Reclamación de acceso a información económica, presupuestaria y actas del Concejo de Bustamante estimada

Página1de 7 Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el 12 de marzo de 2023 el reclamante solicitó de forma manuscrita al Concejo de Bustamante, en el municipio de Campoo de Yuso, al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “- copia de las actas existentes desde el año 2017 - extracto íntegro de la cuenta corriente o cuentas corrientes de esta entidad local desde el 2017 - justificantes de los ingresos habidos en dicho periodo, donde conste ordenante, importe y concepto N/REF:Expte. 1713-2023 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ayu ntamiento de Campoo de Yuso, Concejo de Bustamante (Cantabria). Información solicitada:Diversa información económico-presupuestaria. Plazo de ejecución:30 días. RA CTBG Número: 2023-1061 Fecha: 18/12/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente - justificantes de los gastos incurridos, facturas o similares desde el 2017 - acreditación de las subvenciones percibidas por esta entidad en los últimos cuatro años, y justificación de su destino.” 2. Ante la ausencia de respuesta, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) el 11 de mayo de 2023, a través de representante, con número de expediente 1713-2023. 3. El 26 de mayo de 2023 el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Campoo de Yuso, al objeto de que pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. El Alcalde de dicha localidad ha contestado el 29 de mayo de 2023, alegando que ha remitido la solicitud al Concejo de Bustamante: “Se pone en conocimiento del citado Consejo que se ha dado traslado de dicha notificación al CONCEJO ABIERTO DE BUSTAMANTE, con CIF , dado que, conforme a la Ley 3/2022, de 14 de junio, de Entidades Locales Menores, las entidades locales menores de Cantabria constituyen una forma de administración de núcleos de población separados dentro del municipio, de ámbito territorial inferior a él y que tienen oficialmente reconocido ese carácter. Las entidades locales menores de Cantabria tienen personalidad jurídica propia, capacidad jurídica y de obrar, condición de Entidad Local y constituyen una forma de organización descentralizada del Municipio respectivo para la administración de sus núcleos de población separados. Se da traslado a dicha Entidad Local Menor, dado que, según se deduce de los antecedentes de la reclamación, esta se ha efectuado en fecha 12 de marzo de 2023 ante el Concejo Abierto de Bustamante, siendo esta la entidad responsable de facilitar la documentación requerida al interesado, y que, al parecer, no habiendo facilitado la misma, da pie a la actual reclamación. Indicar que el Ayuntamiento de Campoo de Yuso no dispone de ningún expediente que remitir al Consejo de Transparencia, ni debe emitir informe relativo a las alegaciones pertinentes para la resolución de la reclamación, dado que en ningún momento se ha efectuado petición alguna de información al Ayuntamiento de Campoo de Yuso en el marco de esta reclamación, no siendo tampoco la administración titular de la información solicitada.” RA CTBG Número: 2023-1061 Fecha: 18/12/2023 II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.» De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información económica y legal solicitada debe considerarse «información pública», la cual obra en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Concejo Abierto de Bustamante, entidad local menor con personalidad jurídica propia reconocida en la Ley 3/2022, de 14 de junio, de Entidades Locales Menores , de Cantabria, el cual dispondría de ella en virtud del estatuto legal de las entidades locales menores reconocidas en los artículos 42 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local , en relación el ejercicio de las competencias presupuestarias establecidas por el Real Decreto econ/convenios/conveniosCCAA.html 7https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12386 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales . En el presente expediente, además de la información sobre actas de las sesiones de la junta vecinal, se solicita información sobre movimientos de ingresos y gastos, y su justificación, constituyendo ésta una información contable, y sobre subvenciones. La LTAIBG establece una obligación general de publicidad activa en dicha materia, en su artículo 8, el cual dispone lo siguiente: “Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística. 1. Teniendo en cuenta las competencias legislativas de las Comunidades Autónomas, los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación: (…) d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. (…).” Con independencia de dichas obligaciones de publicidad activa, el solicitante quiere disponer de la descripción íntegra de los conceptos relativos a los apuntes de gastos e ingresos de varios ejercicios económicos, lo cual sería posible siempre que no concurra ninguna causa de inadmisión o límite legal de acceso, en protección de otros bienes jurídicos o derechos de carácter personal. Respecto a la obtención de las actas, no existe óbice en la obtención de copia de las mismas, tal y como ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 4. Como se ha indicado en los antecedentes, el Ayuntamiento de Campoo de Yuso ha remitido la solicitud a la entidad local menor concernida. Sin embargo, el concejo no ha dado respuesta al solicitante en cuanto al contenido de su solicitud, ni aportado información al CTBG en relación con la reclamación presentada. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente, al no proporcionarle ni las razones por las que no se atendió la solicitud de acceso ni la valoración de las cuestiones planteadas por el reclamante, con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información 9 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214 solicitada. Como consecuencia de ello, este Consejo ignora si, en atención a su contenido, concurre alguna circunstancia que impida su puesta a disposición. Sin embargo, el incumplimiento por parte de la administración local de la obligación legal de dictar una resolución expresa sobre la solicitud de acceso no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública. A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia ha de partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información». De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º).» A tenor de lo expuesto, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública y que el Concejo de Bustamante no ha justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 , este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada. El acceso deberá proporcionarse con disociación de los datos de carácter personal, cuando la información documental contenga datos y contenidos que puedan afectar a su protección, tal y como establece el artículo 15.4 de la LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al Concejo Abierto de Bustamante, en Campoo de Yuso. SEGUNDO: INSTAR al Concejo Abierto de Bustamante, en Campoo de Yuso a que, en el plazo máximo de treinta días hábiles, facilite al reclamante la siguiente información: - Copia de las actas existentes desde el año 2017. - Extracto íntegro de la cuenta corriente o cuentas corrientes de esta entidad local desde el 2017. - Justificantes de los ingresos recibidos en dicho periodo, donde conste ordenante, importe y concepto. - Justificantes de los gastos incurridos, facturas o similares desde el 2017. - Acreditación de las subvenciones percibidas por esta entidad en los últimos cuatro años, y justificación de su destino. TERCERO: INSTAR al Concejo Abierto de Bustamante, en Campoo de Yuso, a que, en el mismo plazo máximo de treinta días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez