Solicitud de normativa urbanística y licencia de construcción de un supermercado en Casasimarro con resultado de estimación parcial y retroacción de actuaciones

Página1de 8 Resolución reclamaciónart. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 5 de noviembre de 2021 la reclamante solicitó al Ayuntamiento de Casasimarro, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “Expone Tras la respuesta del técnico municipal de urbanismo con número de referencia 970/2021 en el cual nos informa de: -Que el planteamiento urbanístico vigente es el Plan de Ordenación Municipal de Casasimarro, con fecha de aprobación definitiva N/REF:RT 0387/2022 [Expte. 461-2023] Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ayu ntamiento de Casasimarro (Cuenca, Castilla– La Mancha). Información solicitada:Información sobre licencia concedida para la agrupación de parcelas Plazo de ejecución:10 días hábiles. RA CTBG Número: 2023-0213 Fecha: 29/03/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente por la Comisión Provincial de Ordenación de Territorio y Urbanismo el 26 noviembre de 2019, y fecha de publicación el BOP el 20 enero de 2020, y el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU). Son de aplicación complementaria las Normas Subsidiarias y Complementarias Municipales de la Provincia de Cuenca. -Que hay tres referencias catastrales con el número 23 de la y ninguna de ellas consta con la letra “D”. -Que no existe licencia en el Ayuntamiento de la agrupación de las dos parcelas de Solicita 1) Que se nos indique en que articulo exacto del Plan de Ordenación Municipal de Casasimarro, con fecha de aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación de Territorio y Urbanismo el 26 noviembre de 2019, y fecha de publicación el BOP el 20 enero de 2020, y el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU). Son de aplicación complementaria las Normas Subsidiarias y Complementarias Municipales de la Provincia de Cuenca, se hace referencia que dos superficies con diferente referencia catastral y diferente propietario se puedan comunicar para la realización de una única actividad comercial. 2) Indicar, que la construcción y apertura del supermercado fue 2007-2008, y el plan urbanístico que nos indica es posterior. Solicitamos el artículo exacto y el Plan de Ordenación Municipal vigente en ese periodo donde se hace referencia que dos superficies con diferente referencia catastral y diferente propietario se puedan comunicar para la realización de una única actividad comercial. 3) Independientemente de que la referencia a la que nos referíamos este reseñada o no como (que según las escrituras de herencia viene registrada y en los planos del catastro de 2008, fecha en la cual se realizó la construcción del supermercado viene registrado como , solicitamos saber que permiso, licencia autorización etc le ha sido concedida para que estas dos fincas, utilizadas ambas para una única actividad comercial, se encuentren unidas, para evitar posibles confusiones nombraremos por su referencia catastral: y . Solicitamos dicho permiso”. 2. Ante la ausencia de respuesta por parte de la administración municipal, la solicitante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), a la que se da entrada el 19 de julio de 2022, con número de expediente RT/0387/2022. RA CTBG Número: 2023-0213 Fecha: 29/03/2023 3. Como consecuencia de una serie de errores no fue hasta el 13 de febrero de 2023 cuando el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Casasimarro, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. En la fecha en que se dicta esta resolución no se ha recibido contestación por parte de la administración al requerimiento de alegaciones formulado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como « los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.» Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión de un organismo https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/es/transparencia/portal-transparencia/informacion- econ/convenios/conveniosCCAA.html incluido en su ámbito de aplicación, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Según se expresa en el preámbulo de la LTAIBG, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. En relación con el contenido concreto de la solicitud que está en el origen de la reclamación que ahora se resuelve, debe indicarse que se solicitan dos informaciones: una primera referida a unas aclaraciones sobre la normativa aplicable a un proyecto llevado a cabo en el municipio; una segunda referida al acceso a la licencia concedida para la construcción de un supermercado. De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que ambas informaciones tienen la consideración de «información pública», puesto que obrarían en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Ayuntamiento de Casasimarro, que dispondría de ella en el ejercicio de las funciones que reconoce a los municipios la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local . 4. En el caso de esta reclamación, como se ha indicado anteriormente, el ayuntamiento concernido no ha dado respuesta a la solicitante y tampoco ha contestado al requerimiento de alegaciones formulado por este Consejo. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente, al no proporcionarle ni las razones por las que no se atendió la solicitud de acceso ni la valoración de las cuestiones planteadas por la reclamante, con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. Como consecuencia de ello, este Consejo ignora si, en atención a su contenido, concurre alguna circunstancia que impida su puesta a disposición. Sin embargo, el incumplimiento por la Administración de la obligación legal de dictar una resolución expresa sobre la solicitud de acceso y la falta de respuesta al requerimiento de alegaciones de este Consejo no pueden dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública. A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información». De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º).» En relación con la segunda parte de la reclamación, relativa a la licencia otorgada para la construcción de un supermercado, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 19.3 de la LTAIBG: “Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de qu ince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. La LTAIBG prevé, por lo tanto, un específico trámite de audiencia a los afectados por una solicitud de derecho de acceso a la información pública, de forma que todos ellos puedan expresar su posición a ese respecto y así contar con toda la información posible para realizar el pertinente juicio de valor. A la vista de lo señalado en el párrafo anterior, parece razonable concluir que una correcta aplicación de las previsiones de la LTAIBG por parte del Ayuntamiento de Casasimarro hubiese entrañado, en el momento de tramitar la solicitud de derecho de acceso a la información, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.3 de la LTAIBG, con el consiguiente traslado de la solicitud a los titulares de las fincas donde se construyó el supermercado sobre el que se pregunta en la solicitud. Teniendo en consideración que el artículo 119 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dedicado a la «Resolución» de los recursos administrativos —en igual sentido que el derogado artículo 113.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas—, prevé en su apartado 2 que «[c]uando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido […]», de acuerdo con el criterio contenido en la Sentencia nº 136/2017 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid, procede retrotraer las actuaciones al momento en que, en función del artículo 19.3 de la LTAIBG, el Ayuntamiento de Casasimarro debió haber remitido la solicitud de acceso a la información a los titulares de las fincas donde se construyó el supermercado sobre el que se pregunta en la solicitud. Posteriormente, la administración local deberá proceder a la resolución de la solicitud planteada en los términos establecidos en la LTAIBG y la respectiva ley autonómica sobre transparencia. 5. Por lo que respecta a la primera parte de la solicitud, relativa a determinadas aclaraciones sobre la normativa urbanística aplicable para la agrupación de dos parcelas del municipio, ya se ha indicado con anterioridad que se trata de información pública, puesto que obra en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, que dispone de ella en el ejercicio de las funciones que tiene legalmente reconocidas. A tenor de lo expuesto, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública y que la administración municipal no ha justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 , este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada en ese punto. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede PRIMERO: RETROTRAER las actuaciones, a fin de que el Ayuntamiento de Casasimarro remita, en el plazo de diez días hábiles, la solicitud de derecho de acceso a la información pública a los titulares de las fincas donde se construyó el supermercado sobre el que se pregunta en la solicitud y, una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo en él previsto, resuelva sobre la solicitud de acceso de conformidad con lo dispuesto en la LTAIBG. SEGUNDO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada, por versar sobre información pública en poder de un sujeto obligado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. TERCERO: INSTAR al Ayuntamiento de Casasimarro a facilitar en el plazo máximo de diez días hábiles a la reclamante la siguiente documentación: - Identificación exacta de la normativa (plan de ordenación, normas subsidiarias, etc , según corresponda), con su artículo concreto, donde se establezca que dos superficies con diferente referencia catastral y diferente propietario se puedan comunicar para la realización de una única actividad comercial. - Indicación del Plan de Ordenación Municipal de Casasimarro vigente cuando tuvo lugar la construcción y apertura del supermercado , hacia los años 2007 ó 2008. CUARTO: INSTAR al Ayuntamiento de Casasimarro a que, en el mismo plazo máximo de diez días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez