Reclamación contra la resolución que reconoce el derecho de acceso al expediente de expropiación de un inmueble en concesión minera

ASUNTO: Resolución de la Comisión de la Transparencia de Galicia en la reclamación presentada al amparo del artículo 28 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno Vista la reclamación presentada por n representación d e - mediante escrito del 26 de abril de 2021, y considerando los antecedentes y fundamentos ju rídicos que se especifican a continuación, la Comisión de la Transparencia en sesión celebrada el día 29 de junio de 2021, adopta la sigu iente resolución: ANTECEDENTES Primero. El 4 de mayo de 2021, tuvo entrada en el registro del Valedor do Pobo un oficio del Jefe del Servicio de Energía y Minas de la Delegación Territorial de A Coruña por e l que remitía a esta Comisión un recurso de alzada interpuesto por en representación de ante la Jefatura erntona e oruna contra la Resolución del 17 de marzo de 2021, del Jefe Territorial de A Coruña de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e lnnovación, por la que se resuelve la solicitud formulada por e111 representación de la y se le reconoce el derecho para acceder al expediente número IN334A 2020/0.1-1, en el que la empresa a la que representa está tramitando la expropiación de un inmueble dentro de su concesión minera. Ese órgano administ rativo entendió que dicho escrito tenía el carácter de una reclamación frente a una resolución en m ateria de acceso a la información pública, de tal manera que su resolución compete a la Comisión da Transparencia de Galicia de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 1/2016. El reclamanté indicaba que e l Jefe Territorial de A Coruña de dicha Vicepresidencia y Consellería n~ es competente para dictar esa resolución, por cuanto debiera haberlo hech~ la (+34) 98156 97 40 Rúa do Hórreo, 65 15700, Santiago de Compostela A Coruña [email protected] www.comisiondatransparencia.ga1 persona titular de la Delegación Territorial, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 1/2016. Asimismo, señalaba que la información solicitada estaba en curso de elaboración, por cuanto se trata de un expediente en tramitación, de manera que concurriría la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1, apartado a), de la Ley 19/2013. Por último, entendía que es de aplicación el artículo 53.1, apartado a), de la Ley 39/2015, que limita el derecho a conocer el expediente administrativo a los interesados en el procedimiento. Segundo. Con fecha de 5 de mayo de 2021, se le dio traslado de la documentación presentada por el reclamante a la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e lnnovación para que, en cumplimiento de la normativa de transparencia, remitiera informe y copia completa y ordenada del expediente. La recepción de la solicitud por la administración fue el 10 de mayo de 2021. Tercero. Con fecha de 15 de junio de 2021, la directora general de Planificación Energética y Recursos Naturales contesta la petición remitiendo el informe y el expediente instruido. En este informe, en resumen, indica que por Resolución de 11 de junio de 2021, se convalidó la Resolución del Jefe Territorial de A Coruña. Además, alega que la causa de inadmisión que refiere el reclamante no puede aplicarse al expediente completo, incluidos los documentos ya finalizados, sino solo a los que se encuentren en elaboración. Finalmente, refiere que la solicitud se tramitó de acuerdo con la normativa en materia de transparencia y que se le dio traslado de ella al reclamante, como tercero interesado, para que alegase lo que estimase conveniente. Además, remite informe de los servidos técnicos de la Jefatura Territorial de A Coruña en el que se afirma, en síntesis, que el artículo 53 de la Ley 39/2015 no es de aplicación dado que la asociación solicitante no se refiere en su solicitud a su condición de interesada en el procedimiento en tramitación ni invoca el derecho que reconoce ese precepto. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Competencia y normativa El artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de carácter básico en su práctica totalidad, establece que contra toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previa su impugnación en vía contencioso-administrativa. Esa misma ley, en su disposición adicional cuarta, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órg~no independiente que determinen las Comunidades Autónomas. 1lil (+34) 98156 97 40 Rúa do Hórreo, 65 15700, Santiago de Compostela [email protected] www.comisiondatransparencia.ga l El artículo 28 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, establece que contra toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación ante el Valedor do Pobo, correspondiendo a la Comisión de la Transparencia, de acuerdo con el dispuesto en el artículo 33, la resolución de las dichas reclamaciones. Segundo. Procedimiento aplicable El artículo 28.3 de la citada Ley 1/2016 establece que el procedimiento de reclamación se ajustará a lo previsto en los párrafos 2, 3, y 4 del artículo 24 de la Ley 19/2013, que establece que las reclamaciones contra resoluciones en materia de acceso a la información, que tiene carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa, ajustarán su tramitación al dispuesto en la legislación de procedimiento administrativo común en materia de recursos. Tercero. Derecho de acceso a la información pública La Ley 1/2016, de 18 de enero, reconoce en su artículo 24 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida esta como los contenidos o documentos, cualquier que sea su formato o soporte, que consten en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley y que fueran elaborados o adquiridos en ejercicio de sus funciones, al igual que la definición conten ida en el artículo 13 de la Ley estatal 19/2013 que tiene carácter básico. El concepto de información pública y el derecho de acceso a la misma se configuran de forma amplia tanto en la normativa autonómica cómo en la estatal. Los titulares del derecho son todas las personas, sin que el solicitante esté obligado a motivar su solicitud de acceso a la información (art. 26.4 Ley 1/2016, de 18 de enero). El objeto de la Ley 19/2013, es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y regular y garantizar el derecho de acceso a información relativa la aquella actividad (art. 1). En su preámbulo señala que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política y solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, como se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones se puede hablar del inicio de un proceso en el que los poder públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poder públicos. Por su parte, la Ley gallega 1/2016, señala en su Exposición de Motivos que la creciente exigencia ciudadana de control público de la actuación de las administraciones aconseja la [email protected] www.comisiondatransparencia.gal aprobación de una norma que supera los anteriores estándares y que se concreta en un texto legal que establece exigencias añadidas de transparencia y acceso a la información pública. Cuarto. Plazo para la interposición del recurso El artículo 28.3 de la Ley 1/2016, establece que el procedimiento de las reclamaciones frente a las resoluciones en materia de acceso a la información pública se ajustará a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 19/2013. El artículo 24 de la Ley 19/2013 establece que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a información podrá interponerse una reclamación con carácter potestativo y previo a su impugnación en la vía contencioso-administrativa. Esta reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en el que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Tal y como establece el Criterio lnterpretativo 1/2016, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con reiterada doctrina jurisprudencial y con las previsiones normativas contenidas en los artículos 122 y 124 de la Ley 39/2015, se podrán interponer recursos de alzada y reposición, respectivamente, respecto de resoluciones presuntas en cualquier momento frente a actos que no sean expresos. Dado que según consta en el expediente remitido, al interesado se le notificá la resolución con fecha del 26 de marzo de 2021 y la reclamación tuvo entrada en el Registro del Valedor do Pobo con fecha del 26 de abril de 2021, debe admitirse la reclamación por estar presentada en plazo. Quinto. - Análisis del expediente Antes de entrar en el fondo del asunto, debe examinarse la posible existencia de un vicio de forma en la resolución recurrida. De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.3 de la Ley 1/2016, en el ámbito del sector público autonómico, la competencia para resolver las solicitudes de acceso corresponderá a la persona titular de la secretaría general, de la secretaría general técnica, de la dirección general o de la delegación territorial. Es cierto que fue el Jefe Territorial de A Coruña de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e lnnovación el que estimá la solicitud de acceso a la información pública el 17 de marzo de 2021, pero dicha resolución fue ratificada por órgano competente para resolver de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley 1/2016, mediante resolución de 11 de junio de 2021 de la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales. .~ i, ¡ tt ..mSp é)(('! l(i<' ~l~ (•34) 98156 97 40 {i Rúa do Hórreo, 65 ACoruna t, t ! ¡;, (1é1lit i.-\ e) [email protected] Ot www.comisiondatransparencia.ga1 Con respecto a la concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1, apartado a), de la Ley 19/2013, "una interpretación literal de la norma ind ica que lo que debe de estar en fase de elaboración o publicación es la información o la documentación que se solicite, no el procedimiento dentro del cual se encuentra", tal y como ha puesto de manifiesto el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Resolución 84/2017, de 23 de mayo (FJ 3). Asi pues, no puede equipararse la información en curso de elaboración con la que conste en un procedimiento no finalizado (RCTBG 340/2016, de 20 de octubre, FJ 5). En este sentido, debe tenerse en cuenta que nada obsta para que haya documentos integrantes del expediente correspondiente que ya se hayan elaborado, que reúnan la condición de información pública y que, en consecuencia, puedan solicitarse al amparo de la normativa en materia de transparencia. En lo referente a la aplicación del artículo 53.1, apartado a), de la Ley 39/2015, cabe señalar que, de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, la normativa reguladora del procedimiento administrativo correspond iente solo rige para el acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento ad ministrativo en curso a los documentos que se integran en él. Teniendo en cuenta que la asociación solicitante no reunía tal condición, debe aplicarse la normativa en materia de transparencia, que cuenta con unos límites más est rictos. En relación con la oposición que el reclamante manifestá en el procedimiento de acceso a la información pública, ha de recordarse que el articu lo 19.3 de la Ley 19/2013 no concede un derecho de veto absol uto a los terceros afectados, sino que única mente garantiza su derecho a formular alegaciones. Dado que no acreditá los derechos e intereses de los que es titular y que pudiesen verse menoscabados, procedía conceder el acceso a esa información, habida cuenta, a mayor abundancia, del carácter restrictivo con el que deben interpretarse los límites previstos en la normativa regu ladora en materia de transparencia. En base a los hechos y fundamentos de derecho anteriormente expresados, la Comisión de la Transparencia, ACUERDA Único: Desestima~ r e s e n t a d a por en representación de- con fecha de 26 e a n e 2021 contra la Resolución del 17 de marzo de 2021, del Jefe Territorial de A Coruña de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Economia, Em resa e lnnovación, por la que se resuelve la solicitud formulada en representación de la y se le reconoce el derecho para acceder al expediente número IN334A 2020/01-1, en el que la empresa a la que representa está tramitando la expropiación de un inmueble dentro de su concesión minera. .,,. (+34) 98156 97 40 Rúa do Hórreo, ôS [email protected] www.comísiondatransparencía.ga1 Contra esta resolución que ponen fin a la vía administrativa únicamente cabe, en caso de disconformidad, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Santiago de Compostela, Firmado digitalmente por 76706870F MARIA DOLORES FERNANDEZ (R: S6500009C) Fecha: 2021.07.02 12:56:59 +02'00' Maria Dolores Fernández Galiño Presidenta de la Comisión da Transparencia