Acceso a información sobre requisitos y motivación de adjudicación de plaza de libre designación

Página1de 6 Resolución RT 9/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en fecha 30 de septiembre de 2021 el reclamante solicitó a la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información en relación con la adjudicación de una plaza en el marco del proceso de provisión por el procedimiento de Libre Designación (LDBSF1/2021), resuelto por Resolución de 8 de junio de 2021 y publicado en el DOCM de 16 de junio de 2021: «[…] -Cuáles han sido los requisitos exigidos para el desempeño del referido puesto, de tal manera que haya sido posible valorar con objetividad e imparcialidad la idoneidad de los distintos candidatos. -Quisiera conocer la motivación de dicho nombramiento, es decir, los criterios de interés general elegidos como prioritarios y las cualidades o condiciones personales y N/REF:Resolución RT 9/2022 Fecha: La de la firma. Dirección: Administración/Organismo:Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha/ Consejería de Bienestar Social. Información solicitada:Información relativa a la plaza de libre designación: Jefe de Servicio de Atención Primaria, Inclusión y Prestaciones Económicas de Cuenca, con código 13481. profesionales consideradas en el funcionario que ha sido nombrado (para estimar que concurren en él en mayor medida que en el resto de solicitantes). - Puesto que la idoneidad del candidato está íntimamente relacionada con su historial funcionarial, quisiera conocer expresamente: cuál era su grado personal hasta que se le adjudica dicha plaza, cuál era su antigüedad como funcionario y qué puestos de trabajo había desempeñado anteriormente en la administración. MOTIVACIÓN de la presente solicitud de información: La adjudicación de dicha plaza es un acto administrativo discrecional y, como tal, debe estar motivado. Por ello, entiendo que tanto el personal funcionario como el resto de la ciudadanía, debemos conocer los criterios profesionales de MÉRITO Y CAPACIDAD que utiliza la administración para adjudicar los puestos de trabajo.» 2. Disconforme con la resolución de 18 de octubre de 2021, dictada por la Secretaria General de la Consejería de Bienestar Social —estimatoria de la solicitud de información—, en fecha 17 de febrero de 2022 el solicitante ha presentado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG). Dicha reclamación consiste en una reiteración —según manifiesta el propio reclamante en su escrito—, de otra presentada contra la misma resolución, y que se tramitó en este CTBG en el marco del expediente RT 1089/2021. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. Con carácter previo a conocer sobre el fondo del asunto planteado, resulta necesario detenerse en el análisis de dos cuestiones: por un lado, (i) el plazo establecido para formular la reclamación, puesto que, en caso de apreciar que existe extemporaneidad, habría de inadmitirse la reclamación sin entrar en el fondo de la misma; y, por otro, (ii) la coincidencia, en cuanto al fondo, con otra reclamación presentada ante este Consejo. En relación con el primer extremo, cabe señalar que el artículo 24.2 de la LTAIBG dispone que «la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.» Asimismo, el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevé que los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo, añadiendo que, si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Según los datos obrantes en el expediente, la resolución de la Consejería de Bienestar Social — contra la que se presenta la reclamación— es de 18 de octubre de 2021, mientras que la reclamación de la que trae causa la presente reclamación se formuló el 17 de febrero de 2022, transcurrido, por consiguiente, más de un mes desde que el reclamante recibiese la contestación. En atención a lo expuesto, la reclamación debe considerarse extemporánea, por lo que procede su inadmisión. En cuanto al segundo aspecto a analizar, se constata que la reclamación presentada es la misma, en esencia, que la tramitada con el número de expediente RT 1089/2021, que fue interpuesta en fecha 10 de noviembre de 2021 y resuelta el día 19 de abril de 2022. econ/convenios/conveniosCCAA.html A este respecto resulta necesario analizar de oficio la posible concurrencia de la causa de inadmisión contemplada en el artículo 18.1.e) de la LTAIBG , referida a solicitudes «manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.» Sobre esta causa de inadmisión, este Consejo, en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas por el artículo 38.2.a) de la LTAIBG , aprobó el criterio interpretativo CI/3/2016 , de 14 de julio, sobre solicitudes de información repetitivas o abusivas. Se reproduce a continuación un fragmento de dicho criterio en el que se acota el concepto de «solicitud manifiestamente repetitiva»: «[…] Gramaticalmente, se define como aquella que lleva a decir o resolver algo que ya se ha dicho o resuelto anteriormente. En los términos de la Ley, para que la solicitud pueda ser inadmitida, se requiere. A) Que sea repetitiva y B) Que esta característica sea manifiesta. Por lo tanto, y toda vez que es requisito derivado de los términos en los que se pronuncia la Ley que la solicitud sea, no sólo repetitiva sino que lo sea manifiestamente, procede interpretar qué se entiende por solicitud manifiestamente repetitiva: Una solicitud será MANIFIESTAMENTE repetitiva cuando de forma patente, clara y evidente:  Coincida con otra u otras presentadas anteriormente por el mismo o los mismos solicitantes y hubiera sido rechazada por aplicación de alguno de los límites del artículo 14 o 15 de la LTAIBG o por concurrir alguna causa de inadmisión en los términos del artículo 18. En todo caso, la repuesta debe haber adquirido firmeza por el transcurso de los plazos de reclamación o recurso contencioso-administrativo sin que éstos se hubieran interpuesto o cuando, habiéndose presentado, hubieran sido definitivamente resueltos y la denegación o inadmisión hubiese sido avalada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno u órgano autonómico equivalente competente o por el órgano judicial correspondiente.  Coincida con otra u otras presentadas anteriormente por el mismo o los mismos solicitantes y, habiéndose admitido a trámite, se hubiera ofrecido ya la información sin que hubiera existido ninguna modificación real o legal sobre los datos en su momento ofrecidos. En estos casos, deberá justificarse adecuadamente la ausencia de modificación de los datos inicialmente ofrecidos.  El solicitante o solicitantes conocieran de antemano el sentido de la resolución por habérsele comunicado en un procedimiento anterior por el órgano informante.  Coincidan con otra u otras dirigidas al mismo órgano en períodos de tiempo inferiores a los plazos de tramitación legalmente previstos, de tal forma que las solicitudes presentadas previamente no hubieran finalizado su tramitación.  Cuando fueran de respuesta imposible, bien por el contenido o por razones de competencia y así se hubiera notificado y justificado al solicitante de información. […].» A tenor de lo expuesto, se dan las circunstancias para calificar como manifiestamente repetitiva la solicitud que da origen a la presente reclamación, por lo que también procedería su inadmisión por esta causa. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos referidos, procede la INADMISIÓN de la reclamación presentada, por incumplir el plazo previsto en artículo 24.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como por considerar de aplicación la causa de inadmisión contemplada en el artículo 18.1.e) del mismo texto legal. De acuerdo con el artículo 23.1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez