Reclamación por acceso a decretos de gasto de nómina de la Diputación de Cuenca estimada por motivos formales

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el reclamante solicitó el 17 de noviembre de 2022, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), a la Diputación Provincial de Cuenca, de manera electrónica, la siguiente información: “(…) 1. Copia de los Decretos de la Presidencia números 6658 y 3390, de fechas de 26 de noviembre de 2021 y 26 de mayo de 2022, respectivamente, se autorizan y disponen el gasto de la nómina de los meses de noviembre de 2021 y mayo de 2022. 2. Para el supuesto de que no se faciliten los mismos, que se identifique al personal funcionario y autoridad responsables de la tramitación de este procedimiento.” N/REF: Expte. 241-2023 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Di putación Provincial de Cuenca. Información solicitada: Aprobación del gasto de dos remesas de nómina. RA CTBG Número: 2023-0728 Fecha: 14/08/2023 2. Ante la ausencia de respuesta, el solicitante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) el 23 de diciembre de 2022, con número de expediente 241-2023 en su sede electrónica. El 24 de enero de 2023 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación a la Secretaría General de la Diputación Provincial de Cuenca, al objeto de que pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. 3. El 13 de febrero de 2023 se han recibido las oportunas alegaciones de la citada Secretaría General, la cual manifiesta que se acordó remitir la documentación interesada dentro del plazo legal, si bien no se llegó a enviar electrónicamente a su destinatario. En fecha 30 de enero de 2023 se subsana dicha contingencia, registrándose la salida de un nuevo oficio de remisión con formato de resolución y pié de recurso. Se acompaña copa de la documentación enviada y de los oficios de remisión, el inicial y el que fue registrado. El reclamante no ha efectuado alegaciones en el trámite de audiencia concedido el 16 de febrero de 2023 por parte del Consejo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/es/transparencia/portal-transparencia/informacion- econ/convenios/conveniosCCAA.html RA CTBG Número: 2023-0728 Fecha: 14/08/2023 Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. A tenor de lo dispuesto en su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 4. La información solicitada es información pública, al haber sido elaborada por la administración provincial autonómica en ejercicio de sus competencias organizativas y de gestión de personal, derivadas de su autonomía. Se ha proporcionado de forma tardía al interesado, pues el registro de salida de la información documental es de 30 de enero de 2023, posterior a la fecha de entrada de la reclamación en el CTBG. En ausencia de alegaciones por parte del solicitante, este Consejo considera que la documentación remitida coincide con la solicitada en contenido y fecha, por lo que se ha satisfecho su pretensión. La solicitud contiene antecedentes con diversas apreciaciones jurídicas –las cuales no vinculan a este Consejo-y una petición de información subsidiaria, sobre la que no es necesario conocer en este punto, pues la documentación solicitada de modo principal se ha proporcionado finalmente. 5. Sin embargo, debe indicarse que las reglas generales del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública se abordan en los artículos 17 a 22 de la LTAIBG, especificándose en el artículo 20 los plazos para la resolución de las solicitudes de información. Del anterior precepto se infieren dos consideraciones. La primera consiste en la existencia de una regla procedimental específica aplicable a aquellos casos de considerables solicitudes de información en atención a su volumen o complejidad. En efecto, en el segundo párrafo del artículo 20.1 de la LTAIBG se prevé que cuando concurra el supuesto de hecho de que “el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”, la consecuencia jurídica será que la administración pública que debe resolver la solicitud de acceso a la información tiene la posibilidad de ampliar el plazo de un mes del que dispone para dictar y notificar la resolución por otro mes adicional. En este caso, no se aplicó la ampliación del plazo acabada de reseñar, tal y como se deduce de los antecedentes que obran en el expediente, de modo que la administración disponía de un mes para dictar y notificar la resolución en materia de acceso a la información solicitada. La segunda consecuencia que se deriva del señalado precepto, que guarda relación con la anterior, consiste en que el artículo de referencia vincula el comienzo del cómputo del plazo de un mes del que dispone la administración para resolver, mediante resolución expresa o por silencio administrativo, a la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano competente para resolver. En el caso de esta reclamación, tal fecha era el 17 de noviembre de 2022, de manera que el órgano competente disponía de un mes para dictar y notificar la correspondiente resolución. Según consta en el expediente, la administración provincial ha proporcionado la información solicitada el 30 de enero de 2023, fecha de la firma del acto administrativo expreso. En estos casos en que la información se concede, pero fuera del plazo establecido en la LTAIBG, procede estimar la reclamación planteada por motivos formales, al haberse vulnerado el derecho del solicitante a obtener una resolución en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesario presentar una reclamación ante el CTBG para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formalesla reclamación presentada frente a la Diputación Provincial de Cuenca. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez