Reclamación de acceso a información sobre contratación de profesorado en la Universidad de La Rioja y resultado desestimatorio por inexistencia de los documentos

Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales Resolución RT 1110/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) y con fecha 5 de agosto de 2021 la siguiente información: “1.- Nombre y apellidos de la persona que ha impartido la docencia de la plaza ocupada por la profesora durante el curso 2020/2021 . 2.- Indicación de la vía de contratación de la persona referida y, si en su caso, fue contratado por el procedimiento de urgencia. 3.- Indicación de la persona o personas que propusieron dicha contratación. 4.- Copia del acta del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Departamento de Derecho proponiendo dicha contratación. 5.- Copia del acta del Departamento de Derecho proponiendo dicha contratación. N/REF: RT 1110/2021 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Universidad de La Rioja (La Rioja) Información solicitada: Contratación realizada en el curso 2020/2021 para la sustitución de profesorado Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales 6.- Indicación del método de selección de la persona referida con expresa indicación de si fueron valoradas o no otras candidaturas y/o currículums. 7.- Indicación de la titulación de la persona contratada”. 2. Con posterioridad, el 19 de octubre de 2021, el reclamante presenta una segunda solicitud de derecho de acceso al no haber recibido información con respecto a los puntos 4, 5 y 6 de su anterior solicitud. 3. Disconforme con la respuesta recibida, el reclamante presentó, mediante escrito al que se da entrada el 22 de noviembre de 2021, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 4. En esa misma fecha el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al Rector de la Universidad de La Rioja, al objeto de que pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Con fecha 15 de diciembre de 2021 se reciben las alegaciones que indican: “(….) Segunda: Con fecha 6 de septiembre, el Rectorado de la Universidad de La Rioja dio respuesta a la citada solicitud de información en los siguientes términos: “Primero: Conceder el acceso a la siguiente información a que se refiere la solicitud deducida por : a.- Nombre y apellidos de la persona que ha impartido la docencia de la plaza ocupada por la profesora durante el curso 2020/2021: . b.- Vía utilizada para la contratación de : Procedimiento extraordinario para la contratación de personal docente por vía de urgencia previsto en los artículos 24 y siguientes de la normativa para la selección de personal docente e Investigador interino o contratado temporal de la Universidad de la Rioja para el curso 2020/2021, aprobada por Consejo de Gobierno el 21 de abril de 2020. Segundo: Conceder un plazo de quince días a los terceros afectados para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas ya que la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de esas terceras, personas, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.3 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Tercero: Suspender el plazo para la dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones de los terceros afectados o haya transcurrido el plazo para su presentación”. Se adjunta contestación en el anexo 1 como Documento n.º 2. Tercera: Transcurridos los 15 días hábiles concedidos al efecto y teniendo en cuenta que la tercera persona afectada no formula alegaciones, con fecha 15 de octubre de 2021 la Universidad de La Rioja remite la siguiente información a en respuesta complementaria a su solicitud de 6 de agosto de 2021: “Indicación de la titulación de la persona contratada: Licenciado en Derecho”. Se adjunta dicho oficio en el anexo 1 como Documento n.º 5. Cuarta: Con fecha 19 de octubre de 2021, nuevamente tuvo entrada en la sede electrónica de la Universidad de La Rioja solicitud de acceso a la información pública, presentada por D. , solicitud que quedó registrada con el núm ero O00016322e2100013145, en el que solicitaba la siguiente información: “Respecto a la persona contratada en el curso 2020/2021 para sustituir a la profesora : 1.- Copia del acta del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Departamento de Derecho proponiendo dicha contratación. 2.- Copia del acta del Departamento de Derecho proponiendo dicha contratación. 3.- Indicación del método de selección de la persona referida con expresa indicación de si fueron valoradas o no otras candidaturas y/o currículums. Se responda expresamente a lo solicitado, indicando, en su caso, que no existe o que no se remite”. Esta solicitud se adjunta a presente escrito al anexo 1 como Documento n.º 6. Quinta: Con fecha 19 de noviembre de 2021, el Rector de la Universidad de La Rioja da cumplida respuesta a la petición formulada por el , en los siguientes términos: “Una vez estudiada la solicitud, se ha verificado que la información que se requiere es manifiestamente repetitiva al haber sido ya facilitada al mismo solicitante, el pasado 6 de septiembre de 2021, sin que exista ninguna modificación sobre los datos en su momento ofrecidos. En definitiva, teniendo en cuenta que los datos ya han sido facilitados procede inadmitir la solicitud de acceso a la información pública presentada por usted. Todo ello al amparo de lo previsto en el artículo 18.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. Se adjunta esta contestación en el anexo 1 como Documento n.º 7. Sexto: Frente a estas respuestas de la Universidad de La Rioja, ha presentado reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, alegando que la Universidad de La Rioja no ha dado respuesta a su solicitud de información pública concerniente a los siguientes puntos: “Respecto a la persona contratada en el curso 2020/2021 para sustituir a la profesora : 1. Indicación de la persona o personas que propusieron dicha contratación. 2. Copia del acta del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Departamento 3. Copia del acta del Departamento de Derecho proponiendo dicha contratación. 4. Indicación del método de selección de la persona referida con expresa indicación de si fueron valoradas o no otras candidaturas y/o currículums.” A tal efecto, esgrime que dicha información fue solicitada tanto en su escrito de 6 de agosto de 2021 como en el de 19 de octubre de 2021, sin que hasta el momento haya sido facilitada por la Universidad. Séptimo: Centrados así los antecedentes de la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que ahora nos ocupa, es claro que la información reclamada por el interesado fue solicitada en su solicitud de 6 de agosto de 2021 y reiterada en la de 19 de octubre de 2021. En cuanto a la contestación del Rector de la Universidad de La Rioja de 19 de noviembre de 2021, en el que se da respuesta a la petición formulada el 19 de octubre de 2021 por el Sr. , la Universidad de La Rioja se ratifica en la decisión adoptada, en la medida en que la solicitud era repetitiva de la anterior, tal y como el propio interesado reconoce en su reclamación. Teniendo en cuenta esta circunstancia y no habiendo existido ninguna modificación sobre los datos en su momento ofrecidos, la solicitud de información fue inadmitida, al amparo de lo previsto en el artículo 18.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En efecto, basta una somera lectura de ambas solicitudes, la presentada el 6 de agosto y el 19 de octubre de 2021 para concluir que son idénticas en la parte que nos atañe, por lo que de considerar que la respuesta inicial de la Universidad era incompleta debió reclamarse contra ella en lugar de reiterar su petición. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la solicitud de 6 de agosto de 2021 fue resuelta mediante resoluciones del Rector de 6 de septiembre y 15 de octubre de 2021. Estas resoluciones fueron notificadas al interesado con fecha 6 de septiembre y 18 de octubre de 2021.Teniendo en cuenta que contra ellas constaba expresamente que cabía recurso contencioso-administrativo o reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes, es claro que estas resoluciones -que no fueron recurridas en vía administrativa en tiempo y forma- han devenido firmes y, por ende, la reclamación administrativa contra las mismas debe ser, igualmente, inadmitida. En definitiva, atendido lo expuesto, esta Administración considera que la actuación de la Universidad de La Rioja se ha ajustado en todo momento a las previsiones contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y que las resoluciones de de 6 de septiembre y 15 de octubre de 2021 dieron cumplida respuesta a la información solicitada por el reclamante el 6 de agosto de 2021. A este propósito, creemos necesario incidir en el hecho de que la contratación de la persona para sustituir a la profesora durante el curso en el curso 2020/2021 se rigió por el procedimiento extraordinario previsto en los artículos 24 y siguientes de la normativa para la selección de personal docente e Investigador interino o contratado temporal de la Universidad de La Rioja para el curso 2020/2021, aprobada por Consejo de Gobierno el 21 de abril de 2020. De este extremo fue informado expresamente el interesado en nuestra contestación de fecha 6 de septiembre de 2021. Pues bien, basta una lectura de los referidos preceptos para constatar que este procedimiento extraordinario no prevé la intervención de ningún otro órgano administrativo, más allá del Director del Departamento. Por tanto, el estaba solicitando información que no existía en el expediente de contratación -ni debía existir- como es la copia del acta del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Departamento de Derecho proponiendo dicha contratación ni la copia del acta del Departamento de Derecho proponiendo dicha contratación. Octavo: Por último, resulta necesario llamar la atención sobre el marco en el que ha solicitado la información. En particular, ha presentado desde el 8 de Julio de 2021 más de 20 peticiones entre solicitudes de acceso a la información públicas e instancias de acceso al expediente en su condición de interesado, todas ellas relativas al procedimiento de contratación de profesores temporales en la Universidad de La Rioja. A pesar de las dudas interpretativas que suscitan alguna de parte de las solicitudes presentadas en cuanto a su amparo en la LTAIBG, la Universidad de La Rioja ha resuelto en plazo cada una de ellas y ha optado en todo momento por una interpretación favorable a la transparencia que permita al solicitante obtener la mayor información en relación con los procesos selectivos de profesorado llevados a cabo en esta Universidad y en los que el ha mostrado un especial interés. De hecho, a fecha de hoy, no nos consta que el haya interpuesto reclamación alguna contra la Universidad ante el CTIBG, más allá de la reclamación que ahora nos atañe. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014 , de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las Comunidades Autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de esta previsión, han suscrito convenio con este Organismo las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. A estos efectos, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la “información pública” como https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/transparencia/portal transparencia/informacion econ pres esta/ convenios/conveniosCCAA.html “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En función de los preceptos mencionados la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas con el requisito de que se trate de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la propia Ley. Una universidad pública es un sujeto obligado a los efectos del derecho de acceso de acuerdo con los artículos 2.1.d) de la LTAIBG y 2.1 de la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. Por su parte, la información solicitada por el ahora reclamante, sobre la cobertura de un puesto en una universidad pública, debe considerarse como información pública, puesto que obra en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG que dispone de ella en el ejercicio de las funciones que tiene legalmente reconocidas. 4. Entrando en el fondo del asunto de la reclamación, debe analizarse en primer lugar lo invocado por la Universidad de la Rioja en sus alegaciones y en la resolución del Rector de 19 de noviembre de 2021, sobre el carácter repetitivo de la solicitud que da origen a esta reclamación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 e) de la LTAIBG. A este respecto debe recordarse que el reclamante presentó dos solicitudes relacionadas con la cobertura de una plaza en la universidad, una el 5 de agosto de 2021 y otra el 19 de octubre de 2021. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en ejercicio de las funciones que tiene atribuidas legalmente por las letras a) y e) del artículo 38.1 de la LTAIBG, ha elaborado el Criterio interpretativo 3/2016, de 14 de julio, con el fin de delimitar el alcance del carácter repetitivo de una solicitud. Así, respecto a una solicitud de información “manifiestamente repetitiva”, el Criterio indica lo siguiente: “Gramaticalmente, se define como aquella que lleva a decir o resolver algo que ya se ha dicho o resuelto anteriormente. En los términos de la Ley, para que la solicitud pueda ser inadmitida, se requiere. A) Que sea repetitiva y B) Que esta característica sea manifiesta. Por lo tanto, y toda vez que es requisito derivado de los términos en los que se pronuncia la Ley que la solicitud sea, no sólo repetitiva sino que lo sea manifiestamente, procede interpretar qué se entiende por solicitud manifiestamente repetitiva: Una solicitud será MANIFIESTAMENTE repetitiva cuando de forma patente, clara y evidente: -Coincida con otra u otras presentadas anteriormente por el mismo o los mismos solicitantes y hubiera sido rechazada por aplicación de alguno de los límites del artículo 14 o 15 de la LTAIBG o por concurrir alguna causa de inadmisión en los términos del artículo 18. En todo caso, la repuesta debe haber adquirido firmeza por el transcurso de los plazos de reclamación o recurso contencioso-administrativo sin que éstos se hubieran interpuesto o cuando, habiéndose presentado, hubieran sido definitivamente resueltos y la denegación o inadmisión hubiese sido avalada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno u órgano autonómico equivalente competente o por el órgano judicial correspondiente. -Coincida con otra u otras presentadas anteriormente por el mismo o los mismos solicitantes y, habiéndose admitido a trámite, se hubiera ofrecido ya la información sin que hubiera existido ninguna modificación real o legal sobre los datos en su momento ofrecidos. En estos casos, deberá justificarse adecuadamente la ausencia de modificación de los datos inicialmente ofrecidos. -El solicitante o solicitantes conocieran de antemano el sentido de la resolución por habérsele comunicado en un procedimiento anterior por el órgano informante. -Coincidan con otra u otras dirigidas al mismo órgano en períodos de tiempo inferiores a los plazos de tramitación legalmente previstos, de tal forma que las solicitudes presentadas previamente no hubieran finalizado su tramitación. -Cuando fueran de respuesta imposible, bien por el contenido o p or razones de competencia y así se hubiera notificado y justificado al solicitante de información”. En el caso de las solicitudes a las que se refiere esta reclamación debe indicarse que en la primera de ellas la universidad señaló al ahora reclamante que se concedía “un plazo de quince días a los terceros afectados para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas” y que se suspendía “el plazo para la dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones de los terceros afectados o haya transcurrido el plazo para su presentación”. El 15 de octubre de 2021 se comunica al reclamante la titulación de la persona elegida para la plaza sobre la cual se había solicitado la información. A la vista de estos hechos, el reclamante presenta una segunda solicitud referida a cuestiones que en la primera no habían sido respondidas. Todo ello hace que, a juicio de este Consejo, no resulte predicable el carácter manifiestamente repetitivo de la segunda reclamación al no darse los supuestos recogidos en el Criterio 3/2016 y, en consecuencia, no pueda aceptarse esa alegación de la Universidad de La Rioja. 5. La información que queda por proporcionar al reclamante hace referencia a la obtención de copias de las actas de dos reuniones del departamento de derecho de la universidad. Con respecto a esta cuestión, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene un criterio claro y definido que considera que la LTAIBG ampara el acceso a las actas de los órganos colegiados de dirección de Organismos y entidades públicas en la medida en que sus decisiones tienen incidencia en el ejercicio de funciones públicas y, por lo tanto, su conocimiento entronca con la finalidad de la norma, expresada en su Preámbulo: La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Sin embargo, la Universidad de la Rioja en sus alegaciones ha señalado la inexistencia de “copia del acta del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Departamento de Derecho proponiendo dicha contratación ni la copia del acta del Departamento de Derecho proponiendo dicha contratación”. En este sentido, cabe recordar que, a tenor del preámbulo de la LTAIBG, ésta tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española y desarrollados por aquella norma. Por su parte, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como los “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En último extremo, el artículo 24.1 de la LTAIBG prevé, como mecanismo de impugnación en los procedimientos de acceso a la información pública, la presentación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de una reclamación frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. De acuerdo con lo expuesto, es posible concluir afirmando que las reclamaciones planteadas ante este Consejo tienen por finalidad declarar el derecho de acceso a la información pública del solicitante cuando concurran los presupuestos de hecho establecidos en dicha norma, no pudiendo esta Institución entrar a conocer de aspectos que no forman parte del objeto de la misma. En el caso de esta reclamación ese objeto lo constituye el acceso a copias de las actas de dos reuniones del departamento de derecho de la universidad. Según la premisa acabada de reseñar, y en atención a lo manifestado por la Universidad de La Rioja en sus alegaciones, la información solicitada no obra en su poder en la medida en que ha puesto de manifiesto que no existen tales actas. Este Consejo cree firmemente que, en sus relaciones con otras administraciones públicas, rigen los principios generales del artículo 3.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Ello implica que presupone la veracidad de los documentos procedentes de otras administraciones y de los argumentos recogidos en ellos. En conclusión, procede desestimar la reclamación planteada al no existir el objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso a la información pública en los términos establecidos en los artículos 12 y 13 de la LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada al no existir objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso a la información de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Cont encioso-Administrativa EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez