Reclamación de acceso a información sobre delegación de competencias en urbanismo y situación laboral de personal técnico de la Mancomunidad Tajo-Guadiela

Página1de 7 Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el 17 de enero de 2023 el ahora reclamante solicitó a la Mancomunidad Tajo-Guadiela, a través de una instancia general presentada en la sede electrónica del Ayuntamiento de Valdeconcha, y al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno(en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “Expone Que comparece al amparo de la ley de transparencia. Que comparece para ante la presidencia de la Mancomunidad Tajo-Guadiela que ejerce el Alcalde de N/REF:Expte. 843-2023 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ma ncomunidad Tajo-Guadiela (Guadalajara, Castilla- La Mancha). Información solicitada:Información sobre delegación de competencias en materia de urbanismo. Plazo de ejecución:20 días. RA CTBG Número: 2023-0817 Fecha: 25/09/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente Valdeconcha y se hace a través de su sede municipal porque después de varios intentos no se ha podido acceder a la sede electrónica de la Mancomunidad. Solicita Enlaces correspondientes a los acuerdos de la Mancomunidad por los que se acepta la solicitud de delegación de competencias de los Ayuntamientos en relación a los servicios correspondiente al fin de la mancomunidad establecido en el artículo 3.1.g de los Estatutos de la Mancomunidad -Apoyo técnico a los Ayuntamientos mancomunados para la realización de las competencias que le sean propias- Se trata de publicidad activa, por lo que es deber de la Mancomunidad publicarla en su portal de transparencia. Como publicidad activa, su acceso es gratuito y por ello, como no está publicado, solicito copia gratuita de esa información. En el mismo sentido, copia del soporte documental que justifica que la arquitecta interina de la Mancomunidad ejerce como "arquitecta municipal" de Pastrana, informando expedientes e inspeccionando en materia de urbanismo. Que se sepa, es arquitecta de la mancomunidad y la mancomunidad ejerce las competencias propias o por delegación pero eso no convierte a su personal en personal de ninguno de los ayuntamientos de la mancomunidad.” Según los Estatutos de dicha mancomunidad, publicados en DOCM de 18 de octubre de 1995 , ésta tiene su sede en el municipio de Zorita de los Canes, y así se confirma en su portal web . La misma no está integrada en el sistema de interconexión de registros electrónicos de la administración, SIR. 2. Ante la falta de respuesta por parte de la administración, el solicitante interpone una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) el 21 de febrero de 2023, con número de expediente 843-2023. 3. El 6 de marzo de 2023 el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Valdeconcha, cuyo Alcalde preside la mancomunidad actualmente, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. La dirección postal de dicho ayuntamiento se publicita como dirección de contacto en el Portal web de dicha mancomunidad, antes referido. En la fecha en que se dicta la presente resolución no se han recibido alegaciones en respuesta al requerimiento realizado. 2 http://www.mancomunidadtajo-guadiela.es/c/document_library/get_file?uuid=d3b94078-046f-460b- 9e1b-3b6374f0e678&groupId=252940 3 http://www.mancomunidadtajo-guadiela.es/historia RA CTBG Número: 2023-0817 Fecha: 25/09/2023 II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. A tenor de lo dispuesto en su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión de un organismo incluido en su ámbito de aplicación, bien porque él mismo la ha elaborado, bien econ/convenios/conveniosCCAA.html porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», puesto que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, la Mancomunidad de Tajo-Guadiela, que dispondría de ella en el ejercicio de las competencias propias que les reconocen a las mancomunidades de municipios los artículos 3 y 4 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con la Ley 3/1991 , de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha. 4. En el caso de esta reclamación, como se ha indicado en los antecedentes, la entidad local supramunicipal concernida no ha dado respuesta al solicitante y tampoco ha contestado al requerimiento de alegaciones formulado por este Consejo. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente, al no proporcionarle ni las razones por las que no se atendió la solicitud de acceso ni la valoración de las cuestiones planteadas por el reclamante, con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. Como consecuencia de ello, este Consejo ignora si, en atención a su contenido, concurre alguna circunstancia que impida su puesta a disposición. En concreto, hubiera sido aconsejable poder enmarcar la solicitud de información tan específica en el marco normativo particular al que está sujeto la mancomunidad, el cual viene regulado por los Estatutos divulgados en su portal web. Sin embargo, el incumplimiento por parte de la administración de la obligación legal de dictar una resolución expresa sobre la solicitud de acceso, así como la falta de respuesta al requerimiento de alegaciones de este Consejo, no pueden dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública. A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia ha de partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene 9 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392 10 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-10111 exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información». De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º).» A tenor de lo expuesto, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública y que la Mancomunidad Tajo-Guadiela no ha justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 , este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente a la Mancomunidad Tajo- Guadiela. SEGUNDO: INSTAR a la Mancomunidad Tajo-Guadiela a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite al reclamante la siguiente información: - Enlaces correspondientes a los acuerdos de la Mancomunidad por los que se acepta la solicitud de delegación de competencias de los Ayuntamientos en relación a los servicios correspondiente al fin de la mancomunidad establecido en los Estatutos de la Mancomunidad. - Copia del soporte documental que justifique si la arquitecta interina de la Mancomunidad ejerce como "arquitecta municipal" de Pastrana, informando expedientes e inspeccionando en materia de urbanismo. TERCERO: INSTAR a la Mancomunidad Tajo-Guadiela a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez