Acceso a expedientes justificativos de complementos de productividad de niveles 26 y superiores entre 2018 y 2021

Resolución RT 116/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en fecha 9 de enero de 2022 el reclamante solicitó a la Diputación Provincial de Albacete, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «1) En relación a los puestos de trabajo retribuidos y por ello comprendidos en las plantillas, en concreto de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, de niveles 26 y superiores, SOLICITA copia de los expedientes justificativos de los complementos de productividad abonados, incluyendo "las circunstancias objetivas relacionadas con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo". 2) En relación a cargos públicos y personal de confianza, en su caso, SOLICITA copia de los expedientes justificativos de los complementos de productividad abonados, incluyendo "las circunstancias objetivas relacionadas con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo, dede 1 de enero de 2018.» N/REF: Expediente RT 0094/2022 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Di putación Provincial de Albacete. Información solicitada: Expedientes justificativos del abono, entre 2018 y 2021, de los complementos de productividad respecto de los puestos de trabajo de niveles 26 y superiores. 2. El día 21 de febrero de 2022 el solicitante presentó, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con número de expediente RT/0094/2022, en la que indicaba que «[l]a Diputación de Albacete no ha remitido la información solicitada.» 3. En fecha 22 de febrero el CTBG remitió el expediente a la Secretaría General de la Diputación Provincial de Albacete, al objeto de que, por el órgano competente, se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. El día 23 de febrero de 2022 se recibe escrito de alegaciones del Servicio de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Albacete, en el que se sostiene lo siguiente: «[…] SEGUNDA.- Con fecha 19 de enero de 2022 se remitió comunicación al donde se le informaba en relación a su solicitud de información sobre abono de productividad, de la regulación actual del mencionado complemento en la Diputación Provincial de Albacete, informándosele que no existe ningún expediente sobre abono de productividad al no existir ningún plan de productividad y no habiendose abonado cantidad alguna en concepto de productividad en el periodo y con respecto a los puestos requeridos. A los efectos probatorios oportunos se acompañan copia de la solicitud formulada, de fecha 9 de enero de 2022, copia de la contestación efectuada por esta Institución con fecha 19 de enero de 2022, y justificación de la comunicación de la resolución al en el correo indicado por él mismo con fecha 19 de enero de 2022 a las 13 horas y 14 minutos. TERCERA.- En conclusión se contestó, en tiempo y forma la solicitud efectuada por el reclamante, siendo imposible la remisión de expedientes inexistentes dado que en el periodo solicitado y con referencia al personal objeto de solicitud no se ha abonado cantidad alguna en concepto de productividad, habiendose cumplido por esta parte con la obligación de información requerida por el ahora reclamante. […]» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.» Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión del organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Este concepto debe ser entendido en el marco del ámbito de la transparencia pública, cuyo principal objetivo es otorgar a la ciudadanía la capacidad de rendir cuentas de la actuación de los responsables públicos. Según se expresa en el preámbulo de la LTAIBG, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/es/transparencia/portal-transparencia/informacion- econ/convenios/conveniosCCAA.html 4. Entrando en el fondo de la cuestión, el objeto de la presente reclamación se circunscribe al acceso a los expedientes justificativos del abono, entre 2018 y 2021, de los complementos de productividad respecto de los puestos de trabajo de niveles 26 y superiores, documentación inexistente, conforme a lo manifestado por la Diputación Provincial de Albacete tanto en la comunicación remitida al solicitante en fecha 19 de enero de 2022 como en su escrito de alegaciones. En relación con lo manifestado por la administración concernida, este Consejo cree firmemente que, en sus relaciones con otras administraciones públicas, rigen los principios generales contemplados en el artículo 3.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Ello implica que presupone la veracidad de los documentos procedentes de otras administraciones y de los argumentos recogidos en los mismos. A tenor de lo expuesto, procede desestimar la reclamación, en la medida en que no existe el objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso a la información pública, en los términos de los artículos 12 y 13 de la LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada, en tanto que no existe objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. De acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 del mismo teto legal tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez