Reclamación de acceso a información sobre cursos de formación y fase piloto de la plataforma digital de evaluación de la Comunidad de Madrid

Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales 2. Disconforme con la resolución de la Comunidad de Madrid, el reclamante presentó mediante escrito al que se da entrada el 13 de abril de 2021, y al amparo de lo dispuesto en el artículo de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 3. Con fecha 16 de abril de 2021 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, al objeto de que, por el órgano competente, pudieran presentarse las alegaciones que se considerasen oportunas. El 7 de mayo de 2021 se reciben las alegaciones procedentes de la administración autonómica, con el siguiente contenido. “(….) Con fecha 05/04/2021 y número de registro 09/525643.9/21, se dio respuesta a dicha reclamación mediante Resolución de la Directora General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza. (….) 1. En la mencionada Resolución se especificaba que sólo tienen ficha asociada aquellas actividades que implican una entrada en el registro de formación del profesorado asociada el extracto de formación del docente. x Tal y como especifica el DECRETO 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la formación permanente, la dedicación y la innovación del personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid, en su Artículo 11, apartado 4: “Las actividades de duración inferior a 10 horas no se inscribirán en el Registro de Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de Madrid”. x En la ORDEN 2453/2018, de 25 de julio, de la Consejería de Educación e Investigación que regula la formación permanente, la dedicación y la innovación del personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid y que desarrolla el DECRETO 120/2017, en el Capítulo II, Artículo 6, especifica; “Para que las actividades reguladas en esta orden sean objeto de reconocimiento será necesario obtener en la valoración de las mismas, en un curso académico, como mínimo, un crédito”. Por tanto, las actividades que no llevan asociada su inscripción en el extracto de formación del profesorado no se publicitan mediante fichas. La difusión d e estas actividades a los docentes implicados se realiza por distintos medios, como pueden ser: la web de Innovación y Formación, notificación al director del centro implicado en la actividad, correo electrónico, Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las Comunidades Autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de esta previsión, han suscrito convenio con este Organismo las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. A estos efectos, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la “información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En función de los preceptos mencionados la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas con el requisito de que se trate de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la propia Ley. La Administración Pública de la Comunidad de Madrid es un sujeto obligado a los efectos del derecho de acceso de acuerdo con los artículos 2.1.a) de la LTAIBG y 2.1.a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. Por su parte, los datos solicitados por el ahora reclamante, sobre acciones formativas en relación con la “Plataforma digital de evaluación para las etapas educativas de Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad de Madrid”, deben considerarse como información pública, puesto que obran en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, la https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/transparencia/portal transparencia/informacion econ pres esta/ convenios/conveniosCCAA.html Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, que dispone de ella en el ejercicio de las funciones que tiene legalmente reconocidas. 4. Entrando en el fondo del asunto, la información solicitada se refiere a dos cuestiones. Primera, la convocatoria/ ficha de los cursos de formación realizados; segunda, la documentación disponible sobre la fase piloto realizada para la implantación de la plataforma digital de evaluación. Con respecto a la convocatoria/ ficha de los cursos de formación realizados, la Comunidad de Madrid señaló en la Resolución de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza de 5 de abril de 2021, que “sólo tienen ficha asociada aquellas actividades que implican una entrada en el registro de formación del profesorado asociada el extracto de formación del docente” y que “se ha informado sobre esta herramienta de evaluación incorporada a EducaMadrid a docentes de centros públicos mediante webinars” y que “las convocatorias fueron comunicadas a los docentes mediante correo electrónico”. De igual modo, se indica que “se ha diseñado una formación de 10 horas con el reconocimiento de 1 crédito de formación al profesorado en la que se han tenido en cuenta las aportaciones y consultas realizadas por los participantes en los webinars” y que “este curso tendrá diversas convocatorias siendo la primera a partir del 06/05/2021”. Este Consejo ha podido comprobar en el enlace proporcionado por la Comunidad de Madrid (https://innovacionyformacion.educa.madrid.org) que se ha convocado el 7 de junio de 2021 un curso de formación denominado “e-valuM: Evaluación digital de los aprendizajes”, si bien no se ha podido acceder a la información de este curso al no disponer de los correspondientes permisos. En cualquier caso, con la información aportada en las alegaciones este Consejo considera acreditado que en el momento de presentarse la solicitud por el reclamante no se habían convocado cursos de formación sino únicamente webinars, que llegaban a los interesados por correo electrónico, sin ficha ni convocatoria general. En consecuencia, la Comunidad de Madrid aportó al reclamante la información de la cual disponía en el momento de presentar la solicitud, por lo que no procede estimar la reclamación en ese punto concreto. 5. Por lo que se refiere a la fase piloto realizada para la implantación de la plataforma digital de evaluación, la Comunidad de Madrid ha aportado información al respecto, tanto en la resolución que resolvía la solicitud, como en fase de alegaciones. En este sentido, se ha podido saber que la fase piloto tuvo lugar en “los meses de diciembre a febrero”, “con alumnos de 6 centros educativos públicos, 3 colegios de Educación Primaria y 3 institutos de Educación Secundaria”. Esta información, a juicio de este Consejo, resulta excesivamente parca y puede complementarse sin excesiva dificultad por parte de la administración. Nada se indica, por conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez