Solicitud de relación de derechos de cobro anulados por prescripción en el Ayuntamiento de Noblejas y resolución estimatoria del CTBG

Página1de 9 Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 9 de junio de 2022 el reclamante solicitó al Ayuntamiento de Noblejas, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “EXPONE: Que en la sesión extraordinaria del Pleno Municipal celebrado el día 20 de Noviembre de 2019 el punto nº 9 “ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE DECLARACIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS PENDIENTES DE COBRO” se tomó el siguiente acuerdo según consta en el acta: N/REF:RT 0316/2022 [Expte. 803-2023] Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ayu ntamiento de Noblejas (Toledo, Castilla– La Mancha). Información solicitada:Relación de cobros pendientes anulados por el ayuntamiento Sentido de la resolución:ESTIMATORIA. Plazo de ejecución:20 días hábiles. RA CTBG Número: 2023-0139 Fecha: 03/03/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente PRIMERO.- Aprobar la prescripción de los derechos pendientes de cobro que como Anexo se relacionan, (…..). SEGUNDO.- Proceder a la baja en contabilidad de los derechos pendientes de cobro mediante cancelación por prescripción, de acuerdo con lo indicado en el punto primero”. SOLICITO: Que acogiéndome a la Ley 19/2013 (…..), me proporcione la información de los derechos de cobro, con los nombres, tipo de tasa o impuesto e importe, anulados en el Pleno Municipal celebrado el 20 de Noviembre de 2019”. 2. Disconforme con la respuesta dada por parte de la administración municipal, el solicitante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), a la que se da entrada el 24 de junio de 2022, con número de expediente RT/0316/2022. 3. El 24 de junio de 2022 el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Noblejas, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. En ese mismo día, se recibe contestación al requerimiento formulado, con el envió de un escrito cuyo contenido es el siguiente: “(…..) PRIMERA.- Se estima que no ha existido incumplimiento alguno de las disposiciones establecidas en los artículos correspondientes de la normativa municipal ni estatal sobre transparencia. SEGUNDA.- En efecto, tal y como se nos expresa en la comunicación efectuada a esta Alcaldía, se formula reclamación por presunta vulneración del derecho de acceso a la información. Sin embargo, debemos manifestar que: *Efectivamente, el Sr. (….) formuló petición a este Ayuntamiento en fecha 14 de julio de 2020 (R.E 4.571/20) manifestando: “Que no habiendo puesto -supongo por error- el Anexo que detallan en el punto primero de la relación nominal de los derechos prescritos para su baja en contabilidad, se proceda a su publicación en el portal de transparencia, a fin de dar cumplido acuerdo a este punto, tomado por asentimiento y unanimidad de todos los asistentes”, que reiteró mediante escrito de fecha 19 de agosto de 2020 (R.E 5.366/209). RA CTBG Número: 2023-0139 Fecha: 03/03/2023 *Posteriormente, este Ayuntamiento remitió contestación al Sr. (….) en fecha 19 de agosto de 2020 (R.S 3.457/20), negando dicho acceso por entender que formaba parte de la documentación del Pleno en el que se aprobó la consabida baja por prescripción de los derechos pendientes de cobro, cuyo acceso en virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril y normativa de desarrollo se encuentra vedado a los Concejales de la Corporación. *Formulada queja por el interesado ante el Defensor del Pueblo, este Ayuntamiento respondió a dicha institución negando incumplimiento alguno. *Mediante escrito de fecha 9 de junio de 2022 (R.E 4.716/22), el reclamente reprodujo literalmente las peticiones arriba reseñadas, recibiendo cumplida respuesta. *En virtud de lo anterior este Ayuntamiento considera que no se ha vulnerado normativa alguna de transparencia, cuya exigibilidad, en ningún momento ha sido objeto de reproche, ni en con relación a este asunto a este Ayuntamiento por el Órgano fiscalizador de la misma como es el Consejo de Transparencia, ni en general, desde la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, como también podría acreditarse. *Este Ayuntamiento trata en la medida de sus posibilidades de cumplir escrupulosamente los mandatos de la normativa sobre transparencia, para lo que nos remitimos a nuestro Portal de Transparencia, cuyo contenido puede consultarse en la web municipal www.noblejas.es *Visto que este asunto ha tenido un recorrido un mayor, al trascender de la relación jurídica Ayuntamiento-Ciudadano, debemos informar a la Institución requirente que, a nuestro entender, la información solicitada relación nominal de los derechos prescritos para su baja en contabilidad, no se encuentra entre las comprendidas ni en el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ni en el artículo 17 de la Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Noblejas (B.O.P nº 89, de 11 de mayo de 2018), quedando la misma excluida por ende del ámbito material de contenido mínimo y obligatorio que exige la normativa sobre transparencia. Expuesto cuanto antecede, a modo de conclusiones, esta Alcaldía quiere poner de relieve ante esa Institución, los siguientes extremos: PRIMERO.- El ejercicio de transparencia del Ayuntamiento de Noblejas para con (….) ha sido correcto. SEGUNDO.- Se significa que el derecho de acceso a la información, que en otros supuestos, entendiéndolo vulnerado ha facilitado el acceso a los Tribunales de Justicia, no debe de confundirse con una pauta de comportamiento tendente a la instrumentalización de las instituciones para generar una dinámica de conflicto en la búsqueda de otros objetivos, ajenos a los que deben ser las funciones propias de los servidores públicos. TERCERO.- Las afirmaciones contenidas en este escrito pueden ser objeto de comprobación en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento, (….)” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como « los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.» https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/es/transparencia/portal-transparencia/informacion- econ/convenios/conveniosCCAA.html Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión de un organismo incluido en su ámbito de aplicación, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 4. Entrando en el contenido concreto de la solicitud que está en el origen de esta resolución debe indicarse que el Ayuntamiento de Noblejas centra la desestimación de las pretensiones del solicitante en dos cuestiones: primera, que ya ha dado respuesta al reclamante con anterioridad; segunda, que la información solicitada no entra dentro del concepto de información pública. Con respecto a la primera cuestión, es cierto que el reclamante presentó con anterioridad a la solicitud de 9 de junio de 2022 una petición muy similar a ella. Sin embargo, en esa primera ocasión el reclamante solicitó que el anexo sobre la prescripción de los derechos pendientes de cobro se publicase en el Portal de Transparencia. Esta solicitud implica que el ayuntamiento lleve a cabo una acción material, que es un supuesto distinto al del derecho de acceso a la información pública regulado en el capítulo III del Título I de la LTAIBG. Por lo tanto, no puede entenderse que, pese a sus similitudes, la solicitud de 9 de junio sea reiterativa y en consecuencia no deba ser atendida por esta causa. Con respecto a la segunda cuestión, en sus alegaciones el ayuntamiento indica lo siguiente: “la información solicitada relación nominal de los derechos prescritos para su baja en contabilidad, no se encuentra entre las comprendidas ni en el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ni en el artículo 17 de la Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Noblejas (….) quedando la misma excluida por ende del ámbito material de contenido mínimo y obligatorio que exige la normativa sobre transparencia”. En relación con esta afirmación debe recordarse que la LTAIBG configura el derecho de acceso a la información pública como un derecho de amplio espectro. En primer lugar, porque el artículo 12 dispone que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública”, sin limitación alguna por razón de edad, nacionalidad, condición de cargo público o ser interesado en un determinado procedimiento. En segundo lugar, porque establece en su artículo 13 un concepto de información pública muy amplio, pues aparece definida como los “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación (….) y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. El contenido, por tanto, del derecho de acceso es más amplio del conjunto de informaciones que el legislador básico y los legisladores autonómicos han establecido dentro del concepto de publicidad activa, definida ésta como información cuyo conocimiento es relevante para garantizar la transparencia de la actividad de las administraciones y entidades obligadas por la LTAIBG, que está relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública y que debe publicarse de forma periódica y actualizada. Por este motivo, no se puede aceptar el hecho de que la información solicitada no forme parte del bloque de información de carácter económico que recoge el artículo 8 de la LTAIBG, ni de otros artículos de la normativa aplicable en materia de transparencia, como motivo para denegar el acceso a ella. De hecho, aunque pueda solicitarse información que es objeto de publicidad activa, parece lógico pensar que los ciudadanos puedan tener más interés por aquella información que no se publica proactivamente y cuyo acceso, al menos teóricamente, es más fácil para ellos a través de las sedes electrónicas o portales de transparencia que los sujetos obligados por la LTAIBG han creado para cumplir con esa obligación. De acuerdo con los artículos 12 y 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada en el caso de la reclamación objeto de esta resolución debe considerarse «información pública», puesto que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Ayuntamiento de Noblejas, que dispondría de ella en el ejercicio de las funciones que reconoce a los municipios la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local . En relación con lo afirmado en párrafos anteriores, la configuración amplia del derecho de acceso a la información pública definida por el legislador ha sido reiterada por los Tribunales de Justicia, que ya han tenido ocasión de pronunciarse en diferentes ocasiones en el sentido de que el acceso a la información debe entenderse en un sentido amplio y que las restricciones al mismo deben ser excepcionales. De este modo, a mero título de ejemplo, la Sentencia 85/2016, de 14 de junio de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 5 tras señalar que la LTAIBG «en su Preámbulo, expresamente afirma que la misma configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública» sostiene que «la finalidad, principio y filosofía que impregna la reseñada Ley, es un acceso amplio a la información pública; y los límites a tal acceso han de motivarse, interpretarse y aplicarse de modo razonado, restrictivo y aquilatado». Esa misma posición la ha asumido el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información». De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º).» A tenor de lo expuesto, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública y que la administración municipal no ha justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 , este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada. No obstante, de la información que se aporte se deberán suprimir aquellos datos de carácter personal que permitan la identificación de las personas físicas afectadas, no así en el caso de que existan personas jurídicas en la relación solicitada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada, por constituir su objeto información pública en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. SEGUNDO: INSTAR al Ayuntamiento de Noblejas a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite al reclamante la siguiente información: - Relación de los derechos de cobro anulados en el Pleno Municipal celebrado el 20 de noviembre de 2019, con indicación del nombre (únicamente en el caso de personas jurídicas), tipo de tasa o impuesto e importe. TERCERO: INSTAR al Ayuntamiento de Noblejas a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez