Acceso a información sobre quejas y sanciones disciplinarias de la Policía Municipal

(OI1$tf0 Qt n .. n)pU~ 1 '--------' llttn G~~moAAI Resolución RT 0640/2020 N/REF: RT 0640/2020 Fecha: la de la firma. Administración/Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. Información solicitada: Información sobre quejas y sanciones disciplinari as Policía Municipal. l. ANTECEDENTES l. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) y con fecha 9 de octubre de 2020 la siguiente información: "Solicito conocer el número de quejas dirigidas a la policía municipal de las que se tengan constancia en los años 2018, 2019 y lo que llevamos de 2020, especificando la fecha de la queja, canal por el que se presenta (verbal, email, teléfono, escrita .. .) y el motivo de la misma (ejemplo: mal trato recibido). También solicito conocer el número, fecha y motivo de las sanciones disciplinarias a los agentes en los años 2018, 2019 y lo que llevamos de 2020." 2. Al no estar conforme con la respuesta recibida, -al no facilitar el número, fecha y motivo de las sanciones disciplinarias-presentó, mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 2020, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la L TAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. https://www.boe.es/buscar/act.php ?id=BOE·A-2013-12887 https://www.b oe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=l& p=20181206#a24 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno MI Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales www_consejodetransparencia_es Cwu .. 4t fliltl,.,ftft(jj' , ..... c...,..._.v., 3. Con fecha 13 de noviembre de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al Secretario/a General del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, al objeto de que por el órgano competente pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Con fecha 9 de diciembre de 2020 se reciben las alegaciones que indican: "En respuesta a su solicitud desde esta Policía Local informamos: A 06 de julio de 2018 y en virtud de las funciones atribuidas en el artículo 35 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, por el que se aprueba La Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, esta Jefatura propone la apertura de Expediente Disciplinario, por la presunta comisión de unas supuestas faltas disciplinarias, según lo establecido en la Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía 10 de enero de 2020. A 10 de enero de 2020 y en virtud de las funciones atribuidas en el artículo 35 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, por el que se aprueba la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, esta Jefatura propone la apertura de expediente disciplinario, por la presunta comisión de unas supuestas faltas disciplinarias, según lo establecido en la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía." 4. A esta comunicación replica el reclamante con fecha 11 de diciembre de 2020 lo siguiente: "En la solicitud original que hice al ayuntamiento (registro general 20073} solicitaba -entre otras cosas-"conocer el número, fecha, y motivo de las sanciones disciplinarias impuestas a los agentes en 2018, 2019 y lo que llevamos de 2020". Entiendo que se ha respondido al apartado de fecha y número con la respuesta del ayuntamiento, pero no al motivo de esas sanciones. La solicitud no tiene por objeto conocer los detalles de los expedientes sancionadores sino solamente su categorización en la ley (el "motivo") Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía 10 de enero de 2010. Por ejemplo, si se trata de " El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de las funciones." Es categorizado en la ley como una infracción disciplinaria al artículo 7 punto A." 11. FUNDAMENTOS JURrDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014. de 31 de octubre. por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Consejo de Transparencia y Buen Gobierno MI Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso- Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las Comunidades Autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de esta previsión, han suscrito convenio con este Organismo las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Este concepto debe ser entendido en relación con las finalidades de la LTAIBG. Según su Preámbulo, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Así, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, tal y como está configurado en esta norma, debe analizarse en relación con el interés público que pueda tener la divulgación de la información que se solicita. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/transparencia/portal transparencia/informacion econ pres esta/ convenios/conveniosCCAA.html 4. Entrando al fondo del asunto, la controversia de la actual reclamación tiene su origen en la respuesta parcial otorgada por el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, al facilitar toda la información requerida excepto el motivo de las infracciones disciplinarias. A este respecto debe indicarse lo indicado en el artículo 53.1 Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid En lo no dispuesto en la presente Ley, el régimen disciplinario, y, en concreto el régimen de infracciones y sanciones, extinción de la responsabilidad y las medidas cautelares, aplicables a los funcionarios de los Cuerpos de policía local se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Los artículos 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía indican las faltas disciplinarias en que pueden incurrir los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que podrán ser muy graves, -artículo 7- graves –artículo 8- o leves –artículo 9-. Como se ha indicado en los antecedentes de la presente resolución no se han recibido alegaciones por parte del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por tanto cabe entrar a valorar por parte de este Consejo de Transparencia la posible aplicación de los límites recogidos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG. A este respecto se debe partir de lo dispuesto en el artículo 15 de la LTAIBG y la interpretación que sobre la aplicación de este artículo han aprobado conjuntamente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el criterio interpretativo CI/002/2015 , de 24 de junio, sobre la aplicación de los límites al derecho de acceso a la información. En este criterio se establece lo siguiente: “El proceso de aplicación de estas normas comprende las siguientes etapas o fases sucesivas: I. Valorar si la información solicitada o sometida a publicidad activa contiene o no datos de carácter personal, entendiéndose por éstos los definidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) II. En caso afirmativo, valorar si los datos son o no datos especialmente protegidos en los términos del artículo 7 de la LOPD, esto es: a) Datos reveladores de la ideología, afiliación sindical, religión y creencias; b) Datos de carácter personal que hagan https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual, y c) Datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas. Si contuviera datos de carácter personal especialmente protegidos, la información solo se podrá publicar o facilitar: a) En el supuesto de los datos de la letra a) anterior, cuando se cuente con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. b) En el supuesto de los datos de la letra b) anterior, cuando se cuente con el consentimiento expreso del afectado o estuviera amparado por una norma con rango de Ley, y c) En el supuesto de los datos de la letra c) anterior, y siempre que las correspondientes infracciones penales o administrativas no conlleven la amonestación pública al infractor, cuando se cuente con el consentimiento expreso del afectado o estuviera amparado por una norma con rango de Ley, III. Si los datos de carácter personal contenidos en la información no fueran datos especialmente protegidos, valorar si son o no exclusivamente datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o entidad correspondiente. Si los datos contendidos son exclusivamente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o entidad, la información se publicará o facilitará con carácter general, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales y otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación. IV. Si los datos de carácter personal no fueran meramente identificativos y relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o no lo fueran exclusivamente, efectuar la ponderación prevista en el artículo 15 número 3 de la LTAIBG”. En esta reclamación, se da el supuesto contemplado en el artículo 15.1 de la LTAIBG, puesto que entre la información solicitada existen datos de carácter personal especialmente protegidos - relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas-. Este hecho supone que conforme al criterio interpretativo anteriormente citado, la información solicitada únicamente podrá ser facilitada cuando se cuente con el consentimiento expreso del afectado o estuviera amparado por una norma con rango de ley. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, parece razonable concluir señalando que una correcta aplicación de las previsiones de la LTAIBG por parte de la autoridad municipal hubiese tenido como consecuencia que en el momento de presentar la solicitud de acceso a la información debería haberse aplicado el artículo 19.3 de la LTAIBG y, en consecuencia, Cwu .. 4t fliltl,.,ftft(jj' , ..... c...,..._.v., trasladar la solicitud al tercero afectado, para que pueda realizar las alegaciones o prestar el consentimiento que estime oportunas. Tomando en consideración que el artículo 119 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que aborda la regulación de la "Resolución" de los recursos administrati vos -y en igual sentido el hoy derogado artículo 113.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas-, prevé en su apartado 2 que "Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido [ ... ]",de acuerdo con el criterio contenido en la Sentencia n2 136/2017 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n2 9 de Madrid procede retrotraer las actuaciones al momento en que, en función del reiterado precepto de la Ley de Transparencia, el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid tenía que haber remitido la solicitud al tercero afectado, a los efectos previstos en el artículo 19.3 de la LTAIBG. 111. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede RETROTRAER las actuaciones a fin de que el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid remita la solicitud de acceso a la información presentada a los terceros afectados, a los efectos previstos en el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información públ ica y buen gobierno De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación previ sta en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustituti va de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas • Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 el de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa • 10 https://www.boe.es/busca r /act. php ?i d=BOE-A-2015-10565&tn= l&p=20181206#a119 https:Uwww .boe.es/buscar /act. php ?i d=BOE -A-2013-12887 &tn= 1&p=20181206#a23 https:/!www .boe.es/buscar /act. ph p ?i d=BOE-A-2015-10565&tn= l&p=20181206#all2 https:Uwww .boe.es/busca r /act. ph p ?id=BOE-A-1998-16718&tn=l&p=20181206#a9 C:o~u¡+" fn.,J)a<f'll(l•)' l~cn Cot .. OI• Mt EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez www consejodetranspareocja es