Solicitud de datos sobre menores diagnosticados con TDAH en Extremadura, tratamientos aplicados, efectos adversos y protocolos de consentimiento informado. Reclamación desestimada por requerir reelaboración de información

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, la entidad reclamante solicitó al Servicio Extremeño de Salud, el 15 de julio de 2024, al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Solicitamos información sobre el número de menores diagnosticados con TDAH en Extremadura en los años 2018. 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. -Qué tratamientos son los aplicados para dicho diagnóstico (fármacos que se prescriben, duración de los tratamientos, etc.). -Efectos adversos registrados como consecuencia de los tratamientos prescritos como alteraciones de comportamiento, enfermedades comunes, agresiones, suicidio, desarrollo físico o mental alterado, cronificación, etc. -Si hay un protocolo de consentimiento informado para estos tratamientos. -Qué tipo de consentimiento informado reciben los menores o los padres o tutores o responsables de los mismos: Documento que firman, información que se les da sobre los psicofármacos que se administran, alternativas terapéuticas que se ofrecen, objetivos que se informa N/REF: 1377-2024 Fecha: La de la firma. Admi nistración/Organismo: Junta de Extremadura/Servicio Extremeño de Salud. Información solicitada: Datos en relación con menores diagnosticados con TDAH. RA CTBG Número: 2024-0683 Fecha: 26/12/2024 que se conseguirán o cualquier otra. -Si el consentimiento informado se da para cada cambio de tratamiento». 2. Mediante Resolución del director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud, notificada el día 22 de julio de 2024, se da respuesta a la solicitud de acceso de la reclamante haciendo constar la carencia de un registro del número de personas diagnosticadas de TDAH, indicando que los tratamientos se pautan de manera individualizada, valorando cada caso, al existir varias alternativas, y no únicamente farmacológicas. Asimismo, se deja constancia de que el consentimiento informado siempre se recaba, de conformidad con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica . 3. Disconforme con dicha respuesta, el reclamante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) el 26 de julio de 2024. 4. El 20 de agosto de 2024 el Consejo remitió la reclamación a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. 5. Con fecha 20 de noviembre de 2024, se recibe en este Consejo contestación al requerimiento efectuado que incluye un informe del Director General de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud, de 6 de septiembre de 2024, en el que se hace constar, en línea con lo previamente argumentado, que para atender la petición del solicitante sería necesaria una acción previa de reelaboración de la información que requeriría consultar cada expediente de pacientes con el diagnóstico mencionado, y explorar los tratamientos farmacológicos, de forma individualizada, para, a partir de ahí, clasificar dicha información, por cada año, según los parámetros sujetos al fármaco prescrito y efecto adverso. Asimismo, se indica que, tras la oportuna consulta efectuada al Centro de Farmacovigilancia de Extremadura, actualmente no se tiene constancia de la existencia en Extremadura de ningún registro de efectos adversos ocurridos en pacientes en tratamiento con medicamentos para tratar TDAH. Por otra parte, se establece que, como para todos los medicamentos, los profesionales sanitarios y los BOE-A-2002-22188 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. RA CTBG Número: 2024-0683 Fecha: 26/12/2024 ciudadanos pueden remitir al Centro Autonómico de Farmacovigilancia las sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) de las que tengan conocimiento, notificaciones que se registran en la base de datos FEDRA que contiene las sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) de uso humano, así como los acontecimientos adversos ocurridos después de la vacunación. De lo expuesto, la Administración concernida extrae la conclusión, nuevamente, de que la información solicitada sólo se podría contestar con un registro de pacientes o con un estudio epidemiológico ad-hoc, añadiendo que la información sobre reacciones adversas de los fármacos autorizados en España para el tratamiento del TDAH puede ser consultada en la pá gina web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): Finalmente, se reitera, en relación a la pregunta formulada por el solicitante acerca del consentimiento, que se recaba verbalmente de los representantes legales del menor paciente, anotándolo en la historia, de conformidad con lo que la normativa exige (artículo 8 Ley 41/2002, de 14 de noviembre y el artículo 24 de la Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente). 6. En el trámite de audiencia concedido al efecto, la reclamante no ha formulado alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. BOE-A-2005-13470 Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2024-15944 Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. En el caso de esta reclamación, como se ha indicado en los antecedentes, la Administración concernida ha resuelto admitir parcialmente la solicitud de acceso de la reclamante, al no proporcionarle la información requerida con el nivel de detalle solicitado, concretamente, en cuanto al número de menores diagnosticados de TDAH; información específica requerida sobre los tratamientos aplicados; posibles efectos adversos de los mismos, así como la relativa al protocolo de consentimiento informado de estos tratamientos. Únicamente se le comunica que los tratamientos se pautan siempre con el consentimiento informado de los pacientes, de conformidad con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la econ/convenios/conveniosCCAA.html autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, informando verbalmente a los representantes legales del menor paciente, y anotándolo en la historia correspondiente. Para ello, se aducen como razones la no constancia de esos datos en los registros sanitarios existentes, aduciendo que los tratamientos se pautan de manera individualizada, como se ha reflejado en los antecedentes expuestos, siendo necesario realizar una labor de reelaboración con el fin de proporcionar la información solicitada, en los términos requeridos en la solicitud de acceso. A este respecto procede resaltar, en primer lugar, que este Consejo parte de la base de que, en sus relaciones con otras administraciones públicas, rigen los principios generales del artículo 3.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, lo que implica, en este caso, que presupone la veracidad de las declaraciones realizadas en un documento oficial respecto de la información solicitada, en el sentido de no poder proporcionarla al reclamante con el nivel de precisión y detalle requerido en su solicitud de acceso a la información, sin efectuar previamente una labor de reelaboración, generando así un informe ad hoc, lo que determinaría la concurrencia de la causa de inadmisión de la solicitud, consagrada en el artículo 18.1.c) de la LTAIBG. De lo deducido en el expediente, con la respuesta de la Administración se ha puesto a disposición la información disponible, y señalado los enlaces electrónicos que permiten su acceso, incluso se ha explicado los motivos de no poder facilitar con mayor detalle por carecer de registro, a lo que el reclamante no ha opuesto objeciones en el trámite de audiencia concedido. Por las razones expuestas, procede desestimar la reclamación presentada frente al Servicio Extremeño de Salud. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada frente al Servicio Extremeño de Salud. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez