Solicitud de datos sobre el consentimiento informado para terapia electroconvulsiva y desestimación de reclamación por información adicional

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 6 de julio de 2024 la entidad reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), al Servicio Riojano de Salud, la siguiente información: «Solicitamos los datos concretos sobre de obtención del consentimiento informado al aplicar electroshocks a los pacientes de La Rioja. - Qué datos se dan sobre efectos adversos o beneficios y copia de dicha información. - Si se ofrecen alternativas terapéuticas y cuáles. - Si la información es verbal o por escrito. En caso de ser verbal o cuando lo sea, rogamos también nos la faciliten. - En qué momento se informa al paciente (días antes, en el mismo momento...). - Si se firma el consentimiento para cada aplicación individual o un sólo consentimiento para las diferentes sesiones. - Si se da la información N/REF: 1385-2024 Fecha: La de la firma. . Administración/Organismo: Comunidad Autónoma de La Rioja/Servicio Riojano de Salud. Información solicitada: Datos en relación con el consentimiento informado al aplicar terapia electroconvulsiva. RA CTBG Número: 2024-0664 Fecha: 18/12/2024 también a la familia o representantes y quién firma en caso de que el paciente no esté en condiciones físicas o mentales para hacerlo. Solicitamos el documento o documentos que formen parte de dicho consentimiento incluyendo el modelo que se firma». 2. Mediante Resolución del Presidente del Servicio Riojano de Salud, de 25 de julio de 2024, se da respuesta estimatoria a la solicitud de acceso a la información de la reclamante. 3. Disconforme con dicha respuesta recibida la reclamante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo) el 30 de julio de 2024, en la que requiere una mayor precisión en la información proporcionada, así como aclaraciones sobre la misma y nuevos datos en relación con la materia solicitada. 4. El 20 de agosto de 2024 el Consejo remitió la reclamación a la Dirección del Servicio Riojano de Salud, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. El 2 de septiembre de 2024, se recibe contestación al requerimiento efectuado que incluye un informe de alegaciones de la Presidenta del Servicio Riojano de Salud, de 26 de agosto de 2024, en el que se hace constar que la solicitante reformula su solicitud inicial de acceso, argumentando su reclamación en preguntas nuevas no contenidas en su solicitud inicial. 5. En el trámite de audiencia concedido al efecto, la entidad reclamante no formula alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2024-15944 Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. RA CTBG Número: 2024-0664 Fecha: 18/12/2024 las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». 3. De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información relacionada con el consentimiento informado al aplicar terapia electroconvulsiva. Como se desprende de los antecedentes, la Administración concernida ha puesto a disposición de la asociación reclamante la información solicitada. Sin embargo, esta entidad manifiesta su disconformidad considerando aquella insuficiente, señalando econ/convenios/conveniosCCAA.html desconocer si el formulario de consentimiento informado es único para todos los centros públicos, y si es de aplicación también en los centros privados. A este respecto, cabe indicar que este Consejo parte de la base de que, en sus relaciones con otras administraciones públicas, rigen los principios generales del artículo 3.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, lo que implica presuponer la veracidad de las declaraciones realizadas respecto de la información solicitada, y en este caso concreto, que el formulario aportado de consentimiento informado es de aplicación en los centros sanitarios de La Rioja en los que se practica la terapia referida. 5. Asimismo, la entidad reclamante solicita, en su escrito ante este Consejo, aclaraciones sobre la respuesta obtenida por la Administración concernida, así como información adicional a la demandada en la solicitud de la que trae causa la reclamación ante este Consejo, como la relativa al formulario estándar utilizado en cuanto a la decisión del paciente de revocar el consentimiento informado, o a quién compete la revisión o revocación del consentimiento durante el tratamiento, así como los datos concretos sobre la corriente eléctrica que se aplica, y durante cuánto tiempo en cada sesión, y si los pacientes son informados de ello, entre otra información solicitada. A este respecto, cabe señalar que este Consejo tiene una competencia revisora en materia de acceso a la información pública, no procediendo, por tanto, un pronunciamiento sobre cuestiones no formuladas en la solicitud de la que trae causa esta reclamación. En atención a lo señalado, y dado que la Administración concernida ha actuado de conformidad con la LTAIBG, proporcionando, dentro del plazo previsto para ello, la información solicitada a la asociación reclamante, procede, en consecuencia, desestimar la reclamación presentada ante este Consejo. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada frente al Servicio Riojano de Salud. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez