Solicitud de relación de entidades locales con delegación de gestión tributaria y funciones de inspección, estimada por motivos formales

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 22 de abril de 2023 el reclamante solicitó a la Diputación Provincial de Guadalajara, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “Relación de entidades locales con delegación de gestión de tributos locales y de otros derechos respecto de las cuales, en relación a esos tributos y derechos, se han llevado a cabo cualquiera de las funciones que se detallan en el art. 141 de la Ley 58/2003, General Tributaria, desglosadas en cada uno de los ejercicios 2018 a 2023, ambos incluidos”. N/REF:Expte. 1860-2023 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Di putación Provincial de Guadalajara. Información solicitada:Relación de entidades locales que han delegado la gestión de sus tributos. RA CTBG Número: 2023-1085 Fecha: 22/12/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente 2. Ante la ausencia de respuesta por parte de la administración concernida, el solicitante presentó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) a la que se da entrada el 26 de mayo de 2023, con número de expediente 1860-2023. 3. El 1 de junio de 2023 el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General de la Diputación Provincial de Guadalajara, al objeto de que por el órgano competente pudieran presentarse las alegaciones que se considerasen oportunas. El 1 de agosto de 2023 se recibe contestación al requerimiento de alegaciones efectuado, que incluye un informe de la Diputación Provincial de Guadalajara, de 27 de julio de 2023, que se pronuncia en los siguientes términos: “(…) 1. Carácter repetitivo de la solicitud de información En el presente caso, hay que tomar en consideración las mú ltiples solicitudes dirigidas por el interesado a esta Diputación en relación con las delegaciones en materia de gestión recaudatoria conferidas por las Entidades Locales de la provincia a la Diputación Provincial de Guadalajara (…). 2. Información facilitada con anterioridad. Se ha aportado al interesado en reiteradas ocasiones la información solicitada, la cual se encuentra en su mayor parte publicada, facilitándole copia a los diversos enlaces y documentación obrante en distintos expedientes y en el archivo. Si el interesado hubiera leído la información aportada, conocería que la petición actual carece de fundamento, por cuanto en las delegaciones de competencias de gestión recaudatoria efectuadas no se contienen facultades de inspección del artículo 141 de la Ley General Tributaria. 3. Informe del Servicio Provincial de Recaudación. Solicitado informe al servicio competente indica lo siguiente: Conviene antes de nada aclarar que el artículo 141 de la Ley General Tributaria, se refiere a la inspección tributaria y comprende una serie de funciones. Pues bien, la Diputación Provincial de Guadalajara no ostenta por delegación las facultades de inspección, cuestión está de la que fue informado en su momento el Tribunal de Cuentas, que es quien tiene reservado por la propia constitución las funciones de fiscalización (véase art.136 CE), sin que esta función de control pueda RA CTBG Número: 2023-1085 Fecha: 22/12/2023 ser arrogada por ningún particular y/u organización, y menos aun valiéndose de insinuaciones insidiosas apriorísticas, realizadas con evidente temeridad y con manifiesto desprecio hacia la verdad, que socaban y ponen en cuestión injustificadamente la reputación de una administración que hasta la fecha no tiene tacha o mácula en su intachable trayectoria administrativa”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.» Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión de un organismo incluido en su ámbito de aplicación, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. econ/convenios/conveniosCCAA.html Según se expresa en el preámbulo de la LTAIBG, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», puesto que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, la Diputación Provincial de Guadalajara, quien dispone de ella en el ejercicio de las funciones que tiene legalmente reconocidas. 4. Las reglas generales del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública se abordan en los artículos 17 a 22 de la LTAIBG, especificándose en el artículo 20 los plazos para la resolución de las solicitudes de información. Del anterior precepto se infieren dos consideraciones. La primera consiste en la existencia de una regla procedimental específica aplicable a aquellos casos de considerables solicitudes de información en atención a su volumen o complejidad. En efecto, en el segundo párrafo del artículo 20.1 de la LTAIBG se prevé que cuando concurra el supuesto de hecho de que “el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”, la consecuencia jurídica será que la administración pública que debe resolver la solicitud de acceso a la información tiene la posibilidad de ampliar el plazo de un mes del que dispone para dictar y notificar la resolución por otro mes adicional. En este caso, no se aplicó la ampliación del plazo acabada de reseñar, tal y como se deduce de los antecedentes que obran en el expediente, de modo que la administración disponía de un mes para dictar y notificar la resolución en materia de acceso a la información solicitada. La segunda consecuencia que se deriva del señalado precepto, que guarda relación con la anterior, consiste en que el artículo de referencia vincula el comienzo del cómputo del plazo de un mes del que dispone la administración para resolver, mediante resolución expresa o por silencio administrativo, a la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano competente para resolver. En el caso de esta reclamación, tal fecha era el 22 de abril de 2023, de manera que el órgano competente disponía de un mes para dictar y notificar la correspondiente resolución. 5. Entrando en el fondo del asunto, según se desprende de la documentación obrante en el expediente de la reclamación, la Diputación Provincial de Guadalajara no ostenta, por delegación, las facultades de inspección previstas en el artículo 141 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Por ello, podría afirmarse que la información solicitada por el reclamante no existe como tal, al no darse la premisa requerida en cuanto a la relación de entidades locales que han delegado la gestión de sus tributos en la Diputación Provincial de Guadalajara, respecto de las que se han llevado a cabo esas funciones de inspección. La administración concernida alega en su escrito que procedería la aplicación de la causa de inadmisión del artículo 18.1 e) de la LTAIBG, por entender repetitiva la solicitud de acceso, así como manifiesta que la información solicitada ya ha sido puesta a disposición del reclamante. Sin perjuicio de ello, y a pesar de no haberlo explicitado en este sentido, puede entenderse satisfecha la actual solicitud de acceso a la información del reclamante al haberle informado acerca de la no existencia de la información por él requerida, en los términos expresados en su solicitud. Para estos casos en que la información se concede, pero fuera del plazo establecido en la LTAIBG, procede estimar la reclamación planteada por motivos formales, por haberse vulnerado el derecho del solicitante a obtener una resolución en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesario presentar una reclamación ante el CTBG para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jJurídicos descritos, procedeESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 tiene la consideración de sustitutiva de los recursos BOE-A-2003-23186 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez