Reclamación por acceso al expediente de exención del IBI del Palacio Ducal de Pastrana resuelta estimando por motivos formales el retraso administrativo

Página1de 7 Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 14 de julio de 2022 el ahora reclamante solicitó a la Diputación Provincial de Guadalajara, al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno(en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “Copia, por este medio, del expediente de "CONCESI ÓN DE EXENCIÓN PERMANENTE EN EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, CLASIFICADOS COMO MONUMENTOS", correspondiente al Palacio Ducal de Pastrana, de cuya notificación se adjunta copia”. 2. Ante la ausencia de respuesta por parte de la administración local, el solicitante interpone una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en N/REF:RT 0448/2022 [Expte. 1355-2023] Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Di putación Provincial de Guadalajara (Castilla- La Mancha). Información solicitada:Expediente de concesión de exención permanente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. RA CTBG Número: 2023-0237 Fecha: 17/04/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente adelante, CTBG), a la que se da entrada el 19 de agosto de 2022, con número de expediente RT/0448/2022. 3. En fecha 19 de agosto de 2022, el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General de la Diputación Provincial de Guadalajara, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. 4. El 4 de octubre de 2022, tiene entrada en este Consejo el escrito de alegaciones de la Diputación Provincial de Guadalajara de fecha 20 de septiembre de 2022, que se pronuncia en los siguientes términos: “La petición fue resuelta mediante Resolución 2022-3090 y puesta a disposición del interesado con fecha 19 de agosto de 2022 a las 10:24 horas (2022-SRE-7568), recibida por el reclamante mediante comparecencia en la sede electrónica el mismo día a las 11:29. En el punto primero de dicha Resolución se estima la petición de acceso a la información formulada por D. (…), facilitando como anexo a la resolución la documentación obrante al respecto en el servicio de Recaudación de esta Diputación, que se detalla: 1.-Convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Guadalajara y el Ayuntamiento de Pastrana para la Recaudación voluntaria y ejecutiva de los tributos locales. 2.-Solicitud de exención del impuesto de bienes inmuebles cursada por el Vicerrector de la Universidad de Alcalá al Servicio de Recaudación. 3º.-Alegaciones presentadas por la Universidad a la desestimación de la solicitud de exención. 4º.-Resolucion favorable del servicio de Recaudación respecto de la exención solicitada. 5º.-Informe emitido por la técnico municipal del Ayuntamiento de Pastrana al que anexa publicación oficial de del Decreto de Declaración de Monumento Histórico Artístico del Palacio Ducal y ficha del Catálogo de Bienes Protegidos del POM. TERCERO. Con fecha 17 de agosto de 2022, antes de dictarse y notificarse la Resolución anterior, el reclamante remite queja al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, limitada a remitir a esa institución copia de la solicitud de información inicial junto con el siguiente texto: “el objetivo es ver si los informes preceptivos de los arts. 78 y 92, punto dos, que se citan en la notificación”. RA CTBG Número: 2023-0237 Fecha: 17/04/2023 Desconocemos a qué norma quiere referirse el Sr. (…) en su reclamación, pero teniendo en cuenta que se ha estimado la solicitud de acceso a la información pública y se ha dado traslado de los documentos que obran en el expediente de referencia, la Diputación Provincial de Guadalajara se ratifica en la actuación realizada y en la información facilitada al reclamante, que considera ajustada a derecho, y solicita al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la desestimación de la reclamación”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.» econ/convenios/conveniosCCAA.html Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe por cuanto está en posesión de un organismo incluido en su ámbito de aplicación, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Según se expresa en el preámbulo de la LTAIBG, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», puesto que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, la Diputación Provincial de Guadalajara, que dispondría de ella en el ejercicio de las competencias atribuidas a los Ayuntamientos en el artículo 78.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales , y que, en el caso de Pastrana, la Diputación Provincial de Guadalajara asume, como así se desprende de las declaraciones efectuadas por la Diputación, desde enero de 1999. 4. Las reglas generales del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública se abordan en los artículos 17 a 22 de la LTAIBG, especificándose en el artículo 20 los plazos para la resolución de las solicitudes de información. Del anterior precepto se infieren dos consideraciones. La primera consiste en la existencia de una regla procedimental específica aplicable a aquellos casos de considerables solicitudes de información en atención a su volumen o complejidad. En efecto, en el segundo párrafo del artículo 20.1 de la LTAIBG se prevé que cuando concurra el supuesto de hecho de que “el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”, la BOE-A-1988-29623 Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. consecuencia jurídica será que la administración pública que debe resolver la solicitud de acceso a la información tiene la posibilidad de ampliar el plazo de un mes del que dispone para dictar y notificar la resolución por otro mes adicional. La segunda consecuencia que se deriva del señalado precepto, que guarda relación con la anterior, consiste en que el artículo de referencia vincula el comienzo del cómputo del plazo de un mes del que dispone la administración para resolver, mediante resolución expresa o por silencio administrativo, a la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano competente para resolver. En este caso, según se desprende de los antecedentes que obran en el expediente, tal fecha es el 14 de julio de 2022, de manera que el órgano competente disponía de un mes para dictar y notificar la correspondiente resolución. Como se ha indicado en los antecedentes, la administración municipal remitió al reclamante la documentación el 19 de agosto de 2022, por lo que la información solicitada ha sido proporcionada una vez que la reclamación se había presentado y estaba en tramitación. Analizando la información solicitada cabe señalar que el ayuntamiento aporta documentación acreditativa de la procedencia de la exención en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles del Palacio Ducal de Pastrana. En este sentido, cabe indicar que, como se desprende de la documentación aportada por la Diputación Provincial de Guadalajara, este inmueble fue adquirido por la Universidad de Alcalá de Henares el 8 de noviembre de 1999. Es aplicable, por tanto, el artículo 53.4 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria , que en su apartado cuarto, establece que “Las Universidades gozarán de los beneficios que la legislación atribuye a las Fundaciones benéfico-docentes”. Asimismo, el artículo 58.1 de la Ley 30/1994, de 24 de Noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en actividades de interés general establece, respecto de dichas fundaciones, que gozarán de exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en el artículo 65 de dicha Ley. Igualmente, la Disposición Adicional Quinta.2 de la Ley 30/1994, de 24 de Noviembre, dispone que el régimen previsto en el artículo 58.1 será de aplicación a las entidades que tengan legalmente equiparado su régimen fiscal al de las entidades sin ánimo de lucro, BOE-A-1983-23432 Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. BOE-A-1994-26004 Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general. benéfico docentes, benéfico privadas o análogas en la forma prevista en el artículo 46.2 de esta Ley. Entre dichas entidades se encuentran las Universidades, en virtud de lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, anteriormente citado. Por lo tanto, a juicio de este Consejo, se ha dado satisfacción a la pretensión del reclamante en los términos requeridos, ya que con la información proporcionada queda acreditada, por aplicación de la ley, la procedencia de la exención tributaria respecto del Palacio Ducal de Pastrana. Para estos casos en que, conforme lo anteriormente acreditado, la información se concede, pero fuera del plazo establecido en la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mantiene el criterio de estimar por motivos formales las reclamaciones planteadas, puesto que lo apropiado hubiera sido facilitar toda la información directamente al solicitante en el plazo legalmente establecido de un mes desde que la administración recibió la solicitud de acceso, conforme al artículo 20.1 de la LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada, por haberse resuelto incumpliendo los plazos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez