Solicitud de información sobre ingresos psiquiátricos voluntarios e involuntarios en Baleares y protocolos de consentimiento, estimada formalmente por entrega tardía de la información completa

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el reclamante solicitó a la Consejería de Salud la siguiente información, mediante instancia electrónica, presentada el 19 de julio de 2024: “Solicitamos información sobre el número de internamientos no voluntarios realizados en Baleares en el área de salud mental en los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 en los diferentes centros sanitarios. - El número total de personas ingresadas en psiquiatría voluntariamente. - El número total de personas ingresadas en psiquiatría en contra de su voluntad. - Pedimos los datos también por sexos y edades. - Causas que dieron lugar a los ingresos no voluntarios. -Métodos usados para el ingreso forzoso: Policía, ambulancia, familia, traslado desde urgencias, etc. - Cuántos ingresos voluntarios se convirtieron en forzosos. - Qué protocolo de Consentimiento informado se sigue para los tratamientos dados a personas ingresadas en psiquiatría sin su voluntad: Quién es informado, quién firma el consentimiento, qué información se da al paciente o su N/REF: 1605-2024 Fecha: La de la firma Admi nistración/Organismo: Consejería de Salud (Illes Balears). Información solicitada: Solicitud del número de ingresos forzosos en salud mental en Baleares. RA CTBG Número: 2024-0681 Fecha: 26/12/2024 representante, qué tipo de formulario se usa, quién da la información y si se da una sola vez o para cada tratamiento diferente. Rogamos nos faciliten los documentos usados en estos casos. Si la información es verbal rogamos especifiquen cómo se hace y qué se informa exactamente”. 2. Mediante resolución de la Consejería de Salud, de 10 de septiembre de 2024, se estimó la solicitud y se resolvió en el sentido siguiente: “Estimar la petición del señor , en representación de la , y, en consecuencia: Enviarle en un documento adjunto a esta resolución en formato .xls y pdf la información solicitada respecto a los ingresos en hospitalización de psiquiatría. No se facilita la información diferenciada por sexos, ni la información relativa a las causas que dieron lugar a los ingresos no voluntarios, ni a los métodos usados para el ingreso forzoso, ni al número de ingresos voluntarios que se convirtieron en forzosos, ya que para buscar y poder facilitar esos datos se tendría que realizar una acción previa de reelaboración consistente en acceder a todos y cada uno de los historiales médicos de las personas que ingresaron involuntariamente en el área de salud mental entre los años 2018 y 2023 y extraer uno a uno los datos solicitados. Teniendo en cuenta que en ese periodo de tiempo hubo 3.399 ingresos involuntarios en el área de salud mental, queda demostrado que nos encontramos ante una tarea previa de reelaboración totalmente inasumible por parte del Servicio de Salud de las Illes Balears.” 3. Disconforme con la citada respuesta, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo), al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), el 12 de septiembre de 2024, en nombre de la asociación a la que representa, registrada con número de expediente 1605-2024. En su escrito de reclamación se alega lo siguiente: “Rogamos nos faciliten los documentos usados en estos casos. Si la información es verbal rogamos especifiquen cómo se hace y qué se informa exactamente. Gracias." El 2 de agosto se nos notifica que habrá una prórroga sobre el plazo habitual. Hoy 11 de septiembre hemos recibido simplemente un documento en formato PDF y EXCELL sin ninguna presentación sobre a qué expediente se refiere, sin RA CTBG Número: 2024-0681 Fecha: 26/12/2024 ninguna identificación sobre la entidad o persona física que lo envía, sin dar explicación sobre porqué la información es tan escueta y sin responder al conjunto de las cuestiones planteadas. Rogamos nos hagan llegar la información solicitada al completo y especialmente la tabla de ingresos psiquiátricos voluntarios e involuntarios completa que incluya todos los ingresos en cualquier edad (no sólo a partir de 15 años) y por sexo, contabilizando los de hospitales de media y larga duración, plantas de psiquiatría, clínicas etc. públicos y privados. Esta no es una ampliación de la petición. Es la misma detallando algunas de las cosas que se han omitido. Gracias.” 4. El 12 de septiembre de 2024 el Consejo remitió la reclamación a la Secretaría General de la Consejería de Salud, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. Dichas alegaciones se recibieron el 12 de noviembre de 2024, en la que ponen de manifiesto: “El ciudadano que presenta la reclamación, la fundamenta en que el número de ingresos involuntarios, según los datos aportados por la Consejería de Salud, es únicamente de una centena, número que dista mucho de los 3.399 ingresos a los que hace referencia la Resolución para justificar que nos encontramos ante una ardua tarea de reelaboración para atender a la totalidad de su petición. Explicamos a continuación cuál fue el motivo por el que se tomó como referencia la cifra de 3.399 ingresos: el ciudadano solicitaba en su petición, entre otra información, que se indicara el número de expedientes de ingreso voluntario que se habían convertido en ingresos forzosos. Para poder obtener esa información, habría que acceder a todos y cada uno de los historiales médicos de las personas que ingresaron voluntariamente en el área de salud mental entre los años 2018 y 2023 (3.399 ingresos), y comprobar si esos ingresos inicialmente voluntarios derivaron posteriormente en ingresos forzosos. Ese sería el primer paso para poder obtener correctamente la totalidad de la información que solicita el peticionario. De ahí que se tomara como referencia la cifra de 3.399 ingresos, que si bien fueron inicialmente voluntarios podrían haber derivado en involuntarios. … /// … Finalmente, indicar que la información correspondiente a las personas menores de quince años ya le ha sido facilitada al Sr. en la Resolución correspondiente a la solicitud de acceso a información pública 421/2024/UCT”. 5. Concedido trámite de audiencia al reclamante el 15 de noviembre de 2024 y acusado recibo el 21 de noviembre de 2024 a la fecha de esta resolución no se han formulado alegaciones por su parte. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. econ/convenios/conveniosCCAA.html 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información sobre el número de ingresos forzosos en salud mental. Habida cuenta que en alegaciones post eriores en el seno del presente procedimiento el reclamante ha ampliado la pretensión de información, el carácter revisor de las competencias de este consejo impide introducir elementos ampliados ni exigir la elaboración de documentación de nuevo cuño, por lo que habrá que ceñirse a la información inicialmente solicitada, en la que se detallaban los datos concretos pretendidos sobre el número de ingresos de salud mental en las Islas Baleares. La administración sanitaria en su respuesta de 10 de septiembre de 2024, estimó parcialmente la solitud de acceso, poniendo a disposición del reclamante los datos disponibles y explicando los motivos de no ofrecer más información. No obstante, lo anterior, en las alegaciones elevadas a este Consejo de 12 de noviembre de 2024 se ha ampliado la información facilitada a la que ha tenido acceso el reclamante en el trámite de audiencia ofrecido por este Consejo. 5. Llegados a este punto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». Como se ha indicado, en este caso, el órgano competente no respondió de forma completa al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». Como se desprende de los antecedentes expuestos, la Administración concernida resuelve, dentro del plazo legalmente establecido, conceder un acceso parcial a la información solicitada, en la 10 de septiembre de 2024, por la que da respuesta a la solicitud de acceso a la información de la reclamante. Sin embargo, no es hasta noviembre de 2024 cuando la Adminis tración reclamada proporciona en su totalidad la información que le ha sido requerida, con el nivel de detalle especificado disponible, haciéndolo así constar, en fase de alegaciones ante este Consejo, una vez interpuesta la correspondiente reclamación. En el trámite de audiencia concedido al efecto, la entidad reclamante no ha formulado alegaciones, de lo que queda constancia en el expediente. En consecuencia, en los casos en que la información pertinente en su totalidad se proporciona, como en este caso, una vez interpuesta la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG, procede la estimación por razones formales al no haberse respetado el derecho de la solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la interposición de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundame ntos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada frente a la Consejería de Salud. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez