Reclamación de acceso a informes técnicos y jurídicos sobre licencias de parques eólicos en el Ayuntamiento de Bonete estimada por el CTBG

Página1de 7 Resoluciónreclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) al Ayuntamiento de Bonete, el 30 de marzo de 2023, la siguiente información: “Copia digital de los informes técnicos y jurídicos, ambos preceptivos, aportados a los expedientes incoados para la tramitación y concesión de licencias de obra, de uso y de actividad para cada parque eólico instalado en el término municipal”. 2. Ante la ausencia de respuesta a su solicitud, el reclamante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, (en adelante, CTBG), el 5 de mayo de 2023, registrada con número de expediente 1587-2023. N/REF:Expte. 1587-2023 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ayuntamie nto de Bonete (Albacete) Información solicitada: Copia de informes para la instalación de parque eólico en el término municipal. Plazo de ejecución:30 días. RA CTBG Número: 2023-1087 Fecha: 22/12/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente 3. Mediante oficio de 8 de mayo de 2023 el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Bonete, al objeto de que pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. En la fecha en que se dicta la presente resolución no se ha recibido contestación al requerimiento de alegaciones efectuado. No obstante, el Ayuntamiento de Bonete ha respondido al requerimiento de alegaciones del CTBG realizado en relación con una solicitud muy similar del mismo reclamante, que ha dado lugar a la presentación de la reclamación con número de expediente 1593-2023. En esta reclamación el ayuntamiento ha alegado lo siguiente: “(….) Segundo.-Este Ayuntamiento, de una localidad de 979 habitantes, cuenta con una estructura muy pequeña de personal para los servicios administrativos, actualmente compuesta de un secretario-interventor y una auxiliar administrativa, servicio que ha habido que reforzar con otra auxiliar administrativa por exceso o acumulación de tareas ante la cantidad de trabajo acumulado. Tercero.- En fecha 29 de marzo de 2023, se produjo el cese de la arquitecto municipal. Subrayar que la técnico estaba contratada a través de la Mancomunidad y prestada sus servicios una vez por semana (jueves). Cuarto.- La carga de trabajo existente en este Ayuntamiento y la falta de medios personales y materiales impidió resolver la solicitud de (….). Quinto.- El art. 31.1 de la Ley 4/2016 de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla La Mancha, dispone que las solicitudes se inadmitirán a trámite por las siguientes causas y con arreglo a las siguientes reglas: e) Por ser manifiestamente repetitivas o tener un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley, debiendo entender por “carácter abusivo” la interpretación que, de ese concepto, realiza el Consejo de Transparencia que en la resolución CI/003/2016, donde dice: (…..) Sexto.- La información solicitada por el interesado ni siquiera delimita un período temporal, por lo que podríamos entender que requiere todo informe técnico elaborado por personal de la Excma. Diputación de Albacete en cualquier tiempo. Supondría, como primera actuación, que la Excma. Diputación de Albacete nos facilitara el personal laboral que ha prestado estos servicios en cualquier tiempo. RA CTBG Número: 2023-1087 Fecha: 22/12/2023 Después, para poner a disposición los informes solicitados, tener que revisar en los archivos en papel todos los expedientes que obran en poder del Ayuntamiento, así como los expedientes electrónicos, cuyo número sería elevado, los cuales contienen datos especialmente protegidos que, en su caso, deben ser disociados, así como datos personales objeto de protección. Ello supondría tener que fotocopiar o imprimir todos y cada uno de los documentos que integran los distintos expedientes para poder realizar la disociación de los datos sujetos a protección. La tercera actuación supondría (una vez disociado los datos) tener que escanear todos los expedientes, con toda la documentación que cada uno de ellos contiene, para su digitalización, y que es imposible de determinar. Evidentemente esa labor, con los medios (materiales y personales) de que dispone el Ayuntamiento de Bonete, supondría tener que paralizar todo durante, como mínimo 2 o 3 meses, o más, dado que resulta imposible calcular el tiempo a emplear. (….)” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, econ/convenios/conveniosCCAA.html Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. A tenor de lo dispuesto en su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. La información solicitada en este expediente tiene la consideración de información pública, en la medida en que obra en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Ayuntamiento de Bonete, quien dispone de ella en el ejercicio de las funciones que tienen legalmente reconocidas. 4. En el caso de esta reclamación, como se ha indicado en los antecedentes, el Ayuntamiento concernido no ha dado respuesta al solicitante y tampoco ha contestado al requerimiento de alegaciones formulado por este Consejo. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente, al no proporcionarle ni las razones por las que no se atendió la solicitud de acceso ni la valoración de las cuestiones planteadas por el reclamante, con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. Como consecuencia de ello, este Consejo ignora si, en atención a su contenido, concurre alguna circunstancia que impida su puesta a disposición. Sin embargo, y como se ha indicado en los antecedentes de esta resolución, el ayuntamiento en una solicitud muy similar del mismo reclamante ha invocado que la solicitud tiene un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley, conforme a la segunda parte del artículo 18.1 e) de la LTAIBG. El abuso de derecho es una conducta declarada ilícita por el artículo 7 del Código Civil en el que se dispone que «[l]os derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe», a lo que añade que «[l]a Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo», precisando acto seguido que «[t]odo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.» Ahora bien, para estimar que el ejercicio de un derecho tiene carácter abusivo debe constatarse que se dan los presupuestos establecidos por el Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia, que el propio Tribunal recopiló en el fundamento jurídico octavo de su Sentencia 6592/2010, de 15 noviembre (ECLI:ES:TS:2010:6592) en los siguientes términos: “La doctrina del abuso de Derecho, en palabras de la STS de 1 de febrero de 2006 (RC nº. 1820/2000 ) se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciado, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho ( Sentencias de 8 de julio de 1986 , 12 de noviembre de 1988 , 11 de mayo de 1991 y 25 de septiembre de 1996 ); exigiendo su apreciación, en palabras de la Sentencia de 18 de julio de 2000, una base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo).” De igual modo en la STS de 12 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3870) se recuerda, en primer lugar, que «en la delimitación subjetiva establecida por el artículo 12 de la LTAIBG examinado, no se hace mención alguna sobre la exclusión de solicitudes de acceso por razón del interés privado que las motiven», añadiendo a continuación que «el concepto de información pública definido por el artículo 13 de la LTAIBG, (…) no hace ninguna distinción por razón del interés público o privado que presente la solicitud» y remarcando, finalmente, que el interés meramente privado no puede reconducirse en todo caso a la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.e) LTAIBG «porque la repetida causa de inadmisión del artículo 18.1.e) LTAIBG exige el doble requisito de carácter abusivo de la solicitud y falta de justificación en la finalidad de transparencia de la ley, sin que ninguna de las resoluciones denegatorias del acceso haya siquiera contemplado la concurrencia del requisito de la conducta abusiva, que no puede apreciarse en este caso». Por tanto, la resolución que inadmita una reclamación con fundamento en el artículo 18.1.e) LTABIG debe justificar, por un lado, el carácter abusivo de la reclamación (por incurrir en un abuso de derecho conforme al artículo 7 del Código Civil) y, por otro, la ausencia de justificación en la finalidad de transparencia (sin que para ello resulte suficiente la persecución de un interés meramente privado). Y estas dos circunstancias deben concurrir cumulativamente pues se trata de un doble requisito según señala la citada STS de 12 de noviembre de 2020. En el caso de esta reclamación no aparece suficientemente explicada la ausencia de justificación en la finalidad de transparencia, puesto que se está solicitando información sobre los términos en que se concedió la autorización para la instalación de parques eólicos en el municipio, es decir, que la solicitud pretende conocer cómo se han tomado decisiones públicas y cómo se han manejado los fondos públicos, fines que la propia LTAIBG invoca en su preámbulo: Por lo tanto, al no darse la doble concurrencia que señala la jurisprudencia no cabe considerar que la solicitud tiene un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la LTAIBG. Por lo tanto, dado que la información solicitada tiene la condición de información pública y que el Ayuntamiento de Bonete no ha justificado suficientemente la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 , este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada. Dados los escasos medios personales que indica el ayuntamiento se concede un plazo de tiempo amplio, de 30 días hábiles, para poder cumplir con esta resolución de manera que no se vean afectados los servicios públicos que presta. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Bonete. SEGUNDO: INSTARal Ayuntamiento de Bonete a que, en el plazo máximo de treinta días hábiles, facilite al reclamante la siguiente información: -Copia íntegra de los informes técnicos y jurídicos, ambos preceptivos, aportados a los expedientes incoados para la tramitación y concesión de licencias de obra, de uso y de actividad para cada parque eólico instalado en el término municipal. TERCERO: INSTARal Ayuntamiento de Bonete a que, en el mismo plazo máximo de treinta días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez