Reclamación por falta de respuesta a solicitud de información sobre controles oficiales en explotaciones ganaderas en Extremadura

Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales 2. Al no recibir respuesta, el reclamante presentó, mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2021, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 3. Con fecha 6 de mayo de 2021 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al Secretario General de Administración Digital de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, al objeto de que pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. 4. Con fecha 10 de mayo de 2021 se recibe escrito del reclamante aportando la resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería que indica lo siguiente: “La normativa sustantiva de la Unión Europea y estatal invocada en la solicitud extienden el ámbito de la información requerida a las materias de salud pública, seguridad alimentaria, sanidad y bienestar animal, medio ambiente, caza (granjas cinegéticas), y otorgamiento de ayudas públicas (sujetas al control del cumplimiento de la normativa en las precitadas materias para la recepción de fondos públicos, señaladamente de la Unión Europea), de las que son competentes una multiplicidad de órganos adscritos a diversas Consejerías y organismos públicos de la Junta de Extremadura, sin que la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, sea la competente para poder coordinar la información ni conocer quién pudiera desempeñar tal función. En particular, por ejemplo, compete al Servicio Extremeño de Salud, organismo público no adscrito a la Consejería destinataria de la solicitud, las funciones principales de control de los mataderos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lo que no existen en el ámbito de esta Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio la información requerida en dicha materia. No existe un concepto técnico de inspectores oficiales. Las Administraciones Públicas ejercen una genérica potestad de policía, con funciones de diversa terminología dirigida a la comprobación del cumplimiento de las normas. En el ámbito de la Unión Europea, en lugar de inspección e inspector, se acude al término de control oficial, como un sinónimo a escala europea de lo que podría constituir funciones de inspección, y que se han desenvuelto a lo largo de los once años que comprende el ámbito temporal en decenas de miles de actuaciones, que afectan a decenas de miles de explotaciones ganaderas, sin que se encuentre implementado ningún sistema informático capaz de recopilarlas ni extractarlas. Por otra parte, la naturaleza, la densidad y el desglose exigido para la información a proporcionar de las explotaciones ganaderas exigirían decenas de miles de trámites de Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales audiencia previos de los titulares que sean personas físicas, por poder lesionar su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Constituyen fundamentos normativos que obstan con carácter principal a la admisión de la solicitud, y subsidiariamente, impedirían su estimación: - De la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Artículo 13 (dado que lo pretendido no obra, ni existe ni ha sido elaborado ni susceptible de elaborarse); Artículo 15 (por prevalencia de los datos personales de las personas físicas titulares de las explotaciones afectadas ante la imposibilidad de ponderar la finalidad de la solicitud del interesado; Artículo 16 (interpretado en sentido contrario dado que es imposible seleccionar qué pueda facilitarse y por qué órgano dentro de los múltiples que podrían resultar competentes; Artículo 18.1 c) (sin perjuicio de que propiamente no podría hablarse de información sino de elaboración de un auténtico informe con contenido no susceptible de considerarse información pública); Artículo 18.1 d) (en cuanto a que se ignora el órgano que podría ejercer las competencias de coordinación para efectuar propiamente una contestación así como todos los órganos competentes con competencias en las materias sobre las que se solicita información; Artículo 18.1 e) (porque su ámbito material, temporal y funcional ponen de manifiesto un ejercicio abusivo carente de cualquier fundamento legítimo reconocible); Artículo 19.3 (trámite preceptivo de audiencia imposible de cumplir por existir miles de interesados); De la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura: Artículo 3 d) (interpretada sensu contrario para negar que bajo tal concepto normativo se subsuma la petición de un informe cuyo contenido no existe ni es susceptible de ser integrado con informaciones públicas accesibles objeto de tratamientos por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Artículo 15.4 c) (sin perjuicio de sostener que propiamente no pudiera llamarse información pública al contenido pretendido del informe); Artículo 17 (al prevalecer la protección de datos de carácter personal de las personas físicas titulares de explotaciones ganaderas); Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las Comunidades Autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de esta previsión, han suscrito convenio con este Organismo las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 4. Entrando en el fondo del asunto, la administración autonómica, en sus alegaciones indica que la información solicitada “En particular, por ejemplo, compete al Servicio Extremeño de Salud, organismo público no adscrito a la Consejería destinataria de la solicitud, las funciones principales de control de los mataderos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lo que no existen en el ámbito de esta Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio la información requerida en dicha materia”. A la vista de lo señalado en el párrafo anterior, parece razonable concluir señalando que una correcta aplicación de las previsiones de la LTAIBG por parte de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio hubiese tenido como consecuencia que, en el momento de tramitar la solicitud de derecho de acceso a la información, debería haberse aplicado el https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/transparencia/portal transparencia/informacion econ pres esta/ convenios/conveniosCCAA.html lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez