Reclamación sobre acceso a la información relativa a retribuciones y dietas de representantes municipales y del alcalde de Gozón

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el 5 de diciembre de 2022 el ahora reclamante solicitó al Ayuntamiento de Gozón, al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno(en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “Que corresponde al Ayuntamiento de Gozón disponer de representación en diversos órganos supramunicipales como Consorcios, autoridad Portuaria, entidades de carácter mixto público-privado, etc. Que esas representaciones suelen ser retribuidas por conceptos diversos, entre los que pueden incluirse dietas. Que desea conocer las identidades de las personas que ejercen actualmente esas representaciones. N/REF:Expte. 344-2023 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ayun tamiento de Gozón (Asturias). Información solicitada:Identificación representantes del ayuntamiento en diversos órganos y sus retribuciones. Plazo de ejecución:20 días hábiles. RA CTBG Número: 2023-0795 Fecha: 18/09/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente Que, conforme a lo previsto en (….) desea conocer las retribuciones, dietas, etc. Que perciben actualmente los representantes municipales en cada uno de esos órganos. Que desea conocer las retribuciones anuales que percibe el primer edil de ese Ayuntamiento, procedentes del erario público de cualquier Administración y por cualquier concepto. (….) 2. Disconforme con la contestación del ayuntamiento, que indicaba que la información se encontraba publicada en su página web, el reclamante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) el 20 de enero de 2023, con número de expediente 344/2023. 3. El 1 de febrero de 2023 el CTBG remitió la reclamación al Ayuntamiento de Gozón, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. El 27 de febrero se recibe contestación al requerimiento de alegaciones realizado, con el siguiente contenido: “1º.- Respecto a las retribuciones del Sr. Alcalde-Presidente publicadas en la web, en el anuncio se determina efectivamente las mismas para el año 2019, pero en el mismo se dice “incrementándose con las correspondientes subidas salariales que se aprueben a los empleados públicos a través de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado: www.ayto-gozon.org: pestaña Ayuntamiento – Plenos y Juntas de Gobierno – apartado documentación relacionada – documento dedicación exclusiva y parcial. - Incremento salarial 2020, Acuerdo Pleno de 26 de agosto de 2020: “Aplicar el incremento previsto en el Real Decreto Ley 2/2020, de 21 de enero, del 2% a las retribuciones básicas del personal funcionario desde 1 de enero de 2020”. (….) 2º.- Respecto a las entidades de las personas que ejercen actualmente las representaciones del Consistorio en otros organismos, se encuentra en la web del Ayuntamiento el Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Gozón de fecha 8 de julio de 2019 en el que por mayoría absoluta se aprobó el nombramiento de los representantes de esta Corporación, en Órganos Colegiados, Entidades Supramunicipales, Mancomunidades, Consorcios y Consejos Escolares, por lo que se considera cumplido el mandato contenido en el art. 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. RA CTBG Número: 2023-0795 Fecha: 18/09/2023 Las preguntas formuladas por el (….), que dan lugar a este expediente adolecen de ambigüedad y excesiva amplitud. Entendemos razonable que concrete la petición formulada si desea datos más allá de los publicados. Así pues, si el (….) no fuese conforme con la respuesta dada debería concretar ante este Ayuntamiento su petición antes de malgastar recursos de este Consistorio y de ese Consejo, a lavista de que el acuerdo plenario referido incluye 23 organismos. No obstante lo anterior se señala la representación del Ayuntamiento en los Órganos Supramunicipales, que son: 1.- Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento en el Principado de Asturias (CADASA): - Titular: - Suplente: . 2.- Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos (COGERSA): - Titulares: - Suplentes: . 3.- Asociación para Desarrollo Integrado del Cabo Peñas (ADICAP): - Titulares: . - Suplentes: . 4.- Federación Asturiana de Concejos (FAC): - Titular: 5.- Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST): - Titular: . 6.- Consorcio de Transportes de Asturias (CTA): - Titular: . 4. El 28 de febrero de 2023 reclamante se muestra disconforme con la nueva información recibida y manifiesta su deseo de continuar adelante con la reclamación. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.» De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», en la medida en que obra en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Ayuntamiento de Gozón, quien dispone de ella en el ejercicio de las funciones que reconoce a los municipios la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local . econ/convenios/conveniosCCAA.html 4. Entrando en el contenido de la información solicitada, como ya se ha indicado, el reclamante desea conocer las retribuciones percibidas por el alcalde del municipio y otros representantes, como consecuencia de su participación en diversos órganos de carácter supramunicipal, y su identificación. El ayuntamiento indica en sus alegaciones que la solicitud adolece de “de ambigüedad y excesiva amplitud”. A este respecto debe señalarse que el artículo 19.2 de la LTAIBG establece que“Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución”. El Ayuntamiento de Gozón, salvo error de este Consejo, no hizo uso de lo dispuesto en el artículo 19.2 cuando tuvo oportunidad, es decir, durante la tramitación de la solicitud del reclamante. Aparte de esa circunstancia, el CTBG no aprecia ambigüedad alguna en la información solicitada y en cuanto a la excesiva amplitud ello no es una circunstancia que suponga un límite o causa de inadmisión de la LTAIBG. En este sentido, la propia ley dispone en su artículo 20.1, párrafo segundo, que el plazo de un mes del que dispone una administración para resolver y notificar una solicitud de derecho de acceso a la información pública “podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. El ayuntamiento tampoco hizo uso de esta ampliación de plazo si consideraba que la solicitud era excesivamente voluminosa. Asimismo, debe señalarse que el Ayuntamiento de Gozón ha aportado información al respecto antes y durante la tramitación de la reclamación. La información aportada al reclamante durante la tramitación de la reclamación no agota el contenido de la solicitud presentada. En primer lugar, aunque se identifica a los representantes del ayuntamiento en diversos órganos, no se indica las dietas percibidas por tal condición. En segundo lugar, se habla de un “acuerdo plenario (….) incluye 23 organismos”, pero luego sólo se aporta información sobre 6 órganos supramunicipales. Se ignora si la asistencia a otros órganos no mencionados (por ejemplo, el consejo regulador de Radio Gozón, la Fundación Museo Marítimo de Asturias, etc) implica la percepción de dietas. Hay que entender, por lo tanto, que la solicitud no ha sido satisfecha en su totalidad. Asimismo, debe destacarse que se está solicitando información que tiene que ver con el manejo de fondos públicos, al que alude expresamente el preámbulo de la LTAIBG, y con el hecho de que se trata de información que muchas administraciones publican de manera proactiva en sus portales de transparencia. Resulta por tanto evidente su condición de información pública y el interés público existente en su conocimiento. En este sentido debe recordarse que el derecho de acceso a la información pública goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información». De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º).» A tenor de lo expuesto, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública y que el Ayuntamiento de Gozón no ha justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 , este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Gozón. SEGUNDO: INSTARal Ayuntamiento de Gozón a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite al reclamante la siguiente información: - Identidad de las personas que ejercieron en 2022 la representación del ayuntamiento en los órganos colegiados, entidades supramunicipales, mancomunidades, consorcios y consejos escolares, a los que se refiere el acuerdo adoptado en el Pleno de 8 de julio de 2019. - Retribuciones, dietas, etc, que percibieron en 2022 los representantes municipales en cada uno de esos órganos. - Retribuciones anuales completas percibidas en 2022 por el Alcalde de Gozón, incluidas dietas. TERCERO: INSTARal Ayuntamiento de Gozón a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez