Solicitud de acceso a denuncia sobre gatos en Can Curune y peticiones de autorización y registro de colonias felinas. Se concede la denuncia anonimizada y se desestiman las peticiones sobre colonias al no ser información pública

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, los días 1 de febrero y 14 de marzo de 2024 la asociación reclamante presentó al Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), dos solicitudes con el siguiente contenido respectivo: “Expone: Solicitud de Registro de Colonia Felina y Solicitud de Directrices para Alimentación Buenos días, primero: Hace meses, incluso puede ser años que sobreviven gatos comunitarios en las cercanías de la Iglesia de San Lorenzo así que cerca de los contenedores cerca del instituto al fondo del parking público. Segundo: la mayoría están esterilizados y alimentados por voluntarias. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887 8 N/REF: 779/2024 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja (Illes Balears) Información solicitada: Acceso a denuncia por presencia de gatos en Can Curune y diversas peticiones en relación con colonias felinas. Plazo: 20 días RA CTBG Número: 2024-0557 Fecha: 22/10/2024 Aprovechamos para recordarles que tanto la alimentación como las esterilizaciones se hicieron al cargo de estas personas. Solicito: Tercero: En este sentido, solicitamos que se nos autorice a alimentar a las colonias felinas en los horarios y lugares más adecuados, de acuerdo con las recomendaciones del Ayuntamiento de San Joan. Cuarto: Solicitamos el registro de estas 2 colonias del municipio de San Lorenzo. Quinto: Asimismo, solicitamos que se nos brinden las directrices específicas para la alimentación de las colonias, de acuerdo a las recomendaciones del Ayuntamiento de San Joan de Labritja, incluyendo: Tipos de alimentos recomendados y no recomendados. Cantidad de comida adecuada por gato. Horarios y lugares más adecuados para la alimentación. Medidas de higiene y limpieza a tener en cuenta. Sexto: La administración local puede contar con nuestra colaboración para ayudar este ayuntamiento a dar protección a los animales comunitarios tal y come le recoge la ley 7/23 de protección de los derechos y el bienestar de los animales en su capítulo 6 artículos 38 a 42. Séptimo: Fundamentos jurídicos *Artículo 29 de la Constitución Española: "Todos tienen el derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a las autoridades, que deberán ser contestadas por escrito en un plazo razonable". *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: "Los ciudadanos podrán dirigirse a las Administraciones Públicas para realizar peticiones y solicitudes en relación con los asuntos que sean de su competencia". *Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: "Los ciudadanos tienen derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos, entre otros medios, mediante la presentación de peticiones y solicitudes". *ley 7/23 de protección de los derechos y el bienestar de los animales en su capítulo 6 artículos 38 a 42». «SOLICITO Primero: Tener acceso a la denuncia escrita presentada por la presencia de gatos en Can Curune, incluyendo: Fecha de presentación: Nombre y apellidos del denunciante: Contenido íntegro de la denuncia: Cualquier otra información relevante relacionada con la denuncia. Segundo: Que se lee el documento adjuntado». 2. No consta respuesta de la Administración concernida. 3. Mediante escrito registrado el 1 de mayo de 2024, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el RA CTBG Número: 2024-0557 Fecha: 22/10/2024 Consejo) en aplicación del artículo 24.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 2( en adelante, LTAIBG), en la que pone de manifiesto que no había recibido respuesta 4. Con fecha 10 de mayo de 2024, el Consejo trasladó la reclamación a la Administración reclamada solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y un informe con las alegaciones que considerara pertinentes. En el momento de elaborarse la presente resolución no se ha recibido contestación. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2. d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, e Illes Balears, así como con la ciudad autónoma de Ceuta. 3. A tenor de lo dispuesto en su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887 8 BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2024-15944 Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. econ/convenios/conveniosCCAA.html reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 4. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información sobre una denuncia por la presencia de gatos en Can Curune. La información cuyo acceso se pretende tiene la consideración de pública a los efectos de la LTAIBG, 5. En el caso de esta reclamación, como se ha indicado en los antecedentes, la Administración concernida no ha dado respuesta a la entidad solicitante y tampoco ha contestado al requerimiento de alegaciones formulado por este Consejo. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente, al no proporcionarle ni las razones por las que no se atendió la solicitud de acceso ni la valoración de las cuestiones planteadas por la reclamante, con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. Como consecuencia de ello, este Consejo ignora si, en atención a su contenido, concurre alguna circunstancia que impida su puesta a disposición. 6. Sin embargo, el incumplimiento por parte de la administración de la obligación legal de dictar una resolución expresa sobre la solicitud de acceso, así como la falta de respuesta al requerimiento de alegaciones de este Consejo, no pueden dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública. A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información». De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º).» 7. Sentado lo anterior, y respecto de la información reclamada en la primera solicitud, conviene recordar que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la LTAIBG, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, entendiendo como tal, según el 13 de esta ley, aquellos documentos o contenidos que obren en poder del sujeto obligado por haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. De lo anterior se desprende con evidencia que parte del escrito presentado por el reclamante ante el Ayuntamiento no contiene una solicitud de acceso a la información pública, sino de una petición de autorización para alimentación de unas colonias felinas, solicitando instrucciones específicas sobre la forma más adecuada de realizar esta labor, así como instando al registro de dos colonias. Conviene recordar, en este punto, que la reclamación prevista en el artículo 24 de la LTAIBG se proyecta sobre aquellas resoluciones expresas o presuntas que se dicten en materia de derecho de acceso a la información pública —lo que no acontece en este caso en el que lo realmente pretendido es, como se ha apuntado, es una petición para que se realice una actuación material por parte del Ayuntamiento concernido, en relación con la autorización de alimentación, instrucciones para ello y realización del registro de unas colonias felinas—; cuestión, por tanto, que resulta ajena al procedimiento de reclamación previsto en el artículo 24 LTAIBG. En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto, procede desestimar la reclamación en este punto al versar sobre cuestiones ajenas al ámbito de aplicación de la LTAIBG. No obstante, el hecho de que este Consejo no sea competente para conocer de la reclamación contra esta solicitud de información no empece el derecho de la asociación solicitante para dar satisfacción a su pretensión de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, mediante el empleo de las vías o cauces procedentes para ello. 8. Por otra parte, por lo que respecta a la solicitud referente a denuncia interpuesta por presencia de gatos en Can Curune, requiriendo, expresamente, conocer el nombre y apellidos de la persona denunciante, se ha de subrayar que el acceso a información pública que contiene datos de carácter personal se rige por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por lo establecido en el artículo 15 LTAIBG. En el presente caso, en la ponderación exigida en el apartado tercero de este precepto prevalece claramente la protección de los datos de carácter personal del denunciante sobre el derecho de acceso a la información pública del solicitante. No obstante, de ello no se deriva que se deba denegar el acceso a la denuncia, pues la información el ella contenida reviste un indudable interés público, sino que deberá facilitarse debidamente anonimizada, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas (artículo 15.4 LTAIBG). 9. Por las razones expuestas, procede estimar parcialmente la reclamación, instando a conceder el acceso a la denuncia en los términos anteriormente indicados . III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja. SEGUNDO: INSTAR al Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja a que, en el plazo máximo de 20 hábiles, remita a la reclamante la siguiente información: - Denuncia escrita presentada por la presencia de gatos en Can Curune debidamente anonimizada. TERCERO: INSTAR al Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, a que, en el plazo máximo de 20 días hábiles, remita a este Consejo copia de la información enviada a la sociedad reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, LTAIBG, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez