Reclamación por falta de respuesta del Ayuntamiento de Pastrana sobre expedientes urbanísticos y otros documentos públicos, desestimada por abuso del derecho de acceso

Página1de 8 Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) y con fecha 27 de mayo de 2022 la siguiente información: “Relación de denuncias presentadas por infracciones urbanísticas desde la toma de posesión de la actual corporación. Copia digital de las actas de los plenos celebrados, de los decretos de Alcaldía, del plan estratégico de subvenciones vigente, de los expedientes de adjudicación de obras, de los expedientes administrativos urbanísticos de restauración de la legalidad incoados en razón de las denuncias formuladas, todo ello desde la toma de posesión de la actual corporación. N/REF:RT 0341/2022 [Expte. 500-2023] Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ayuntamie nto de Pastrana (Guadalajara). Información solicitada:Expedientes varios sobre licencias urbanísticas. RA CTBG Número: 2023-0111 Fecha: 16/02/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente Copia digital del expediente o expedientes de licencias urbanísticas relacionadas con las obras del museo de la Colegiata. Copia digital de los expedientes incoados en relación al estercolero respecto al cual el Alcalde de Pastrana informó en septiembre de 2021: "Desde hace ya años ha sido una constante el número de protestas, quejas y denuncias transmitidas a este Ayuntamiento por parte de vecinos y visitantes, sobre el olor que, de manera reiterada, se respiraba en este municipio, cuyo origen se encontraba en la acumulación de residuos orgánicos realizados por la empresa HEICOM". Relación de expedientes incoados a causa de tal infracción urbanística y contra la sanidad pública Copia digital de las remisiones de información a la Junta de Comunidades y a la Subdelegación del Gobierno, en virtud de lo dispuesto en el art. 56 de la LBRL: "1. Las entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios de las Corporaciones serán responsables del cumplimiento de este deber" y ello desde la toma de posesión de la Corporación. Copia digital de los Planos de Ordenación y del Catálogo de Bienes Protegidos, publicados en el BOP. EN SU CASO, QUE SE INFORME DE LA INEXISTENCIA DE EXPEDIENTES (sic)”. 2. Ante la ausencia de respuesta por parte del ayuntamiento, el solicitante presentó por email una solicitud de intervención ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) a la que se da entrada el 6 de julio de 2022, con número de expediente RT/0341/2022. 3. El propio 6 de julio de 2022 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al Director de la Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, y a la Secretaría General del Ayuntamiento de Pastrana, al objeto de que pudieran presentarse las alegaciones que se considerasen oportunas. En la fecha de emisión de la presente resolución, no se han recibido alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS RA CTBG Número: 2023-0111 Fecha: 16/02/2023 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. A tenor de lo dispuesto en su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. La información solicitada por el reclamante se refiere a una amplia relación de actividades, propias del ámbito de actuación de un Ayuntamiento, sujeto obligado por la LTAIBG, en virtud de las funciones que la Ley 7/1985 , de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, reconoce a los municipios. econ/convenios/conveniosCCAA.html 6 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392 4. La información solicitada afecta a varios ámbitos de la actividad municipal; así podemos citar las licencias urbanísticas, las subvenciones, la actividad de los órganos colegiados, la normativa de planeamiento urbanístico, las obras realizadas en el municipio, los decretos aprobados, el acceso a expedientes concretos, denuncias contra la sanidad pública, comunicación de acuerdos a otras administraciones, etc. Poner esta información a disposición de quien la solicite supone dedicar los recursos humanos y materiales de la entidad a la que vaya dirigida durante un largo periodo de tiempo, lo cual implicará que, en contrapartida, se dejen de atender otros servicios de su actividad diaria. En relación con este tipo de solicitudes de gran magnitud el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 11en su Sentencia 33/2021, de 4 de marzo, resolvió en los siguientes términos: “No podemos olvidar que la Ley 19/2013, no solo pretende la transparencia y el acceso a la información pública, sino también el buen gobierno, que debe conjugarse con los objetivos de transparencia y acceso, pues éstas son finalidades meramente instrumentales que se entiende que sirven para alcanzar el único fin sustantivo que se pretende, que es en definitiva el buen gobierno de las instituciones que manejan recursos públicos. Un reconocimiento desproporcionado de los mecanismos instrumentales, que fuera aprovechado de modo espurio y torticero, podría comprometer el buen gobierno de las instituciones, al que tienen derecho todos los ciudadanos, pues ellos son quienes en último término sufragan con sus impuestos el funcionamiento de las instituciones. No sería sensato que, una valoración desorientada sobre la jerarquía entre fines y medios, provocase que los recursos públicos de las instituciones sean desviados de su función, para atender supuestos fines de transparencia y acceso entendidos de modo desvirtuado”. Uno de los motivos por los cuales este Consejo considera que una solicitud tiene carácter abusivo cuando, para atenderla, requiere “un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos”. El reclamante tiene un largo historial de peticiones masivas a ayuntamientos españoles, en materia urbanística, normativa y de subvenciones, entre otras. En el caso de otras reclamaciones de este reclamante, como por ejemplo la RT/0982/2021, el Ayuntamiento de Pastrana ha alegado cuestiones como las siguientes: “el Ayuntamiento de Pastrana, como ya ha informado en anteriores ocasiones, cuenta con escasos medios tanto técnicos como personales, por lo que preparar toda la documentación que solicita este señor supone la paralización de servicios básicos y esenciales de esta Administración, causando un grave perjuicio a los ciudadanos del municipio, principalmente. SEXTO.- Que, pese a considerar legal desestimar las solicitudes de acceso de este señor, de acuerdo a resoluciones anteriores del CTAB, se le ha dado siempre opción para acceder presencialmente a dicha información. SÉPTIMO.- Se informa que Don (….) no se presenta a consultar dicha documentación, pese al trabajo previo que conlleva tener dicha documentación preparada para su consulta, ni contacta para modificar dicha cita (….)” A la vista de todo lo anteriormente indicado se considera necesario analizar de oficio el carácter abusivo de la solicitud que está en el origen de la reclamación objeto de esta resolución. El abuso del derecho al acceso no depende exclusivamente del número de ítems de información y de la variedad del espectro de los contenidos solicitados, según el Criterio número 3/2016 de este CTBG al respecto. Se reproducen a continuación algunos pasajes de ese criterio: “El artículo 18.1. e) de la LTAIBG asocia el carácter abusivo de la solicitud a la condición de que la petición “no esté justificada con la finalidad de la Ley”. De este modo hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho, y B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. 1. Así, una solicitud puede entenderse ABUSIVA cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación: • Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerase incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: “Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho”. • Cuando, de ser atendida, requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos • Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. • Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. 2. Se considerará que la solicitud está JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando se fundamenta en el interés legítimo de: • Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos • Conocer cómo se toman las decisiones públicas • Conocer cómo se manejan los fondos públicos • Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas Consecuentemente, NO ESTARÁ JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando: • No pueda ser reconducida a ninguna de las finalidades señaladas con anterioridad y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. • Cuando tenga por finalidad patente y manifiesta obtener información que carezca de la consideración de información pública de acuerdo con la definición del artículo 13 de la LTAIBG. • Cuando tenga como objeto o posible consecuencia la comisión de un ilícito civil o penal o una falta administrativa. Por otro lado debe señalarse que el artículo 7 del Código Civil dispone que: Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que: - por la intención de su autor, - por su objeto o - por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar… a la adopción de las medidas… administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Según numerosas sentencias (SS 14/2/86, 29/11/85, 7/5/93, 8/6/94, 21/9/87, 30/5/98,11/5/91, entre otras), el abuso de derecho: - presupone carencia de buena fe. La buena o mala fe es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos. Para la apreciación de la buena fe (ésta, según doctrina se presume) o mala fe (que debe acreditarse) hay que tener en cuenta hechos y circunstancias que aparezcan probados. - impone la exigencia de una conducta ética en el ejercicio de los derechos. El abuso de derecho procede cuando el derecho se ejercita con intención decidida de causar daño a otro o utilizándolo de modo anormal. Su apreciación exige que la base fáctica ponga de manifiesto las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y las subjetivas (ausencia de interés legítimo o voluntad de perjudicar). - El abuso viene determinado por la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima y la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho. Una interpretación del derecho de acceso a la información pública regulado en la LTAIBG que implique un ejercicio excesivo e indiscriminado del mismo afectaría en sí mismo, perjudicándolo, el objeto y finalidad de la propia norma. En virtud de todo ello, se entiende que se dan las circunstancias citadas por los Tribunales de Justicia y por el Criterio Interpretativo de este Consejo para considerar que la solicitud del reclamante participa de la condición de abusiva y es contraria al ordenamiento jurídico, puesto que para atenderla se requiere un tratamiento que obliga a paralizar el resto de la gestión del sujeto obligado a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendados. En consecuencia, a juicio de este Consejo, procede desestimar la reclamación presentada. Página8de 8 III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMARla reclamación presentada, por concurrir la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de laLey 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez