Solicitud de inspección ambiental y acceso a documentación técnica sobre aplicación de lodos en la Cañada Real Galiana

Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales contaminantes. Sospechamos que la acumulación de lodos detectada no ha recibido un tratamiento de manera que se haya reducido de manera significativa su poder de fermentación, como se deduce las terribles emanaciones nauseabundas por éstos emitidas, que se pueden oler a kilómetros a distancia, y por la grandísima proliferación de moscas y otros artrópodos y vectores biológicos, que suponen graves inconvenientes sanitarios para las personas que recorren diariamente la vía pecuaria cercana de la Cañada Real Galiana. Por todo lo anterior, se solicita la acción siguiente: Que se realice de manera urgente una inspección ambiental en la que se realicen tomas de muestras y los análisis necesarios para comprobar la calidad del lodo. Que realice esta inspección bien la Consejería de Medio Ambiente o bien la Consejería de Economía y Empleo, a través de la Dirección General de Agricultura y el Instituto Madrileño de Investigaciones Agracias y Alimentarias IMIA, con independencia de los análisis que sean realizados por los particulares, tal como estable el Artículo 8 del Decreto 193/1998 de 20 de noviembre. Se solicita también que se nos envíe la siguiente documentación que desde la Consejería tendrán que exigir a la Empresa Comercializadora del lodo y/o al propietario del terreno: 1. La identificación del lote homogéneo a que pertenecen dichos lodos y que la estación depuradora está obligada a identificar según se establece en el artículo 6 del apartado 2 a. Datos que según el apartado 3 de dicho artículo se deben remitir a la Dirección General que corresponda. 2. Datos de la inscripción de la estación depuradora donde se han producido dichos lodos en el Registro de Aplicación de Lodos en Agricultura de la Comunidad de Madrid, adscrito a la consejería de Economía y Empleo, según se establece en el artículo 9. 3. Datos sobre el documento de transporte expedido por la empresa comercializadora de dichos lodos, según se establece en el artículo 5 y con la información incluida en el modelo del Anexo VIII. 4. Datos de la inscripción en el Registro de Aplicación de Lodos de la empresa comercializadora, con la información incluida en el Anexo IX. 5. Resultados del análisis de la composición de los lodos, y del suelo según el modelo del Anexo IV. La información solicitada no incurre en ninguna de las excepciones previstas en la Ley 27/2006. El plazo para remitir la información ambiental es de un mes, artículo 10 c 1º de la Ley 27/2006. Por todo lo expuesto, Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales De este modo, el apartado 2 de la Disposición adicional primera establece que se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. Estableciendo el apartado 3, que: “En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización.” Es decir, la LTAIBG reconoce expresamente su carácter supletorio respecto de las materias amparadas por la regulación específica de aplicación al acceso a la información ambiental. De acuerdo con lo anterior, este Consejo determinó en su Criterio 008/2015, de 12 de noviembre de 2015, lo siguiente: “I. El carácter de ley básica de la LTAIBG en esta materia tiene como consecuencia principal que las excepciones a su aplicación en materia de acceso a la información pública deben venir expresamente previstas y autorizadas por ella. II. Los apartados 2 y 3 de la disposición adicional primera de la LTAIBG contienen la única excepción prevista, en la Ley para la aplicación de sus normas sobre ejercicio del derecho a la información. III. La disposición adicional primera de la LTAIBG vincula la aplicación supletoria de la ley a la existencia de una norma específica que prevea y regule un régimen de acceso a la información, también específico.” Por lo tanto, tal y como se deduce de la propia LTAIBG, existe una normativa específica en materia de acceso a la información medioambiental de la que la LTAIBG es solo supletoria. Dicha normativa viene presidida por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que define la información ambiental, en su artículo 2.3, como: “toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones: a. El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos b. Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a. c. Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a y b, así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos. d. Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental. e. Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c, y f. f. El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b y c”. Resulta evidente la amplitud del concepto recogido en la ley, que deriva directamente de la normativa europea en la materia. A este respecto se han pronunciado las RT/0434/2019 y la R/0226/2020 de este CTBG en las que se afirmaba que: “De la amplitud del concepto de información ambiental contenido en la Ley 27/2006, y en las Directivas Europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE, de las que dicha Ley trae causa, dan buena cuenta diversas Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE) como la STJCE de 17 de junio de 1998 (asunto 321/96, Mecklenburg), cuando el Tribunal afirmó: «debe recordarse que en el concepto de ‘información sobre medio ambiente’ la letra a) del art. 2 de la Directiva engloba cualquier información relativa al estado de los distintos elementos del medio ambiente que allí se mencionan, así como las actividades o medidas que puedan afectar o proteger el estado de dichos elementos, ‘incluidas las medidas administrativas y los programas de gestión del medio ambiente’. Del tenor literal de esta disposición se deriva que el legislador comunitario pretendió dar a dicho concepto un sentido amplio que abarcara tanto los datos como las actividades referentes al estado de dichos elementos». Pero tal pronunciamiento del Tribunal no quedó ahí, ya que fue cuestionado acerca de si la letra a) del art. 2 de la Directiva debía ser interpretada en el sentido de si debía ser aplicada a un Informe emitido por una autoridad competente en materia de ordenación paisajística, en el marco de su participación en un procedimiento de aprobación de un plan de construcción. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/dam/jcr:e2e5241c-ba42-4091-bc9c- 21501611abfc/RT 0434 2019.pdf https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/dam/jcr:c8fc037f-2d06-420f-abf2-2fdb56827261/R-0226-2020.pdf conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez