Solicitud de información estadística sobre incidencia de COVID-19 en hospitales de la Comunidad de Madrid y desestimación por reelaboración de datos

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales “1. Las informaciones sobre letalidad disponibles derivan de los datos publicados en el Panel COVID-19 que proceden de la declaración individualizada de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). La COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria y, como tal, la responsabilidad de la notificación de acuerdo a los criterios establecidos en cada momento corresponde a los facultativos y servicios de Salud Pública de las comunidades autónomas que realizan esta notificación. Lo que se realiza a través de la aplicación SiViEs del Instituto de Salud Carlos III. En esta aplicación se contabilizan todos los casos notificados, siguiendo la estrateg ia de vigilancia vigente en cada momento (Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 disponible en: tos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf. 2. La información obtenida por la vigilancia epidemiológica es distinta a cualquier información que se obtiene con fines estadísticos. Se recoge y usa, en tiempo real, para la toma de decisiones en el ámbito de la salud pública. Por este motivo puede ser incompleta, contener errores y sufrir retrasos en distinta medida. En definitiva, se precisa de un tiempo para su depuración y consolidación. Para elaborar los informes publicados por el ISCIII se realizan procesos de depuración, imputación y relación con otras bases de datos secundarias para paliar los defectos de la notificación. 4. En cambio, las informaciones sobre diagnóstico de los pacientes al alta se recogen en el RAE-CMBD, Registro de Actividad Sanitaria Especializada (RAE-CMBD); que integra información administrativa y clínica de los pacientes atendidos en distintas modalidades asistenciales de Atención Especializada dando continuidad al Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) pero ampliando, desde 2016, la cobertura de este a modalidades asistenciales ambulatorias y al sector privado. Las normas para el registro y envío de los datos están establecidas en el Real Decreto 69/2015 que crea el RAE-CMBD. La explotación estadística de estos datos está incluida entre las operaciones del Plan Estadístico Nacional, y tiene su calendario de actualización de datos. 5. La tarea de codificación de las altas hospitalarias ha resultado especialmente compleja, ya que ha sido preciso incluir el nuevo diagnostico por COVID-19, por parte del Ministerio de Sanidad por inexistente con anterioridad. Además, obliga a la revisión de las historias clínicas para ajustarse a dicha definición, bien como diagnostico principal o secundario. 6. La obtención de la información solicitada implica una importante reelaboración de la misma, que constituye una de las causas de inadmisión previstas en el art. 18.1 de la LTAIBG y de acuerdo con el criterio interpretativo CI/007/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En función de los preceptos mencionados la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas con el requisito de que se trate de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la propia Ley. 4. Como se ha indicado en los antecedentes de esta resolución la solicitud que le da origen versa sobre diferente información de carácter estadístico sobre la incidencia del COVID-19 en los hospitales de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad en su momento estimó la solicitud y puso a disposición del ahora reclamante la información de los exitus por COVID-19 pero sin desagregar por olas. Asimismo, la Consejería de Sanidad en sus alegaciones, afirma que conceder el acceso a la información en los términos requeridos conllevaría una acción previa de reelaboración, recogida como causa de inadmisión en el artículo 18.1 c) de la LTAIBG. Procede, en consecuencia, analizar la causa de inadmisión invocada por la autoridad autonómica, para determinar si resulta aplicable a esta reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas por el art. 38.2 a) de la LTAIBG, aprobó para delimitar el alcance de la noción de “reelaboración” el criterio interpretativo CI/007/2015 , de 12 de noviembre. La primera consideración que se induce del artículo 18 de la LTAIBG y de los diferentes argumentos contemplados en el CI/007/2015, de 12 de noviembre, se refiere al hecho de que el citado precepto legal enumera una serie de causas de inadmisión de solicitudes de acceso a la información que se configuran como reglas, en el sentido de que se trata de normas que sólo pueden ser cumplidas o incumplidas. Partiendo de ello, la interpretación de las causas de inadmisión al caso concreto debe llevarse a cabo a través de la técnica de la subsunción, de acuerdo con la cual a “un supuesto de hecho” le corresponde “una consecuencia jurídica”. De acuerdo con ello, la forma de proceder en el presente caso consistirá, precisamente, en esclarecer si la información objeto de esta reclamación se trata de un supuesto de “reelaboración” -supuesto de hecho- a fin de determinar si resulta de aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) LTAIBG -consecuencia jurídica. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez