Reclamación de acceso a información pública sobre el padrón de la tasa de agua y acta de pleno del Ayuntamiento de Gata

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 28 de octubre de 2022 la reclamante solicitó al Ayuntamiento de Gata, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “(…) EXPONE: PRIMERO: Que con fecha del 20 de septiembr e de 2022, el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) publicó en BOP de Cáceres edicto de “Cobranza de recibos con fecha límite voluntario 21.11.2022”. Entre otros, se N/REF: Expte. 323/2023 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ayuntamiento de Gata (Cáceres). Información solicitada:Decreto aprobación del padrón de la tasa por suministro de agua. Acta de sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento. Plazo de resolución: 20 días hábiles. RA CTBG Número: 2023-0732 Fecha: 14/08/2023 publica el referido al municipio de GATA en relación con la T. SUMINISTRO DE AGUA correspondiente al periodo 01/10/2020-31/12/2020. SEGUNDO: Que el referido procedimiento de cobranza es consecuencia del convenio suscrito entre el OARGT la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Gata para la delegación de la gestión y recaudación de los tributos locales, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Gata en sesión ordinaria de fecha 18 de septiembre de 2020. TERCERO: Que interesa tener acceso a la información pública que comprende el Decreto de Alcaldía por el que se aprobara el padrón de la tasa de suministro de agua del 4º trimestre de 2020 y el acta de la sesión plenaria de 18 de septiembre de 2020. Por ello, de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, SOLICITA: 1. º Que se remita en papel copia auténtica del Decreto de Alcaldía por el que se aprobara el padrón de la tasa de suministro de agua del 4º trimestre de 2020. 2. º- Que se remita en papel copia auténtica del acta de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Gata, de 18 de septiembre de 2020. 2. Ante la ausencia de respuesta a su solicitud, la solicitante presentó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) a la que se da entrada el 30 de enero de 2023, con número de expediente 323/2023. En esta misma fecha tiene entrada otra reclamación de la solicitante, con número de expediente 321-2023, que trae causa de una solicitud de acceso a la información, de 23 de noviembre de 2022, con el siguiente contenido: “(…) Que se remita en papel copia de los actos de aprobación del Padrón de la tasa de suministro de agua de Gata del 3º y 4º trimestre de 2020 y 1º trimestre de 2021, así como del acuerdo adoptado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, de 29 de octubre de 2020, por el que se aprueba suscribir convenio con el Ayuntamiento de Gata para la delegación de la gestión y recaudación de los tributos locales” RA CTBG Número: 2023-0732 Fecha: 14/08/2023 3. El 1 de febrero de 2023 el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Gata, al objeto de que por el órgano competente pudieran presentarse las alegaciones que se considerasen oportunas. En la fecha en que se dicta esta resolución no se ha recibido contestación al requerimiento de alegaciones realizado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.» Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión de un organismo incluido en su ámbito de aplicación, bien porque él mismo la ha elaborado, bien https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/es/transparencia/portal-transparencia/informacion- econ/convenios/conveniosCCAA.html porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Según se expresa en el preámbulo de la LTAIBG, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», puesto que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Ayuntamiento de Gata, quien dispone de ella en el ejercicio de las funciones que reconoce a los municipios el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local . 4. En el caso de esta reclamación, como se ha indicado en los antecedentes, la administración concernida no ha dado respuesta a la solicitante y tampoco ha contestado al requerimiento de alegaciones formulado por este Consejo. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente, al no proporcionarle ni las razones por las que no se atendió la solicitud de acceso ni la valoración de las cuestiones planteadas por la reclamante, con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. Como consecuencia de ello, este Consejo ignora si, en atención a su contenido, concurre alguna circunstancia que impida su puesta a disposición. Sin embargo, el incumplimiento por parte de la administración municipal de la obligación legal de dictar una resolución expresa sobre la solicitud de acceso, así como la falta de respuesta al requerimiento de alegaciones de este Consejo, no pueden dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública. A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información». De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º).» 5. Como se ha indicado en los antecedentes, la reclamante solicitó el 23 de noviembre de 2022, a la Diputación Provincial de Cáceres, una copia de los actos de aprobación del padrón de contribuyentes de la tasa de suministro de agua del municipio de Gata correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2020. Ante la falta de respuesta de la administración municipal, la solicitante interpuso reclamación ante este Consejo, con número de expediente 321-2023, actualmente en tramitación. Por otra parte, en la solicitud que trae causa de esta reclamación, se requiere, entre otra información, copia del Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Gata, por el que se aprobó el padrón correspondiente al cuarto trimestre del referido ejercicio, por lo que la información solicitada, en ambos casos, resulta parcialmente coincidente. Si bien es cierto que en ambas solicitudes la administración concernida difiere, al requerirse la mencionada información de la Diputación Provincial de Cáceres, en un caso, y del Ayuntamiento de Gata, en el otro, cabe indicar que en virtud del Convenio entre el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Gata para la delegación de la gestión y recaudación de los tributos locales, de 13 de noviembre de 2020, la confección de los padrones corresponde al citado Organismo, y por tanto, a la Diputación Provincial de Cáceres. En la solicitud de 23 de noviembre de 2020, se requiere de la entidad competente, es decir, la Diputación Provincial, la referida información, habiendo dado origen a la reclamación con número de expediente 321/2023, por lo que, por las razones expuestas, no procede estimar la reclamación actual en lo que se refiere a la información coincidente con la contenida en aquélla. 6. En virtud de lo expuesto, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública y que el Ayuntamiento de Gata no ha justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 , este Consejo debe proceder a estimar parcialmente la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Gata. SEGUNDO: INSTAR al Ayuntamiento de Gata a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite a la reclamante la siguiente información: - Copia auténtica en papel de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Gata, celebrada el día 18 de septiembre de 2020. TERCERO: INSTAR al Ayuntamiento de Gata a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez