Solicitud de cédula urbanística de un inmueble al Ayuntamiento de Santander y desestimación de la reclamación por no ser información pública

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 18 de diciembre de 2023 la ahora reclamante presentó ante el Ayuntamiento de Santander una instancia solicitando la ficha urbanística de un inmueble determinado por su ubicación y referencia catastral, a través de representante. 2. Ante la supuesta ausencia de respuesta, se interpuso reclamación ante este Consejo, al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), el 17 de abril de 2024, la cual ha sido registrada con número de expediente 676-2024. En dicha reclamación se aclara que lo que se solicita es la cédula urbanística. 3. El 9 de mayo de 2024 el Consejo remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Santander al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. N/REF: 676-2024 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ayuntamiento de Santander (Cantabria). Información solicitada: Cédula urbanística de inmueble. RA CTBG Número: 2024-0540 Fecha: 16/10/2024 El 16 de mayo de 2024 se recibe oficio de alegaciones en el que se refiere que existen reclamaciones anteriores tramitadas por este Consejo en relación a solicitudes similares, y se realizan las siguientes conclusiones: “PRIMERA. - Conforme el informe del Servicio Municipal de Licencias de Obras de fecha 16/05/24, en relación al contenido demandado por el reclamante en primer lugar (la cédula urbanística) del escrito del que trae causa la reclamación planteada, lo que procede, es el archivo de la reclamación de referencia por parte del CTBG, al haberse intentado facilitar la información demandada al interesado y rechazar éste la notificación electrónica de la misma con carácter previo a la presentación de la reclamación . SEGUNDA. - Por lo que respecta al contenido demandado por el reclamante en segundo lugar (miscelánea de consultas y dudas relativas a la legislación urbanística aplicable) del escrito del que trae causa la reclamación, no tienen cabida dentro de la consideración de información pública definida por el artículo 13 de la LTAIBG, excediendo del derecho de acceso contemplado en la misma, por lo que no cabe más que su inadmisión a trámite. TERCERA. - Finalmente, salvando lo antedicho y, en relación también al contenido referido en la alegación segunda, la solicitud de la que trae causa la reclamación resulta manifiestamente repetitiva y tiene un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la LTAIBG, por lo que, asimismo, no cabe más que su inadmisión a trámite, de conformidad con la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1, letra e), del citado cuerpo legal De conformidad con lo anterior y, en atención a lo expuesto en las consideraciones fácticas y jurídicas del informe del Técnico de Participación Ciudadana y Transparencia que forma parte de este escrito, así como en el informe del Servicio Municipal de Licencias de Obras que se adjunta en la documentación anexa al mismo, estimamos que lo que procede estimamos que lo que procede es el archivo o la inadmisión a trámite de la reclamación de referencia por parte del CTBG .” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I., el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. RA CTBG Número: 2024-0540 Fecha: 16/10/2024 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG, las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con la ciudad autónoma de Ceuta. 3. De los antecedentes expuestos, y de las alegaciones de la administración, se desprende que la reclamante solicitó mediante un procedimiento reglado, la cédula urbanística de un inmueble de su propiedad, habiendo abonado la tasa correspondiente. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana en su art. 5 d). establece como derecho del ciudadano “Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora”. El documento escrito que satisface ese derecho se denomina cédula urbanística. Por tanto, la cédula urbanística es el documento administrativo que certifica las circunstancias y el régimen urbanístico a las que se encuentra sujeta un solar, una finca o una parcela de un término municipal conforme al planeamiento urbanístico. Es un documento oficial cuya finalidad es servir de base para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones en el ámbito de la edificación y el desarrollo urbanístico. En el presenta caso, según manifiesta la administración concernida se procedió al cobro de la tasa correspondiente para su emisión, y realizó los reglamentarios intentos de notificación de la referida cédula en la dirección electrónica proporcionada por el representante del interesado, que sin embargo resultaron infructuosos Sin perjuicio de que la solicitante pueda obtener el documento requerido a través de su cauce procedimental propio, subsanando el medio de notificación ante el ayuntamiento, debe inadmitirse la presente reclamación, toda vez que lo solicitado es la emisión de un documento acreditativo oficial de las circunstancias urbanísticas de un inmueble, De este modo, tomando en consideración el objeto de la reclamación descrita consistente en actuación material de acreditación oficial de certificación oficial de las circunstancias, régimen y condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada según la normativa urbanística mediante la emisión de una cedula urbanística por parte de la administración concernida, Por tanto, estamos ante la petición de hacer ajena al ámbito propio, y por tanto distan de tratarse de solicitudes de acceso a la información pública que obre en poder de la administración concernida en los términos definidos por los artículos 12 a 22 de la propia LTAIBG. No existe por tanto solicitud de información pública al amparo de lo dispuesto en la LTAIBG, ni resolución expresa o presunta del derecho de acceso a la información pública en consecuencia, por lo que el Consejo no puede ejercer su competencia revisora en materia de acceso a información pública. En consecuencia, de lo anterior la presente reclamación en el estado actual de tramitación debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Santander. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez