Reclamación por denegación de acceso a expedientes de autorizaciones publicitarias en carreteras del Consell de Mallorca

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 20 de septiembre de 2022 la sociedad reclamante solicitó al Consell de Mallorca al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “(…) Dar traslado de la información y documentación de los procedimientos administrativos de concesión, o eventualmente, denegación, de autorizaciones de instalación de las publicidades visibles desde la zona de dominio público de las carreteras cuya titularidad, administración y gestión incumbe al Consell de Mallorca De forma adicional y/o subsidiaria, se proceda a revisar de oficio la N/REF: RT/0899/2022 [Expte. 300-2022] Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Consell de Mallorca (Illes Balears) Información solicitada:Procedimientos de concesión de autorizaciones de instalación de publicidades visibles desde la zona de dominio público de las carreteras. Plazo de resolución: 30 días hábiles. RA CTBG Número: 2023-0737 Fecha: 17/08/2023 legalidad de tales resoluciones de autorización, al efecto de analizar si se emitió informe técnico previo que entrase a valorar y justificar: (i) Que la publicidad esté situada en una zona de travesía conforme el concepto dado por la Ley de carreteras estatal o balear; (ii) Que la publicidad no resulte peligrosa para la seguridad del tráfico y/o no sea visible desde rotondas, intersecciones o similares; (iii) Que la publicidad visible no pueda dañar el valor estético del entorno; (iv) Que la publicidad no sea visible desde un tramo de alta concentración de accidentes. (v) Que el soporte se encuentre, al menos, a una distancia de una vez y media su altura respecto de la carretera. OTROSI SEGUNDO DIGO.- Fotografías de la publicidad sobre la que se interesa información y/o revisión de oficio. Acompañamos fotografías de los elementos publicitarios antes mencionados, para su mayor facilidad de identificación y para que esta Administración pueda adoptar medidas tan expeditivas como las que está dirigiendo frente a mi mandante o, cuando menos, reflexionar sobre las implicaciones reales del planteamiento que viene sosteniendo. (…)” Desde esta fecha y hasta el 6 de octubre, la solicitante presentó ante el Consell de Mallorca nueve solicitudes más de información, que versaban sobre procedimientos administrativos de concesión de autorizaciones de instalación de otras publicidades, en los mismos términos que la referida. 2. El 7 de octubre de 2022 se pone a disposición de la solicitante la notificación de la resolución del consejero ejecutivo del Departamento de Presidencia, por la que se da respuesta a su solicitud, a la que accede el 17 de octubre del mismo año. Esta Resolución se pronuncia en los siguientes términos: “(…) Hechos El Sr. (…) en representación de la empresa MALLA, SA ha presentado en el registro electrónico del Consell Insular de Mallorca solicitudes de acceso a la información público (RE. 50210, 50297, 50286, 50279, 50272, 50242, 50217, 50212, 52345 y 53774) al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIB). RA CTBG Número: 2023-0737 Fecha: 17/08/2023 El día 6 de octubre de 2002, la técnica jurídica de la Oficina de Transparencia emite informe jurídico sobre las solicitudes de acceso a la información pública, en el que concluye inadmitir a trámite las solicitudes de acuerdo con el artículo 18.1 e) de la LTAIBG. Fundamentos de derecho 1. La LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. A estos efectos, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define y “la información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 2. En función de los preceptos mencionados en la LTAIBG reconoce y regula el derecho de acceder a información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige bien porqué él mismo la ha elaborado, bien porqué la ha obtenido en el ejercicio de sus funciones que tiene encomendadas con el requisito de que se trate de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la Ley. En el presente caso no toda la información solicitada debe considerarse como información pública, puesto que se solicita el procedimiento de revisión de oficio de determinados expedientes administrativos, pero otra en cambio debe considerarse como información pública, puesto que obra en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Consell Insular de Mallorca, que dispone de ella en el ejercicio de sus funciones que tiene legalmente reconocidas. 3. Los artículos 14 y 15 LTAIGB regula los límites de acceso, indicando que la aplicación de los mismos será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia en un interés público o privado superior que justifiquen el acceso. El artículo 18 LTAIBG establece los motivos de inadmisión a trámite, señalando que la misma deberá establecerse mediante resolución motivada. En este sentido, el artículo 18.1 e) de la LTAIBG establece que se inadmitirán a trámite las solicitudes que “sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley”. Atendiendo a las conclusiones de los informes emitidos por la técnica jurídica de la Oficina de Transparencia de día 9 de septiembre y 6 de octubre de 2022, donde analiza desde un punto de vista jurídico formal si las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por el Sr. (…) en representación de la empresa MALLA SA (48 solicitudes que incluyen petición de información de alrededor de 700 expedientes administrativos y 10 más que incluyen petición de información de alrededor de 49 expedientes respectivamente), encajan o no con la finalidad de la norma, y donde concluye que las solicitudes deben inadmitirse de acuerdo al artículo 18.1 e) de la LTAIBG, por tener un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la transparencia de la misma y ello, por los siguientes motivos, resultado de una ponderación razonada y basada en los indicadores objetivos apuntados: 1. Las solicitudes no encajan con la finalidad de la norma 2. Las peticiones resultan abusivas por cuanto el volumen de solicitudes realizadas, siendo un reflejo del ejercicio abusivo de este derecho, desde una perspectiva cualitativa. 3. Atender a estas peticiones obligaría a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que se tiene encomendado Por todo lo anterior: Resuelvo: 1. Inadmitir a trámite las solicitudes presentas por el Sr. (…) en representación de la empresa MALLA de acuerdo con el artículo 18.1.e) de la LAIBG, por tener un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la transparencia. 2. Notificar esta resolución a la persona interesada”. 3. Ante la respuesta dada, la solicitante presentó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) a la que se da entrada el 22 de noviembre de 2022, con número de expediente RT/0899/2022, pronunciándose en los siguientes términos: “(…) La notificación del mencionado acto administrativo adolece de un importante defecto formal, cual es la falta de pie de recurso o de mención a si dicho acto pone fin o no a la vía administrativa, además no de haberse dado traslado del informe jurídico que debe acompañar y completar la resolución en cuestión. (…) Entre el 20 de septiembre y el 3 de octubre de 2022, mi representada ha ido formulando ante el Departamento de Movilidad del Consell de Mallorca distintas solicitudes de acceso a la información pública, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con números de registro 50210; 50297; 50286; 50279; 50272; 50242; 50217; 50212; 52345 y 53774. Todo ello sin un previo acuerdo de acumulación de los citados expedientes, lo cual, ya avanzamos, supone la nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada, por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. (…)Respecto al carácter abusivo, el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho. Así lo determina el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Criterio Interpretativo 3/2016. Así como también determina que podrá entenderse abusivo cuando el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo por no conjugarse con la finalidad de la ley. Sin embargo, nótese que el espíritu de la norma no es otro que la de la transparencia de la actividad pública. En este sentido, ya hemos ahondado en los Hechos del presente escrito, la necesidad que ampara nuestra pretensión, cual es probar el agravio comparativo que está sufriendo mi representada para con los titulares de distintos soportes publicitarios. (…) las solicitudes inadmitidas no pueden entenderse formuladas de forma manifiestamente repetitiva, toda vez que ninguna de ellas coincide con ninguna otra presentada anteriormente. En vistas de lo anterior, debemos señalar que no procede ni la acumulación ni la admisión de las 10 solicitudes de acceso a la información pública con códigos de registro que figuran en el encabezamiento del presente escrito, por carecer de justificación alguna que avale el carácter de manifiestamente repetitivas y abusivas. En este sentido, las solicitudes cumplen con el espíritu de la norma, y no se circunscriben en ninguno de los límites previstos por la misma. Además, tampoco se cumplen ninguno de los requisitos del Criterio Interpretativo 3/2016 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sobre la naturaleza repetitiva y abusiva de las 48 solicitudes que permitan limitar el derecho al acceso a la información pública reconocido constitucionalmente 4. El 18 de enero de 2023 el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General del Consell de Mallorca, al objeto de que por el órgano competente pudieran presentarse las alegaciones que se considerasen oportunas. 5. El 7 de febrero de 2023 se recibe, en este Consejo, informe de alegaciones de esta misma fecha a la reclamación presentada, con el siguiente conte nido: “(…) Es cierto que la resolución no acompaña el pie de recurso por un error a la hora de configurar la notificación de la resolución. Tampoco acompaña el informe jurídico emitido por la técnica de la Oficina de Transparencia porqué en el la propia resolución se recogen las conclusiones del mismo, se cita textualmente: “ (…) concluye que las solicitudes deben inadmitirse de acuerdo al artículo 18.1 e) de la LTAIBG, por tener un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la transparencia de la misma y ello, por los siguientes motivos, resultado de una ponderación razonada y basada en los indicadores apuntados: (….) No obstante, el Consell Insular de Mallorca a través de su sede electrónica da acceso a las personas interesadas al expediente electrónico donde pueden consultar todos los trámites realizados, así como los documentos que lo integran. Se conoce que han tenido acceso porqué así lo han puesto en conocimiento de la administración. En referencia a la falta de pie de recurso en la notificación y que por ello adolece de un importante defecto formal, el artículo 40.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común (en adelante LPAC) indica que las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. La notificación no es un requisito de validez, sino de eficacia del acto. En sentido se pronuncia entre otros el Tribunal Supremo, Sala 3º se c. 1ª de 23 de abril de 1993 y la Audiencia Nacional, sec. 2ª S 17-1-2013 (…) Por tanto, con la presentación de la reclamación formulada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se entiende que la persona interesada ha tenido conocimiento de la resolución dictada. Por tanto, se desestima la primera alegación. (…) En relación a la segunda alegación que hace referencia a la falta de resolución de acumulación de las 10 solicitudes de acceso a información pública y ello vicia de nulidad todo el procedimiento. Es cierto que en la resolución no se acuerda la acumulación de los expedientes, pero ello no implica la nulidad del acto como afirma el reclamante. Partiendo del principio de validez de los actos administrativos previsto en el artículo 39 LPAC, los actos de las administraciones públicas se presumen válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. El artículo 49 LPAC prevé límites a la extensión de nulidad o anulabilidad de los actos, señalando por una parte que la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero; y por otra que la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. En el caso que nos ocupa, la falta del acuerdo de acumulación de los expedientes no implica que se hubiese dictado resolución de acceso a la información pública en otro sentido. En relación a la tercera alegación, que hace referencia a que no es aplicable el artículo 18.1e) LTAIBG ya que las solicitudes no pueden entenderse formuladas de forma manifiestamente repetitiva, toda vez que ninguna de ellas coincide con ninguna otra presentada anteriormente. A nuestro parecer, las solicitudes presentadas por el reclamante se pueden calificar de manifiestamente repetitivas ya que coinciden con otra u otras presentadas anteriormente. (…) Cada de una de las 10 solicitudes de acceso a la información pública incluye la petición de información de varios expedientes ascendiendo a un total aproximado de 49 expedientes administrativos, que son objeto de esta reclamación (…) Respecto del carácter abusivo de la petición de información, el CTBG indica: El artículo 18.1 e) de la LTAIBG asocia el carácter abusivo de la solicitud a la condición de que la petición “no esté justificada con la finalidad de la Ley”. Asimismo, se puede considerar que dichas solicitudes son abusivas, en consonancia con lo establecido en el Criterio interpretativo CI/003/2016 citado anteriormente y la resolución CTBG 63/2015, de 2 de julio, entendiendo como abusiva “aquella petición realizada de mala fe, cuya única intención es colapsar los servicios administrativos o dificultar su normal funcionamiento”. En este sentido, atender todas las peticiones obligaría a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio que se tiene encomendado. Por tanto, se desestima la tercera alegación. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.» Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión de un organismo incluido en su ámbito de aplicación, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Según se expresa en el preámbulo de la LTAIBG, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/es/transparencia/portal-transparencia/informacion- econ/convenios/conveniosCCAA.html de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», puesto que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Consell de Mallorca, quien dispone de ella en el ejercicio de las funciones que tiene legalmente reconocidas, concretamente, entre otra normativa, en la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares en Materia de Carreteras y Caminos . 4. Antes de entrar en el fondo del asunto, cabe señalar que la sociedad reclamante ha interpuesto diez solicitudes de información, en relación con la misma materia, desde el 20 de septiembre hasta el 6 de octubre de 2022, ante el Consell de Mallorca, habiéndose adoptado una resolución conjunta para todas ellas por la administración concernida. Asimismo, una de estas diez solicitudes, asignada con el número de entrada RE 50242, ha dado lugar a una reclamación diferente ante este Consejo, correspondiéndole el número de expediente RT/0900/2022. Como se desprende de los antecedentes, la administración concernida ha inadmitido las solicitudes presentadas invocando la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.e) de la LTAIBG. Resulta, por tanto, necesario analizar la concurrencia de esta causa referida a solicitudes “manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley”. Sobre el contenido y alcance de la primera causa de inadmisión de la letra e) del artículo 18.1.e) LTAIBG, que habilita a rechazar las solicitudes de información que sean «manifiestamente repetitivas», se ha pronunciado el CTBG en su Criterio Interpretativo 3/2016 , precisando que para que una solicitud pueda ser inadmitida por este motivo se requiere no sólo que sea repetitiva sino que esta característica sea manifiesta, por lo que únicamente lo serán aquellas que de forma patente, clara y BOE-A-2002-838 Ley 16/2001, de 14 de diciembre, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares en Materia de Carreteras y Caminos. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html evidente: (i) coincidan con otra u otras presentadas anteriormente por el mismo o los mismos solicitantes y hubieran sido rechazadas por concurrir una causa de inadmisión o por aplicación de alguno de los límites legales, siempre y cuando la respuesta haya adquirido firmeza; (ii) coincida con otra u otras presentadas anteriormente por el mismo o los mismos solicitantes y se hubiera ofrecido la información, sin que se haya producido posteriormente modificación alguna sobre los datos facilitados, lo cual deberá justificarse; (iii) el solicitante o los solicitantes conocieran de antemano el sentido de la resolución por habérsele comunicado en un procedimiento anterior; (iv) coincida con otra u otras dirigidas al mismo órgano en períodos de tiempo inferiores a los plazos de tramitación legalmente establecidos, de forma que las presentadas previamente no hubieran finalizado su tramitación; (v) cuando fueran de respuesta imposible bien por el contenido o por razones de competencia y así se hubiera justificado y notificado al solicitante. Ninguno de los supuestos que permiten calificar a una solicitud como manifiestamente repetitiva a efectos del artículo 18.1 LTAIBG concurren en el presente caso, pues, De conformidad con lo expuesto, no parece que proceda calificar, desde un punto de vista gramatical, de repetitivas las solicitudes presentadas, ni de manifiestamente repetitivas según el reseñado criterio del Consejo dado que no se ha demostrado la posible coincidencia de estas solicitudes entre sí, ni con otra u otras anteriormente presentadas. 5. Por lo que respecta al carácter abusivo de las mismas, procede recordar que el abuso de derecho es una conducta declarada ilícita por el artículo 7 del Código Civil en el que se dispone que «[l]os derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe», a lo que añade que «[l]a Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo», precisando acto seguido que «[ t]odo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.» En la aplicación de este artículo, para estimar que el ejercicio de un derecho tiene carácter abusivo debe constatarse que se dan los presupuestos establecidos por el Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia, que el propio Tribunal recopiló en el fundamento jurídico octavo de su Sentencia 6592/2010, de 15 noviembre (ECLI:ES:TS:2010:6592) en los siguientes términos: “La doctrina del abuso de Derecho, en palabras de la STS de 1 de febrero de 2006 (RC nº. 1820/2000 ) se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciado, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho ( Sentencias de 8 de julio de 1986 , 12 de noviembre de 1988 , 11 de mayo de 1991 y 25 de septiembre de 1996 ); exigiendo su apreciación, en palabras de la Sentencia de 18 de julio de 2000, una base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo).” Realizadas estas precisiones, este Consejo no considera que las solicitudes que dan origen a esta reclamación tengan carácter abusivo, por las razones que a continuación se exponen. En primer lugar, porque la puesta a disposición de la documentación solicitada que, según se desprende de los antecedentes, supondría el acceso a alrededor de cincuenta expedientes administrativos, no parece que pueda suponer, sin restar importancia ni valor al esfuerzo que implica preparar la documentación, una paralización del “resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado”, como indica el criterio interpretativo de este Consejo. Tampoco se aprecia, ni se ha justificado suficientemente por la administración concernida, que las solicitudes presentadas supongan un riesgo para los derechos de terceros, ni que sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. En segundo lugar, la información solicitada tiene la consideración de información pública y reviste interés público, porque esos expedientes solicitados sustentan la actuación de una administración, es decir, permiten conocer cómo se han tomado las decisiones públicas. Por lo tanto, una solicitud que pretende conocer esa toma de decisiones no puede ser calificada como abusiva de acuerdo con la posición que este Consejo ha mantenido de forma reiterada en sus resoluciones. Por otra parte, en las solicitudes de información se insta también a la revisión de oficio de la legalidad de las resoluciones de autorización de la instalación de vallas o carteles publicitarios. A este respecto, procede recordar que este género de peticiones no se halla amparado por la LTAIBG, en tanto que implica una actuación jurídica, y no la simple solicitud de cierta información ya disponible, por lo que, en relación con dicho extremo, la reclamación debe ser desestimada. Así ha sido considerado por este Consejo en otras ocasiones; sirvan de ejemplo la RT 0301/2017, la RT/0145/2018, la RT/0027/2019 o a RT/0169/2019. En conclusión, no se aprecia ninguna de las circunstancias de carácter subjetivo y objetivo necesarias para estimar que estamos ante una solicitud abusiva: ni hay una extralimitación en la conducta carente de finalidad seria y legítima con voluntad de perjudicar, ni se observa un exceso en el uso del derecho que pueda calificarse como anormal. La solicitud se presenta en ejercicio de un derecho público subjetivo garantizado en la Constitución y en la ley y no subyace en ella una voluntad de perjudicar derechos o intereses legítimos de terceros. A la vista de todo lo anteriormente expuesto, dado que no se han satisfecho las solicitudes de información de la reclamante, que la documentación solicitada tiene la condición de información pública y que el Consell de Mallorca no ha justificado suficientemente la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 , este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada. Para la mejor atención de esta resolución se concede un amplio plazo de tiempo para su cumplimiento, de manera que se permite conciliar el derecho de acceso a la información pública de la sociedad reclamante junto con la normal prestación de los servicios públicos que tiene atribuidos el Consell. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al Consell de Mallorca. SEGUNDO: INSTAR al Consell de Mallorca a que, en el plazo máximo de treinta días hábiles, facilite a la sociedad reclamante la siguiente información: BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y - Documentación integrante de los procedimientos de concesión de autorizaciones de instalación de las siguientes publicidades visibles desde la zona de dominio público de las carreteras: Iscar Rent a Car, Gomila Gost, Renault Carlos Iscar, Sillero, Nespresso vertuo, Samsung Galaxy, Aspirador Conce-Cecotec, Mambo Cecotec, Repsol-Gasóleo a Domicilio, Balear de Uniformes, Forafoc, Neralvex, Imprenta Bristol, Restaurante FUJIYAMA, Maderas Sintes Portic Mobles, Outlet Hogar, Taller Xapa Balear, Arxiu General de l’Administració – Govern de les Illes Balears, Talleres Llanos Serpa, Diagmotor, Deportivas Decathlon, Decápolis, Hestia Decoración, Galp, Decathlon, Eroski, Xtraspace, Ceps, Marmoleria Bautista, Euromaster, Carrefour, Trablis, Plarema- Plasticos reciclados, Banco Santander, DPE Business Solutions, Riviera Trade, Reciclajes Rafael, Titanlux, Café Bahía, Cerrajería artística Juan Pons, Rest. Es Recó de Gènova, Poste Coca Cola, Rest. Can Pep, Restaurante Sa Ximbomba, Tendidos eléctricos, Poste y cartel de Legacy Bar & Lounge, Cartel Cerrajería Juan Pons, Cartel Estrella Damm, Trady’s supermercado, Forn de Génova, Rulos Peluquería Droguería, Café Génova y Ca na Joana. TERCERO: INSTAR al Consell de Mallorca a que, en el mismo plazo máximo de treinta días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada a la sociedad reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez