Solicitud de información sobre trabajos y retribución de un particular para el Ayuntamiento de Alfaro. Reclamación estimada por el CTBG por no responder en plazo

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 31 de mayo de 2024 la ahora reclamante formuló una solicitud de información pública, en nombre de un grupo político municipal, al Ayuntamiento de Alfaro, reiterando dicha solicitud el 11 de junio de 2024: “Expongo: Expediente Secretaría 2024/1511L18 Solicito: Una vez recibida contestación en relación al expediente 2024/1511L18 en el cual se hace saber que el señor no mantiene ninguna relación laboral con el ayuntamiento nos gustaría saber: ¿Porque es el señor es el encargado del manejo de las redes sociales del ayuntamiento? ¿Porque el señor realiza trabajos de cartelerías y diseños para este ayuntamiento? Si no existe relación laboral ¿Como son gratificados estos trabajos?” 2. Ante la ausencia de respuesta, interpuso la presente reclamación ante este Consejo, al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), el 5 de julio de 2024, registrada con número de expediente 1327-2024. N/REF: 1327-2024 Fecha: La de la firma Administración/Organismo: Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja). Información solicitada: Trabajos de una persona para el ayuntamiento. RA CTBG Número: 2024-0684 Fecha: 26/12/2024 3. El 24 de julio de 2024 el Consejo remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Alfaro, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas, habiéndose presentado escrito de alegaciones de la Secretaria Accidental el 31 de julio de 2024. En dicho escrito se relata que la primera solicitud sobre el asunto fue presentada el 12 de abril de 2024 y, tras sucesivos escritos de reiteración, la misma fue supuestamente contestada el 23 de mayo de 2024, haciéndose saber que no existía relación laboral. En el escrito remitido a este Consejo, se extracta el contenido de la solicitud inicial, acerca de posibles labores en redes sociales y actos públicos de la persona aludida, antiguo concejal de otro partido político, y alega lo siguiente acerca de la potencial respuesta: “(…) Desde esta Secretaria se desconoce cuál es el papel que desempeña el señor en el organigrama del grupo municipal, o del partido, únicamente cabe señalar que en relación al ayuntamiento, en cuanto a la gestión administrativa, no tiene ninguna relación, no existe ni consta su actuación ni siquiera su presencia en la gestión administrativa. Sin embargo, sí que tiene una relación contractual como se explica más adelante. De lunes a viernes en horario laboral, esta Secretaria no ha visto a esta persona diría que nunca por las oficinas municipales. Tampoco en los Plenos, Juntas de Gobierno o Comisiones Informativas. Ahora bien, sí que es cierto que el señor ha presentado tres facturas por trabajos para este Ayuntamiento que se adjuntan. Se trata de contratos menores que no han requerido tramitación (únicamente aprobación de la factura). (…)” 4. Con fecha de 26 de noviembre de 2024, se concedió trámite de audiencia al reclamante, siendo rechazada la notificación. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las RA CTBG Número: 2024-0684 Fecha: 26/12/2024 reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. De los antecedentes antes expuestos, del expediente aportado y de las alegaciones de la administración, se desprende que el objeto de la solicitud afecta a una persona anteriormente vinculada a la corporación municipal y que puede ejercer de contratista en la actualidad. 3. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano econ/convenios/conveniosCCAA.html competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». Como se ha indicado, en este caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». La información solicitada se ha proporcionado finalmente el 31 de julio de 2024, con las alegaciones elevadas a este Consejo, pero una vez transcurrido el plazo legal desde la solicitud. La respuesta emitida, aunque extemporáneamente, ha contestado a los interrogantes formulados en la solicitud de información, sin que la parte reclamante haya comparecido ni opuesto objeciones en el trámite de audiencia concedido. En consecuencia, procede la estimación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho a obtener una respuesta en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundament os jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Alfaro. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez