma activa y directa en sus propias páginas webs y otras vías de contacto con los ciudadanos. Solicito también que antes de resolver se me facilite una copia de todo el expediente, incluidas las alegaciones de la Administración, para que yo como solicitante pueda alegar lo que considere oportuno.” A dicha reclamación se acompaña justificante acreditativo de la solicitud electrónica formulada inicialmente al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, con fecha 19 de noviembre de 2019, mediante la que se requería lo siguiente: “Los resultados detallados de todas y cada una de las inspecciones sanitarias y/o higiénicas hechas en bares, restaurantes, cafeterías, discotecas, pubs, clubs, comedores, cafeterías y bares de hospitales, clínicas y otros centros médicos, centros públicos, centros educativos (colegios, universidades, colegios mayores, institutos, guarderías...) y otros locales de restauración o alimentación del País Vasco (cualquier tipo de local o lugar según un epígrafe de actividad que la Administración realice inspecciones higiénico-sanitarias y que el local distribuya comida al consumidor final) entre enero de 2016 y junio de 2019, ambos meses incluidos. Pido que la información para cada inspección incluya: tipo de local donde se ha hecho (bar, restaurante, discoteca...), nombre del local, epígrafes de actividad del local, fecha de la inspección, dirección del local, año de apertura del local, sobre qué era la inspección, si era programada o por qué se realizaba sino, resultado de la inspección (favorable, favorable condicionado, desfavorable, suspenso, aprobado…), las deficiencias, infracciones o incumplimientos encontrados detallados todos ellos en la categoría más concreta existente, la puntuación obtenida en el sistema de valoración de las inspecciones municipales que se realizan, el riesgo o frecuencia con que se categoriza ese local para futuras inspecciones, si las inspecciones han propuesto sanciones a ese local, si las ha acabado habiendo y cuales han sido (fecha y cuantía). Del mismo modo, solicito saber el número de locales cerrados por la Administración, la fecha en qué se cerró, el por qué y el nombre y dirección del local. Solicito también copia del protocolo de inspección de este tipo de locales (bares, restaurantes y otros locales de restauración) por parte de la Administración. Cabe mencionar que se trata de información pública para la rendición de cuentas, tal y como ha amparado en diversas ocasiones el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante reclamaciones realizadas tras pedir los mismos datos pero a otras Administración. Como ejemplo se puede ver la resolución del Consejo RT 0376/2018. Además, el Ayuntamiento de Barcelona y el de Madrid, por ejemplo, ya han facilitado esta información tras solicitudes de acceso a la información pública parecidas. Recuerdo también que solicito los datos en formato abierto tipo base de datos como puede ser .csv o .xls y que en caso que no se me pueda aportar toda la información solicitada existe el derecho de acceso a la información de Resolución 7/2020 2/9 forma parcial, ambas cosas amparadas en los criterios interpretativos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.”. 2.- Mediante escrito de 23 de enero de 2020, esta Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública dio traslado electrónico al Departamento de Salud del Gobierno Vasco de la reclamación planteada por el Sr. ................................................. junto con la documentación anexada, al objeto de que por su parte informara sobre el asunto y aportara cuanta documentación resultara relevante para la resolución del mismo, resultando recepcionada ese mismo día 23 de enero. 3.- No obstante, pasado el plazo otorgado al efecto, a la fecha de la presente Resolución, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco no ha realizado alegación alguna. Atendiendo a la siempre necesaria toma en consideración de las variables que pudieran afectar a los límites de acceso a la información, o de las dificultades que pudieran existir para proporcionar la información solicitada, hemos de manifestar que hubiera sido deseable conocer el criterio del Departamento de Salud, quien podría haber aportado elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado. No obstante, aunque es de lamentar la falta de colaboración con esta Comisión, la ausencia de alegaciones por parte del Departamento de Salud no impide resolver la reclamación presentada. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN 1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 128/2016, de 13 de septiembre, de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, la citada Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública asume en la Comunidad Autónoma de Euskadi las funciones previstas en la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 2.- Así mismo, en virtud del artículo 3 del Decreto 128/2016, de 13 de septiembre, de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, le corresponde a la Comisión resolver las reclamaciones que se presenten, en aplicación del régimen de impugnaciones previsto en materia de ejercicio del derecho de acceso a la información pública regulado en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con las denegaciones expresas o presuntas de las Administraciones públicas y demás entidades del sector público vasco, que pertenezcan a las Instituciones comunes y locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 3.- Por su parte, el artículo 13 de la citada LTAIBG define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en Resolución 7/2020 3/9 poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. ADMISIBILIDAD DE LA RECLAMACIÓN 1.- La solicitud de información fue presentada por el Sr. ................................................. ante el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, según consta en la documentación, el 19 de noviembre de 2019. En virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la LTAIBG, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco contaba con un mes de plazo para dictar y notificar la resolución. El Sr. ................................................. refiere no haber sido contestada su solicitud. Así mismo, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco no ha desvirtuado la citada afirmación en el plazo de alegaciones concedido al efecto. 2.- La reclamación del Sr. ................................................. fue interpuesta ante esta Comisión con fecha 17 de enero de 2020. En virtud de lo dispuesto en el artículo 24.1 de la antedicha LTAIBG frente a la resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse reclamación con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Así mismo, el artículo 24.2 dispone que la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 3.- Por su parte, el artículo 24.3 establece que la tramitación de las reclamaciones ha de ajustarse a lo dispuesto en materia de recursos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (hoy Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En este sentido, el artículo 122.1 de la citada Ley dispone que, en el caso de que el acto administrativo que se recurre no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Consecuentemente su reclamación está interpuesta en plazo. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la LTAIBG, se trata de información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Resolución 7/2020 4/9 título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, la información solicitada por el reclamante, descrita en el antecedente primero, es información pública a tales efectos. 2.- Entrando ya en el análisis concreto de la información solicitada, es necesario verificar si el ámbito competencial en el que se enmarca la información solicitada recae o no en el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Pues bien, la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación sanitaria de Euskadi dispone en su artículo 12 que “la dirección, planificación y programación del sistema sanitario de Euskadi es competencia del Gobierno Vasco y se ejecuta a través de los órganos competentes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi” y en su artículo 15.1 que “ Las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi ejercerán las competencias que en materia de control sanitario y salubridad les atribuye el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de su capacidad institucional de actuación complementaria, así como del ejercicio de las competencias que, en su caso, les delegue la Comunidad Autónoma. En todas sus actuaciones se someterán a los objetivos del Plan de Salud de Euskadi y a la coordinación y alta inspección del Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma”. Por su parte la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones locales de Euskadi. En su artículo 17.10 establece como competencias propias de los municipios la “Promoción, gestión, defensa y protección de la salud pública” y en el 17.11 la “Ordenación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y consumidoras”. El Decreto 80/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud asigna, en su artículo 12 b) , al Departamento de Salud la siguiente función y área de actuación: “Salud Pública e higiene alimentaria” atribuyéndosela a la Dirección de Salud Pública y adicciones en los siguientes términos l) El desempeño, como autoridad sanitaria, de las facultades administrativas previstas en la legislación vigente dirigidas al control sanitario y registro, evaluación de riesgos e intervención pública en la higiene y seguridad alimentaria, aguas de consumo público, salubridad del medio ambiente, biocidas, gestión de residuos sanitarios y demás actuaciones relacionadas con la protección de la salud pública, y w) El ejercicio de la potestad inspectora y sancionadora en el ámbito de su competencia con la imposición de sanciones tipificadas como leves y graves, de acuerdo con la legislación aplicable”. En el análisis de los Informes de Salud Pública y Adicciones que el Departamento de Salud produce anualmente como descargo de su gestión puede verse que se dedica un capítulo a la salud alimentaria en el que se menciona un programa de control de establecimientos alimentarios de la CAPV que tiene como objetivo realizar las inspecciones con una frecuencia basada en el riesgo sanitario particular de cada establecimiento alimentario , clasificados en 5 tipos, lo que determina las frecuencias Resolución 7/2020 5/9 de control, y también según sus condiciones higiénico-sanitarias particulares, que se conocen a través de las visitas de inspección, que determinan sus oportunidades de mejora, lo que se entiende incide en la mejora de la calidad sanitaria. En el informe se recoge, en cifras globales, el censo de establecimientos por años, por Territorio Histórico, por nivel de riesgo y las visitas de control realizadas. También se mencionan las auditorías de autocontrol realizadas en base a estándares de aseguramiento de la calidad para prevenir riesgos sanitarios derivados del consumo de alimentos; por otra parte, dentro del programa de alimentación especial se mencionan los controles realizados que también incluyen inspecciones de establecimientos; y por último, otras actividades de control fuera de las programadas, por ejemplo cuando los establecimientos inician o cambian de actividad, o motivadas por notificaciones de la red de alerta europea sobre establecimientos o productos que pueden afectar a la salud de los consumidores; o simplemente para la toma de muestras de alimentos. Todo ello quiere decir que, al margen de las posibles actividades de inspección higiénico-sanitarias que los Ayuntamientos puedan estar realizando en el ámbito de sus competencias, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco promueve una ingente tarea de inspecciones o visitas de control, que, por ejemplo, en el año 2018 el Informe de Salud Pública indica que fueron 9.213 las realizadas. 3.- Por otra parte, el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas al acceso a la información pública. Añade el artículo 17.3 que el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuanto se dicte la resolución, si bien la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud. En este caso, el reclamante no expresa su motivación, pero ha de analizarse la naturaleza pública o no de esta información y su utilidad en el conocimiento de la misma por parte de la ciudadanía. Así además de referirnos al derecho a la salud como bien público regulado en la normativa de salud pública, al que hemos aludido anteriormente, hemos de aludir también en este caso a la legislación sobre protección de los consumidores que en el caso de la CAPV se establece en la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, en cuyo artículo 7 y como principios generales se determina que 1.– Los productos y servicios puestos a disposición de las personas consumidoras o usuarias no representarán riesgo alguno para su salud o seguridad ni para el medio ambiente, salvo los usual o reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilización. 2.– Con carácter general, los riesgos usual o reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilización deberán ser puestos en Resolución 7/2020 6/9 conocimiento previo de las personas consumidoras y usuarias de forma clara y por medios apropiados conforme a lo establecido en el artículo 15.f). 4.- En cuanto al contenido de la información solicitada cabría analizar también, si se pudiera dar el caso de que resulte de aplicación alguna de las causas de inadmisibilidad por ejemplo; dada la magnitud de la información solicitada (3 años de actividad, con abundantes datos de cada inspección); su carácter abusivo no justificado con la finalidad de la ley o, quizás, la necesidad de una acción previa de reelaboración de la información para su divulgación. Hemos de manifestar que hubiera sido deseable conocer el criterio del Departamento de Salud, quien podría haber aportado elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado. Desconocemos el modo y características en cuanto a cómo se recoge esta información, pero resulta evidente que el Departamento de Salud debe contar con alguna aplicación informática que acumula el amplio censo de establecimientos comerciales, su calificación por riesgo y características particulares, la muestra anual de visitas, las visitas de control efectivamente realizadas así como los resultados de las mismas. Ello justifica el que no pueda determinarse abusiva la solicitud realizada, ya que igualmente que los datos se obtienen para la gestión de las visitas y los planes de mejora, pueden obtenerse para facilitar la información al reclamante, y además no se percibe ninguna intención de mala fe por parte del reclamante ni de perjuicio para la administración por un exceso en su provisión, y además está unida con la rendición de cuentas finalidad esencial de la LTABG. No obstante, pudiera darse el caso de que no se cuente con toda la información solicitada o que ésta estuviera con distintos términos que los expresados por el reclamante, como podría ser el caso de los resultados de las visitas de control o inspecciones, lo que no impediría facilitarlos igualmente, realizando su conversión conforme a lo solicitado. En el caso de precisar esta conversión, hay que decir que ello no puede entenderse como acción previa de reelaboración, sino como mucho información voluminosa, lo que daría derecho a una ampliación del plazo para su entrega pero no a la inadmisión. Tampoco podría considerarse reelaboración el hecho de la petición de suministrar la información en un formato concreto distinto al existente, ya que la extracción de la información en Excel no entraría en el supuesto de reelaboración. También es posible el proporcionar la información en los términos exactos en que el Departamento de Salud la posee, ya que al estar individualizada y en formato Excel, el reclamante podría adaptarla a sus necesidades de clasificación. 5.- También debemos analizar si ha de protegerse alguna información por la aplicación del límite referido a la protección de datos de carácter personal. A estos efectos, cabe recordar, que el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal -desde ahora, LOPD- define el dato personal Resolución 7/2020 7/9 como “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables” -dado que las personas jurídicas no son titulares del derecho de protección de datos-, mientras que, por otra parte, el artículo 5.1.f) del Real Decreto 1720/200715, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, contempla la siguiente definición de dato de carácter personal: “cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. Por lo tanto, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de la LTAIBG que regula la relación del derecho de acceso a la información pública con el derecho a la protección de datos. Con relación a este extremo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha elaborado el Criterio Interpretativo CI/002/2015, de 21 de mayo de 2015, relativo a la aplicación de los límites al derecho de acceso a la información. Para su aplicación al presente caso hay que partir del hecho que la información solicitada se refiere al nombre del establecimiento –bar, restaurante, discoteca…-, dirección y resultado de las últimas inspecciones de sanidad que se hayan realizado. En principio, puede afirmarse que la misma no contiene estrictamente datos personales: por una parte, el nombre del establecimiento es una marca comercial y las personas jurídicas carecen de la garantía que les proporciona la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por otra parte, la dirección lo es de un establecimiento y no de una persona física y, finalmente, los resultados de la “inspección” consisten en describir aspectos de la situación de hecho del local o de la actividad inspeccionados, en relación con las determinaciones sanitarias y de higiene aplicables; por lo tanto, no es probable que contenga datos personales y pueda ser así facilitada al reclamante. No obstante en el caso de que estos resultados se obtuvieran de documentos tipo como las actas de inspección donde figuraran los nombres de las personas intervinientes éstos datos deberían protegerse. A la vista de cuanto antecede, la Comisión Vasca de Acceso a la Información, por unanimidad: RESUELVE Primero.- Estimar la reclamación presentada por ................................................. frente a la desestimación presunta de su solicitud de acceso a la información ante el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, conforme a lo establecido en los fundamentos jurídicos 4 y 5 . Resolución 7/2020 8/9 Segundo.- Instar al Departamento de Salud del Gobierno Vasco a que, en el plazo máximo de 10 días -ampliable a 10 más si va a producirse una acción de conversión de la información a los términos que solicita el reclamante-, proporcione al reclamante la información objeto de su solicitud. Tercero.- Notificar la presente Resolución al reclamante y al Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Cuarto.- Publicar la Resolución en la página web de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública una vez efectuada la notificación al reclamante y previa disociación de los datos de carácter personal.