Reclamación por acceso a información sobre el seguimiento de contagios y brotes de COVID-19 en el Principado de Asturias con resultado estimatorio

Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales Resolución RT 0849/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en fecha 2 de junio de 2021 el reclamante remitió una carta al Consejero de Salud del Principado de Asturias en la que, bajo el asunto «Información sobre contagios y brotes COVID en Asturias», solicitaba la siguiente información: «(…) le solicito que en la medida de lo posible nos faciliten información del seguimiento de contagios y brotes COVID19 en nuestra comunidad autónoma, atendiendo al menos a su fecha, localización y ámbito socioeconómico en el que se hubieran producido. (…).» 2. Ante la ausencia de respuesta, el día 5 de octubre de 2021 el reclamante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG). 3. En fecha 7 octubre de 2021 el CTBG remitió el expediente al Director General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 de la Consejería de Presidencia, así como a la Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud, ambos del Principado de N/REF: RT 0849/2021 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Prin cipado de Asturias / Consejería de Salud. Información solicitada: Seguimiento de contagios y brotes de la COVID-19 en el Principado de Asturias. Plazo de ejecución: 20 días hábiles. Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales Asturias, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. El día 28 de octubre de 2021 se recibe escrito de alegaciones firmado por la Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud, en el que se sostiene lo siguiente: «(…) Con fecha 14 de octubre de 2021 se recibe en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, la reclamación presentada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por don , frente a la omisión de contestación a su previa solicitud de acceso a la información relativa al seguimiento de contagios y brotes COVID 19 en la comunidad autónoma. El pasado 2 de junio de 2021 , presidente del Colegio Oficial de Diplomados y Graduados en Enfermería del Principado de Asturias, presenta, a través del Sistema de Interconexión de Registros, una carta dirigida al Consejero de Salud y con copia al Director General de Salud Pública en la que solicita información sobre el seguimiento de contagios y brotes COVID 19. Dicha carta en ningún momento refiere que la solicitud se realiza al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno o de la Ley del Principado de Asturias 8/2018 de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés. La petición tampoco se realizó en el modelo de solicitud establecido, el cual es obligatorio de conformidad con el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Por todo ello, el escrito presentado por don no tuvo entrada en esta Secretaría General Técnica como solicitud de acceso a información pública ya que, ni el formato ni los términos empleados en la misma daban a entender que se tratase de este tipo de procedimiento (el propio interesado en el justificante de presentación de su escrito de fecha 2 de junio de 2021 y que nos ha sido remitido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, califica su solicitud como “carta al Consejero”). No obstante, una vez recibida la reclamación presentada se solicitó informe a la Dirección General de Salud Pública sobre los términos expresados en la misma. El 22 de octubre de 2021 se recibe informe de la Unidad de Coordinación COVID 19, que se transcribe a continuación: “El estudio y seguimiento de contagios y brotes COVID 19 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realiza por una doble vía: 1. A través de la red de rastreadores del Sistema de Vigilancia de Contactos Estrechos (SVCE) y de los Equipos de Atención Primaria. Los Equipos de Atención Primaria realizan el seguimiento de los casos COVID19. Los rastreadores del SVCE realizan una entrevista telefónica al caso positivo, para realizar las recomendaciones de aislamiento, obtener información epidemiológica acerca de la posible fuente de infección a través de un cuestionario epidemiológico, y comenzar con la identificación de sus contactos estrechos. A continuación se procede a llamar a los contactos estrechos del caso positivo para realizarles una encuesta epidemiológica, informarles acerca de las medidas de cuarentena, y solicitarles las pruebas PCR pertinentes. Cuando se detecta la existencia de cualquier agrupación de tres o más casos confirmados o probables con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico, se crea un “evento” y se comunica a Vigilancia Epidemiológica. De este modo, el objetivo del SVCE es romper las cadenas de transmisión mediante dos acciones: { /vš](]Œ } Ç }všš} šŒZ}U µŒvšvŒo} Ç ‰ir pruebas PCR para detectar precozmente posibles casos secundarios y evitar la propagación del virus. {Identificar lo más precozmente posible la existencia de brotes o focos epidemiológicos y establecer las cadenas de transmisión y vínculos epidemiológicos, para dar esta información a la autoridad sanitaria y permitirle anticiparse en la toma de medidas. 2.- A través del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud, receptores de una doble información: { o }uµv]]}v Œµoš} ‰}]š]À} }Œ}vÀ]Œµde los ámbitos sanitarios público y privado. { o} Œµoš} o} µš]}vŒ]} Œo]Ì} o} }  o PŒµ‰} rastreadores y del hallazgo de brotes. Desde Vigilancia Epidemiológica se realiza el estudio de agrupaciones de casos y posibles brotes, comunicando semanalmente dicha información al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Dicha información está disponible en el enlace (…).» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo recurso contencioso-administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las Comunidades Autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de esta previsión, han suscrito convenio con este Organismo las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 3. Con carácter previo a conocer sobre el fondo del asunto planteado, cabe formular la siguiente consideración acerca del cauce empleado por el solicitante para requerir la información. En sus alegaciones, la administración concernida señala que «el escrito presentado por don no tuvo entrada en esta Secretaría General Técnica como solicitud de acceso a información pública ya que, ni el formato ni los términos empleados en la misma daban a entender que se tratase de este tipo de procedimiento.» Por lo que respecta a los «términos empleados» por el solicitante, si bien en su escrito no invocaba de forma expresa que la solicitud de información se presentase al amparo de la ley de transparencia, ello era incuestionable, puesto que dicho escrito reunía los requisitos que para las solicitudes de acceso a la información pública establece el artículo 17 de la LTAIBG. En este sentido, cabe recordar que a la hora de tramitar una solicitud de información pública no es necesaria la invocación de la ley de transparencia, sino que debe atenderse a los términos de la solicitud y comprobar si su naturaleza es la de una solicitud de información al amparo de dicha normativa. Así se pronuncia este Consejo en el documento «100 Preguntas https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/es/transparencia/portal-transparencia/informacion- econ/convenios/conveniosCCAA.html sobre Transparencia» , elaborado para ayudar en su tarea a los encargados de cumplir la LTAIBG. En relación con el «formato», efectivamente, el cauce correcto para solicitar la información pública en el marco Principado de Asturias lo constituye el «modelo normalizado para la presentación de solicitudes de acceso a la información pública», aprobado por Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias , toda vez que el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP) prescribe que «[c]uando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados». Por consiguiente, la administración destinataria de la solicitud debía, en primer lugar, haber considerado el escrito dirigido al Consejero de Salud como una solicitud de acceso a la información pública y, en segundo lugar, haber requerido su subsanación, conforme a lo dispuesto en el artículo 68.1 de la LPACAP, por no haberse presentado mediante el modelo normalizado, de uso preceptivo. En cuanto al fondo del asunto, si bien se pone en valor que la Consejería de Salud haya facilitado parte de la información en fase de alegaciones, ésta se circunscribe a la doble vía utilizada para el estudio y seguimiento de contagios y brotes Covid-19 en el Principado de Asturias. No se incorporan, por el contrario, los datos relativos a la «fecha, localización y ámbito socioeconómico en el que se hubieran producido» los contagios, o se justifica, en su defecto, la imposibilidad de aportar tal información. A la vista de cuanto antecede, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública y que la Consejería de Salud del Principado de Asturias no ha justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 en relación con el resto de los datos requeridos, este Consejo ha de estimar la reclamación presentada, debiéndose aportar al reclamante la información solicitada de modo que se ajuste, en la medida de lo posible, al desglose especificado en la solicitud de 2 de junio de 2021. cse&cx=015503211893170276735:esa98j771tm&q=https://www.consejodetransparencia.es/dam/jcr:7d5674ae-644d- 4255-873c- ccc40e8b43df/100preguntas imp.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiP29fHoKP2AhUPCxoKHah1D sQFnoECAIQAQ&usg=AOvVa w0gJeqSajahtFvXhBD1drdo III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada, por constituir su objeto información pública en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. SEGUNDO: INSTAR a la Consejería de Salud del Principado de Asturias a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite al reclamante la información solicitada, ajustándose en todo lo que sea posible al desglose indicado en la solicitud. TERCERO: INSTAR a la Consejería de Salud del Principado de Asturias a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez