Reclamación por acceso insuficiente a actas y listados de personal funcionario e interino de la Ciudad Autónoma de Melilla

Página1de 7 Resoluciónreclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 3 de junio de 2022 el reclamante solicitó a la Dirección General de Atención, Participación Ciudadana y Juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla, al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno(en adelante, LTAIBG), la siguiente información: N/REF:RT 0558/2022 [Expte. 1730-2023] Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Consejería de Presidencia y Administración Pública (Ciudad Autónoma de Melilla). Información solicitada:Copia de acta aprobada por Mesa de Negociación y listado de personal funcionario e interino a efectos de reducción de la temporalidad. Plazo de ejecución: 20 días hábiles RA CTBG Número: 2023-0333 Fecha: 17/05/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente (…) copia del acta y listado definitivo aplicación art. 2, D.A 6 y D. A. 8, aprobado por unanimidad en Mesa de Negociación (CIVE), en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2022. 2. Mediante Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Pública de 26 de septiembre de 2022, se resuelve la referida solicitud de información presentada, en los siguientes términos: “(…) Desde la Dirección General de Atención y Participación Ciudadana le remitimos Orden del/la ilustrísimo/a Consejero/a de CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA por la que se resuelve la Solicitud de Acceso a la Información Pública: 49/2022/SIP. Con fecha 03/06/2022 tuvo entrada en el Registro General de Entrada de la Ciudad Autónoma de Melilla la solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por D/Dña. (…), solicitud que quedó registrada con el número 2022/048099: (….) VENGO A ORDENAR Una vez analizada la solicitud, conceder el acceso a la información a que se refiere la solicitud deducida por D/Dña. (…) Examinada la solicitud presentada por D. (…) con DNI nº (….), de fecha 3 de junio de 2022, en la que solicita “copia del acta y listado definitivo aplicación art. 2, D.A. 6ª y D.A. 8ª, aprobada por unanimidad en Mesa de Negociación en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2022”, en virtud de lo recogido en el artículo 12 de la “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, procede acceder a lo solicitado por el Sr. (…)”. 3. Disconforme con la respuesta dada a su solicitud por estimar insuficiente la información recibida, el solicitante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), a la que se da entrada en fecha 30 de septiembre de 2022, con número de expediente RT/0558/2022. RA CTBG Número: 2023-0333 Fecha: 17/05/2023 4. El 3 de octubre de 2022, el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría Técnica de la Consejería de Presidencia y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas, poniéndolo también en conocimiento de la Dirección General de Atención, Participación Ciudadana y Juventud. En la fecha de esta Resolución, no se ha recibido contestación al escrito de alegaciones efectuado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en econ/convenios/conveniosCCAA.html poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.» Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión de un organismo incluido en su ámbito de aplicación, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Según se expresa en el preámbulo de la LTAIBG, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», puesto que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, la Consejería de Presidencia y Administración Pública, que dispondría de ella en el ejercicio de las competencias que le corresponden según el Decreto de distribución de competencias entre Consejerías de la Ciudad de Melilla, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha de 19 de diciembre de 2019 . 4. En el caso de esta reclamación, como se ha indicado en los antecedentes, la administración concernida no ha dado respuesta al solicitante y tampoco ha contestado al requerimiento de alegaciones formulado por este Consejo. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente, al no proporcionarle ni las razones por las que no se atendió la solicitud de acceso ni la valoración de las cuestiones planteadas por el reclamante, con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia o no de Ciudad Autónoma de Melilla - ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA conceder el acceso a la información solicitada. Como consecuencia de ello, este Consejo ignora si, en atención a su contenido, concurre alguna circunstancia que impida su puesta a disposición. Sin embargo, el incumplimiento por parte de la administración de la obligación legal de dictar una resolución expresa sobre la solicitud de acceso, así como la falta de respuesta al requerimiento de alegaciones de este Consejo, no pueden dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública. A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información». De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º).» Analizando la información solicitada por el reclamante, este Consejo considera que se le ha proporcionado el Acta requerida de fecha 26 de mayo de 2022, pero no así los listados definitivos, aprobados en la Mesa de Negociación en sesión extraordinaria celebrada el 26 de mayo de 2022, de personal funcionario interino y de personal laboral contratado, a los que sería de aplicación el artículo 2 y las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. A tenor de lo expuesto, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública, que no ha sido puesta en su totalidad a disposición del reclamante y que la Consejería de Presidencia y Administración Pública no ha justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 , este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente a la Consejería de Presidencia y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla. SEGUNDO: INSTAR a la Consejería de Presidencia y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite al reclamante la siguiente información: - Los listados definitivos, aprobados en la Mesa de Negociación reunida en sesión extraordinaria el 26 de mayo de 2022, de personal funcionario interino y de personal laboral contratado, a los que sería de aplicación el artículo 2 y las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. TERCERO: INSTAR a la Consejería de Presidencia y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez