Reclamación por acceso a acta de pleno municipal sobre arrendamiento de coto de caza estimada por el CTBG

Página1de 9 Resoluciónreclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) al Ayuntamiento de Durón, con fecha 19 de julio de 2022, la siguiente información relacionada con derechos de caza en una parcela de titularidad municipal, constitutiva de un coto reservado de caza nº GU-10.027: Expone N/REF:RT 0494/2022 [Expte. 1702-2023] Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ayuntamie nto de Durón (Guadalajara, Castilla- La Mancha) Información solicitada:Acta del Pleno donde se acordó la firma del contrato de arrendamiento del derecho de caza en relación con el coto GU- 10.027. Plazo de ejecución:20 días hábiles. RA CTBG Número: 2023-0330 Fecha: 17/05/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente Con fecha 01 de abril de 2016, el Ayuntamiento de Durón firma un contrato como propietario de parcelas dentro del término municipal de Durón con (…) y (…) en concepto de arrendatarios. La celebración de dicho contrato tuvo que acordarse en sesión de pleno del Ayuntamiento. Solicita El acta del pleno del ayuntamiento donde se acordó la firma de dicho contrato o en su defecto las dos actas de plenos anteriores a 01 de abril de 2016 (…)”. Previamente había solicitado la documentación de los derechos de caza concedidos con anterioridad a 2016, sobre el propio coto, habiendo recaído dos resoluciones estimatorias de este Consejo, en expedientes RT/1147/2022 (Resolución de 9 de mayo de 2022) y RT/0036/2022 (resuelta por la Resolución RT 37/2022, de 20 de junio), las cuales se encontraban pendientes de cumplimiento por parte de la corporación municipal. 2. Ante la falta de respuesta, el solicitante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) a la que se da entrada el 7 de septiembre de 2022, con número de expediente RT/0494/2022. 3. El 13 de septiembre de 2022 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Durón al objeto de que pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. El 16 de septiembre de 2022 se recibe un escrito de alegaciones del Alcalde en el que se reconoce que se han celebrado contratos de arrendamiento cinegético, si bien argumenta lo siguiente: “PRIMERA. (…) En relación con el párrafo anterior, y encontrándose esta Corporación Local dentro del plazo legalmente previsto, de conformidad con los artículos 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de tr ansparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con fecha 16 de septiembre de 2022 se ha dado traslado de copias originales de las actas del pleno municipal de Durón de fecha 23 de noviembre de 2015 y 19 de febrero de 2016, constituyendo estas las dos últimas sesiones celebradas con anterioridad al 1 de abril de 2016 solicitadas así por el interesado. SEGUNDA. – Que D. (….) viene presentando a este Ayuntamiento reiteradas solicitudes de acceso a información en relación a los contratos de arrendamiento de aprovechamiento cinegético del coto de caza GU. – 10 027 de Durón, generando la apertura de los expedientes 1147/2021, 36/2022 y 0494/2022 del Consejo de RA CTBG Número: 2023-0330 Fecha: 17/05/2023 Transparencia y Buen Gobierno, y generando en consecuencia un retraso en la tramitación de los diferentes expedientes de distinta complejidad que tramita este Ayuntamiento. Agravado a su vez por la falta de personal de esta Corporación Local. Sin perjuicio de permitir al interesado el acceso presencial a la documentación solicitada (expedientes 1147/2021 y 36/2022), este Ayuntamiento debe informar que el interesado viene siendo socio del coto de caza GU. 10 027 desde el momento en que se celebraron los contratos de arrendamiento cinegético solicitados. Que durante su condición de socio, el interesado ha tenido siempre a su disposición los contratos que ahora reclama a este Ayuntamiento. Contratos que le han permitido a su vez beneficiarse de la actividad cinegética sin prestar objeción alguna durante su duración. Por lo que en caso de pretender reclamar cualquier posible irregularidad contractual, este ya era fiel conocedor de la misma. Dicho lo anterior, este Ayuntamiento considera que el normal funcionamiento de esta Administración no debe verse condicionado por solicitudes “caprichosas” que debieron verse resueltas por la propia interesada en su momento oportuno y bajo su condición de socio del coto de caza GU. 10 027.(…)” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. A tenor de lo dispuesto en su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. El Ayuntamiento de Durón es un sujeto obligado a los efectos del derecho de acceso de acuerdo con los artículos 2.1.a) de la LTAIBG y 4.2 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», puesto que ha de obrar en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Ayuntamiento de Durón, que dispondría de ella en el ejercicio de las funciones que la Ley 7/1985 , de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la legislación aplicable en materia de caza, reconocen a los municipios. En concreto, el artículo 17 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza regula los cotos locales de caza . 4. En el caso de esta reclamación, como se ha indicado anteriormente, el ayuntamiento en sus alegaciones considera la solicitud abusiva, y por lo tanto, que resulta de aplicación la causa de inadmisión dispuesta en el artículo 18.1 e) de la LTAIBG . El ejercicio abusivo de un derecho ha sido analizado por reiterada jurisprudencia (por todas, se destaca la Sentencia de 1 de febrero de 2006 (rec. núm. 1820/2000). Esta econ/convenios/conveniosCCAA.html doctrina jurisprudencial se basa en la existencia de unos límites impuestos al ejercicio de los derechos, límites de orden moral, teleológico y social. Se trata de una institución de equidad que, para poder ser apreciada, exige la verificación de que la conducta valorada cumple los siguientes requisitos: (1) Aparentemente es correcta pero representa, en realidad, una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna; y (2) Genera unos efectos negativos, normalmente daños y perjuicios. Además, de la base fáctica debe resultar patente (a) una circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo); y (b) una circunstancia objetiva de exceso en el ejercicio del derecho (anormalidad en el ejercicio del derecho). Aplicada esta doctrina al derecho de acceso a la información, este Consejo, en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas por el art. 38.2 a), aprobó el criterio interpretativo CI/3/2016, de 14 de julio, que se pronuncia en los siguientes términos: 2.2. Respecto del carácter abusivo de la petición de información. El artículo 18.1. e) de la LTAIBG asocia el carácter abusivo de la solicitud a la condición de que la petición “no esté justificada con la finalidad de la Ley”. De este modo hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho, y B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. 1. Así, una solicitud puede entenderse ABUSIVA cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación:  Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerase incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: “Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho”.  Cuando, de ser atendida, requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos  Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros.  Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. 2. Se considerará que la solicitud está JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando se fundamenta en el interés legítimo de:  Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos  Conocer cómo se toman las decisiones públicas  Conocer cómo se manejan los fondos públicos  Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas Consecuentemente, NO ESTARÁ JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando:  No pueda ser reconducida a ninguna de las finalidades señaladas con anterioridad y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos.  Cuando tenga por finalidad patente y manifiesta obtener información que carezca de la consideración de información pública de acuerdo con la definición del artículo 13 de la LTAIBG.  Cuando tenga como objeto o posible consecuencia la comisión de un ilícito civil o penal o una falta administrativa. Por otro lado debe señalarse que el artículo 7 del Código Civil dispone que: - Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que: - por la intención de su autor, - por su objeto o - por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar… a la adopción de las medidas… administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Según numerosas sentencias (SS 14/2/86, 29/11/85, 7/5/93, 8/6/94, 21/9/87, 30/5/98,11/5/91, entre otras), el abuso de derecho: - presupone carencia de buena fe. La buena o mala fe es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos. Para la apreciación de la buena fe (ésta, según doctrina se presume) o mala fe (que debe acreditarse) hay que tener en cuenta hechos y circunstancias que aparezcan probados. - impone la exigencia de una conducta ética en el ejercicio de los derechos. El abuso de derecho procede cuando el derecho se ejercita con intención decidida de causar daño a otro o utilizándolo de modo anormal. Su apreciación exige que la base fáctica ponga de manifiesto las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y las subjetivas (ausencia de interés legítimo o voluntad de perjudicar). - El abuso viene determinado por la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima y la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho. Una interpretación del derecho de acceso a la información pública regulado en la LTAIBG que implique un ejercicio excesivo e indiscriminado del mismo afectaría en sí mismo, perjudicándolo, el objeto y finalidad de la propia norma. La interpretación del art. 18.1 e) de la LTAIBG no conecta el ejercicio abusivo del derecho a un criterio cuantitativo (número de solicitudes presentadas) sino cualitativo (características de la solicitudes presentadas y antecedentes de la misma). En el caso de esta reclamación el reclamante solicita acceso al acta del Pleno del ayuntamiento en la que se acordó la firma de un contrato administrativo de arrendamiento de un coto de caza, renovado en 2016 según se indica. En solicitudes anteriores, relativas a la constitución de dicho arrendamiento, le fue denegado el acceso inicialmente y reclamó ante este Consejo, siéndole estimadas sendas reclamaciones, sin que conste su cumplimiento. Por ello, no se considera que exista abuso por parte del solicitante, sino que persiste en su interés legítimo en conseguir documentar esa relación contractual o concesional. El hecho de ser socio del club de caza no obsta para conseguir el acceso si no se le proporciona por otra vía, pues de lo contrario se estaría perjudicando la posición jurídica de quien ostenta un interés legítimo sobre la de los terceros. Tener acceso a un contrato administrativo, o al acta del Pleno en la que se acordó su firma, conecta directamente con el espíritu de la LTAIBG, puesto que permite conocer cómo se toman las decisiones públicas y cómo se manejan los fondos públicos. Por lo tanto, se trata de una solicitud justificada con la finalidad de la ley, en los términos definidos en el CI/003/2016, de este Consejo. Motivo por el cual no cabe, en definitiva, considerar la solicitud como abusiva. En relación con la solicitud concreta, se debe aclarar que el reclamante realizaba una principal y, en su defecto, una solicitud subsidiaria. El Ayuntamiento de Durón ha atendido la subsidiaria, pero no la principal, ni ha aclarado los motivos por los cuales no ha podido atender ésta. La solicitud del reclamante ha sido muy concreta: conocer el contenido del acta del Pleno en la que se acordó la firma del contrato de arrendamiento del coto de caza en abril de 2016, sin que el ayuntamiento haya aportado más detalles sobre la firma del contrato y el momento en que se tomó la decisión administrativa al respecto. Por lo tanto, este Consejo no considera justo entender que se ha concedido el acceso solicitado por el reclamante, quien lleva tiempo intentando conocer una información que tiene la consideración de información pública y que responde a los principios inspiradores de la LTAIBG. A tenor de lo expuesto, y dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública y que el Ayuntamiento de Durón no ha justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni suficientemente la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 , este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Durón. SEGUNDO: INSTAR al Ayuntamiento de Durón a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite al reclamante la siguiente información: - Copia del acta del pleno del ayuntamiento donde se acordó la firma del contrato de arrendamiento del derecho de caza del Ayuntamiento de Durón, suscrito en abril de 2016, o del documento administrativo correspondiente en el que se tomara la decisión de esa firma. TERCERO: INSTAR al Ayuntamiento de Durón a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez