Información sobre el número, duración, situaciones, consentimiento y fármacos de contenciones mecánicas y químicas en salud mental en Extremadura, y estimación de la reclamación por el Consejo de Transparencia

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el reclamante solicitó al Servicio Extremeño de Salud la siguiente información, mediante instancia electrónica con número de registro 172/2024, presentada el 12 de julio de 2024: “ASUNTO Uso de contenciones en salud mental INFORMACIÓN En representación de la COMISIÓN CIUDADANA DE DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA (…): Solicito información sobre el número de contenciones mecánicas y químicas efectuadas en Salud Mental en Extremadura. -Cuántas se realizaron en total en los años 2018,2019,2020,2021,2022 y 2023. - Si consta a cuántas personas en cada año. - Si consta la duración de las mismas. - Si hay registro de en qué situaciones se efectúan (urgencias, ingresos, planta, etc) N/REF: 1376-2024 Fecha: La de la firma . Dirección: Administración/Organismo: Servicio Extremeño de Salud (SES). Información solicitada: Contenciones mecánicas en centros de salud mental. Plazo de ejecución: 20 días. RA CTBG Número: 2024-0627 Fecha: 18/11/2024 - Si se solicita consentimiento informado a la persona o a su familia o representante. - Qué fármacos se usan en las contenciones químicas y en qué dosis. - Solicito copia de la información, impresos o documentos que se facilitan para el consentimiento Informado. - Si consta registro por edades, sexo u otros marcadores. (…).” 2. Mediante resolución del Servicio Extremeño de Salud, de 22 de julio de 2024, se estimó la solicitud y se resolvió en el sentido siguiente: “ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- Con fecha 12 de julio de 2024 y número de solicitud SOL 2024/172, se registra en el Portal de la Transparencia de la Junta de Extremadura, solicitud de acceso a la información pública (…). La solicitud es dirigida por la persona interesada al Servicio Extremeño de Salud, por tratarse del órgano competente para facilitar la información solicitada de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 4/2013, 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura. A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes: FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero: El artículo 19.2 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, determina que “las solicitudes de información pública deberán dirigirse a la entidad o unidad en cuyo poder se encuentre la información y se resolverán por los superiores jerárquicos de las unidades en cuyo poder se encuentre la misma, siempre que tengan atribuidas competencias resolutorias.” Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 221/2008, de 24 de octubre, que aprueba los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud, es competente para resolver las solicitudes que se presenten atinentes a información que obre en su poder por afectar al ámbito de las funciones que tiene encomendadas, la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Extremeño de Salud. Segundo.- En el artículo 15.2 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, se establece que: “La información pública es aquella que viene definida como de libre acceso a cualquier ciudadano y ciudadana por ser información elaborada o adquirida por el propio sector público en el ejercicio de su actividad, funcionamiento y organización, siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o RA CTBG Número: 2024-0627 Fecha: 18/11/2024 la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.” La solicitud de acceso a la información pública (…) debe ser estimada al tratarse de información pública y no existir ningún límite ni causa inadmisibilidad que impidan la puesta a disposición del solicitante. En virtud de lo expuesto, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el Ordenamiento Jurídico, esta Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Extremeño de Salud, RESUELVE Estimar la solicitud de acceso a la información pública formulada por (…) por internet a través de la Sección de Transparencia del Portal de Transparencia y Participación Ciudadana de la Junta de Extremadura, registrada con número SOL-2024/172 facilitando la información elaborada por la Dirección General de Asistencia Sanitaria en el documento anexo. EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD ------------------------------------- (Informe de respuesta): Con relación a la solicitud sol-2024/172 de información pública, responder que las contenciones mecánicas y químicas son alternativas terapéuticas disponibles cuyas indicaciones están basadas en criterios clínicos como puede ser una agitación psicomotriz importante o la prevención de daños o lesiones inminentes a la propia persona o a terceras. En todo caso, se utilizan cuando otros abordajes han resultado ineficaces (desescalada verbal, por ejemplo) y se realizan en condiciones seguridad, desde el respeto de los derechos humanos y la legalidad vigente. Es decir, siempre se recaba el consentimiento informado de forma escrita, tal y como se recoge en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. EL DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA ” 3. Disconforme con la citada respuesta, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo), al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), el 26 de julio de 2024, en nombre de la asociación a la que representa, registrada con número de expediente 1376-2024. En su escrito de reclamación se alega lo siguiente: “ solicitó información sobre un tema tan importantes como es el uso de contenciones en Salud Mental a la Consejería de Salud y Servicios Sociales de Extremadura. A pesar de comunicarnos que se resolvía estimar la solicitud, al igual que en otras peticiones hechas a este mismo organismo, la respuesta ha sido vacía de contenido. Reiteramos por tanto la petición en los mismos términos a través de esta reclamación y esperamos se nos faciliten todos los datos disponibles totales o parciales.” 4. El 27 de agosto de 2024 el Consejo remitió la reclamación a la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. En la fecha en que se dicta la presente resolución no se han recibido alegaciones al requerimiento efectuado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con la ciudad autónoma de Ceuta. econ/convenios/conveniosCCAA.html 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a información sobre el número de contenciones mecánicas y químicas efectuadas en Salud Mental en Extremadura, alternativa terapéutica, dentro del ámbito de competencias autonómico expresado en la resolución recurrida. La respuesta recibida contiene un razonamiento acerca de los fundamentos de dicha terapia alternativa y los requisitos para su administración, pero no responde a las preguntas formuladas sobre los datos concretos de las citadas “contenciones mecánicas y químicas efectuadas en Salud Mental en Extremadura,” ni aporta los documentos solicitados. 5. En presente caso, como se ha indicado en los antecedentes, el órgano administrativo no ha contestado al requerimiento de alegaciones formulado por este Consejo. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente, al no proporcionarle elementos para la valoración de las cuestiones planteadas por la reclamante, con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. A estos efectos, es preciso tener presente que el acceso a esta información pública es un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información». De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º).» A la vista que cuanto antecede, dado que lo solicitado tiene la consideración de información pública, que la administración reclamada no ha justificado la concurrencia de una causa de inadmisión o de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 LTAIBG, este Consejo debe estimar la reclamación presentada y conceder la información solicitada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al Servicio Extremeño de Salud. SEGUNDO: INSTAR al Servicio Extremeño de Salud a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite al reclamante la siguiente información: - Número de contenciones mecánicas y químicas, efectuadas en los años 2018,2019,2020,2021,2022 y 2023., si consta a cuántas personas en cada año. - Duración de las mismas. - Si hay registro de en qué situaciones se efectúan (urgencias, ingresos, planta, etc). - Si se solicita consentimiento informado a la persona o a su familia o representante. - Qué fármacos se usan en las contenciones químicas y en qué dosis. - Si consta registro por edades, sexo u otros marcadores. TERCERO: INSTAR al Servicio Extremeño de Salud a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita a este Consejo copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez