Reclamación del SiPE contra la inadmisión de solicitud de información sobre el uso y coste de vehículos y escoltas del Viceconsejero de Seguridad

RESOLUCIÓN 77/2020, DE 3 DE DICIEMBRE, DE LA COMISIÓN VASCA DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Expediente: 2020/000304 Asunto: Reclamación presentada por D. …, Coordinador General del Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SiPE), frente a la inadmisión de su solicitud de información pública por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. ANTECEDENTES 1.- Consta acreditado en el expediente que, con fecha 29 de septiembre de 2020, D. …, formuló solicitud de información pública ante el Consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, mediante la que requería lo siguiente, en relación con el uso por parte del Viceconsejero de seguridad de vehículo oficial y funcionarios acompañantes: “PRIMERO.- De las Órdenes pertinentes, para que se retire los funcionarios que tiene asignado para sus desplazamientos SEGUNDO.- En el hipotético caso que usted crea que cumple con la legalidad (cosa que dudo), indíqueme y/o deme la normativa, con indicación del articulado (si lo hubiera), que lo sustente. TERCERO.- Se me informe del coste de dicho vehículo y el del personal que le acompaña, ambos separados. Dicha información se me dé por años desde que lleva en el cargo público hasta la contestación de esta solicitud.” 2.- El 16 de noviembre de 2020 el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco notificó la resolución de su solicitud al interesado, en los siguientes términos: “… Su escrito contiene diversas manifestaciones que no están encaminadas a solicitar información pública alguna. Sirva como ejemplo la siguiente formulación contenida en su escrito: «De las Órdenes pertinentes». Únicamente la solicitud relativa al coste del vehículo del Viceconsejero sería incardinable en el ámbito de aplicación objetivo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante,Ley de Transparencia). A este respecto, procede manifestar que el Viceconsejero de Seguridad, sobre la base de las responsabilidades que, inherentes a su cargo, tiene atribuidas, tiene asignado un servicio de escolta o acompañamiento, que es realizado por la Unidad de Protección de Personas. Así, corresponde a esa Unidad decidir el número de personas que deben prestar dicho servicio, estando el vehículo adscrito desde la propia Unidad. Resolución 77/2020 1/6 Por último, dado que no se trata ni de un gasto ni permanente ni exclusivo, no es factible concretar a cuánto asciende, por lo que ha de concluirse que la información solicitada no obra en poder de esta Administración –ni de ninguna otra–. Precisamente, la Ley de Transparencia dispone la inadmisión a trámite de aquellas solicitudes referidas a información que no obre en poder de la Administración.” 3.- Con fecha 25 de noviembre de 2020, tiene entrada en esta Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, reclamación formulada por D. …, frente a la inadmisión de su solicitud de información pública por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. En dicha reclamación se argumenta lo siguiente de forma resumida: “…Pues bien, no encontramos ningún impedimento para que el Viceconsejero de Seguridad, según la normativa expuesta conduzca personalmente el vehículo que le asignen, más bien es su obligación, por lo que no tiene derecho a tener como escoltas/conductores a funcionarios-policías. Entendemos que esta Comision no puede entrar a resolver la solicitud, de que se dé, “la orden pertinente”, pero eso no quita el derecho de conocer por esta parte, la normativa u orden (si es que existe) que sustente la utilización excepcional y no permanente, de esos servicios públicos. … Hasta donde yo llego y no lo ha discutido la Administración, todos los días que ejerce sus funciones, tiene vehículo del Gobierno Vasco (permanente) y lleva un funcionario-policial y en ocasiones 2 (permanente y exclusivo). Para recopilar los datos solicitados no parece que sea necesario ningún exceso ni labor específica y costosa de trabajo y/o tratamiento y menos para entregarla al solicitante. Se trata de información que consta obra en poder de la Administración (unidad protección de personas, Recursos Humanos….), y cuyo acceso, a lo sumo, supondría una labor de recopilación de datos con el alcance de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración. A esto se debe añadir que los vehículos que adquiere el Gobierno Vasco son de renting.”. INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN 1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 128/2016, de 13 de septiembre, de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, la citada Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública asume en la Comunidad Autónoma de Euskadi las funciones previstas en la disposición adicional cuarta de la Resolución 77/2020 2/6 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 2.- Así mismo, en virtud del artículo 3 del Decreto 128/2016, de 13 de septiembre, de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, le corresponde a la Comisión resolver las reclamaciones que se presenten, en aplicación del régimen de impugnaciones previsto en materia de ejercicio del derecho de acceso a la información pública regulado en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en relación con las denegaciones expresas o presuntas de las Administraciones públicas y demás entidades del sector público vasco, que pertenezcan a las Instituciones comunes y locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 3.- Por su parte, el artículo 13 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. ADMISIBILIDAD DE LA RECLAMACIÓN 1.- Según consta en el expediente, la solicitud inicial de información fue presentada por el Sr. … ante el Consejero de Seguridad del Gobierno Vasco el 29 de septiembre de 2020, la cual le fue respondida mediante Resolución de inadmisión notificada el 16 de noviembre y aceptada el 17 de noviembre de 2020. 2.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 24.1 de la antedicha Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno frente a la resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse reclamación con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso- administrativa. Así mismo, el artículo 24.2 dispone que la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. En este sentido, el Sr. … interpone la reclamación que nos ocupa, con fecha 25 de noviembre de 2020, ante esta Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, esto es, dentro del plazo legal. 3.- Por su parte, el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública entendida en los términos señalados en Resolución 77/2020 3/6 el artículo 13. Así pues, el ámbito de actuación de la Comisión se circunscribe únicamente a las reclamaciones que se presenten en relación con ese derecho de acceso a la información pública, entendida como el conjunto de los contenidos o los documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del título I de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 4.- No obstante, a la vista de la documentación presentada, en sus apartados primero y segundo, no puede entenderse que se trate de una solicitud de información pública ni, por tanto, una reclamación relativa a información pública. Tal y como señala el propio reclamante en su escrito de reclamación, se trata de corregir una práctica que a su juicio no es adecuada, como queda evidenciado en el siguiente párrafo “Aquí lo que se está poniendo en cuestión, es que un Viceconsejero tenga escolta de funcionarios-policías. Las funciones de la policía es dar seguridad, a una persona que tenga alguna amenaza (presente o potencial), hecho que no se dá en este caso(salvo prueba en contrario). Es de sobra conocido, aunque habrá que recordarlo, que antaño la única amenaza directa que hemos sufrido muchos ciudadanos de este país era la banda terrorista ETA, derrotada gracias a todas las herramientas del Estado. Dada su desaparición no lleguemos a comprender la utilización de unos funcionarios-policías para su escolta y servicio, policías que podrían dedicarse a dar ese servicio a cualquier ciudadano que lo necesite de verdad. Entendemos, por tanto, que se está haciendo un mal uso de los recursos humanos que tiene la Administración Publica. Dicho esto, si existe alguna norma u orden de superior que justifique el uso por parte del Viceconsejero, de 2 policías para que conduzcan el vehículo todos los días en que realice las funciones de su cargo, lo aporte, ya que es un derecho que me asiste, como explicaremos a continuación. Si no existe justificación de ningún tipo, esta parte entiende que se está realizando un mal uso de los servicios públicos y se tiene que terminar.” En este sentido, la solicitud de los párrafos primero y segundo no tiene acomodo en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, no constituyendo información pública en los términos señalados en los precitados artículos 12 y 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Dichas propuestas pretenden la obtención de una actuación material por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, quedando este objetivo fuera del ámbito de actuación de esta Comisión cuyo cometido, como se ha dicho, es la garantía del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, entendida como información disponible y existente en el momento de su solicitud. Resolución 77/2020 4/6 5.- Por otra parte, y en lo que se refiere al apartado 3 de su solicitud, relacionado con el coste que supone el vehículo y el personal que acompaña al viceconsejero, separados y por años desde que lleva en el cargo público hasta la contestación de la solicitud, esta Comisión entiende, tal y como ha respondido el Departamento de Seguridad, que dado que es un recurso que no se asigna de forma permanente ni en exclusiva a este viceconsejero, sino un servicio que se gestiona desde la Unidad de Protección de Personas en función de las necesidades que van surgiendo, resulta entendible que no exista como tal dicha información y que su elaboración exija un análisis y cómputo hasta ahora inexistente, laborioso y no justificado con la finalidad de la ley, puesto que el interés manifiesto del reclamante es, como se ha argumentado en el apartado anterior, formular una queja sobre un modo de actuación no conforme con su propio criterio, y no el acceso a una información de carácter económico cuya cuantía ya se prejuzga no necesaria puesto lo que se está cuestionando es la propia actuación material. A la vista de cuanto antecede, la Comisión Vasca de Acceso a la Información, por unanimidad: RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación presentada por D…, Coordinador General del Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SiPE), frente a la inadmisión de su solicitud de información pública por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Segundo.- Notificar la presente Resolución al reclamante. Tercero.- Publicar la Resolución en la página web de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública una vez efectuada la notificación al reclamante y previa disociación de los datos de carácter personal.