Reclamación por falta de respuesta del Ayuntamiento de Santander sobre datos tributarios del IBI y categorías urbanísticas de un inmueble

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, la reclamante solicitó, el 23 de diciembre de 2023, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) al Ayuntamiento de Santander, la siguiente información relacionada con un inmueble identificado en la solicitud con su referencia catastral: «SOLICITUD (de la siguiente información): a) Todas las revisiones y aplicaciones de los impuestos de la antigua Contribución Urbana o del actual Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que han afectado al inmueble, desde su construcción hasta la actualidad. - Revisiones y variaciones de tributación (cálculo y conceptos), aplicadas a los impuestos a lo largo del tiempo, desde el inicio de la urbanización, hasta la actualidad. N/REF: 643-2024 Fecha: La de la firma Dire cción: Administración/Organismo: Ayuntamiento de Santander (Cantabria). Información solicitada: Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), abonado por la propiedad del inmueble. RA CTBG Número: 2024-0517 Fecha: 18/09/2024 b) Conceptos pagados por la Propiedad a través de dichos recibos, desde su construcción hasta la actualidad. - Variaciones de tributación y pago en el recibo de la antigua Contribución Urbana y del actual IBI que se hayan producido por inclusión de nuevos conceptos, cambios catastrales (descripción de la finca, cálculo, servicios y suministros, obras, infraestructuras, mantenimiento / conservación / reparación, etc.). c) Si se han reflejado a lo largo del tiempo, cambios en los citados recibos, tras modificaciones urbanísticas o de otros tipos, como el paso a dominio público de terrenos o infraestructuras o la prestación de servicios y suministros de la zona. Y en este caso, cuáles. d) Categoría urbanística del inmueble y de la calle donde se encuentra dicho inmueble, en base a los criterios por los que se fijan los citados impuestos. e) Información general: tipos / categorías de calles o inmuebles, según el citado impuesto y sus características en este Municipio». 2. No consta respuesta de la Administración concernida. 3. Mediante escrito registrado el 15 de abril de 2024, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo), en aplicación del artículo 24.1 de la LTAIBG , en la que pone de manifiesto que no había recibido respuesta. 4. Con fecha 24 de abril de 2024 el Consejo trasladó la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Santander, solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y un informe con las alegaciones que considerara pertinentes. Con fecha 16 de agosto de 2024 se recibe escrito de alegaciones por parte de la Administración concernida, en el que se hace constar que procede la inadmisión a trámite de la reclamación presentada, ya que las solicitudes que pretenden la respuesta a consultas sobre la normativa aplicable a un determinado supuesto, emitir criterios o la emisión de un informe jurídico aclaratorio tanto de la normativa o de la tramitación aplicable, como en este caso, no tienen cabida dentro de la consideración de información pública definida por el artículo 13 de la LTAIBG , excediendo del derecho de acceso contemplado en la misma. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. RA CTBG Número: 2024-0517 Fecha: 18/09/2024 No obstante lo anterior, se adjunta un informe de la Directora General de Ingresos Públicos Municipales, de 28 de junio de 2024 en el que se indica que el artículo 77.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales , establece que el impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaboradas al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Por esta razón, se alega que, en lo relativo a la información solicitada por la interesada que versa sobre las revisiones y aplicacion es que han afectado al inmueble a los efectos del cálculo del Impuesto, desde su construcción hasta la actualidad, por modificaciones urbanísticas o de otro tipo, como el paso a dominio público de terrenos, infraestructuras y suministros de la zona, así como la referente a la categoría urbanística del inmueble o calle donde se encuentra, será la Dirección General de Catastro la que disponga de esta información, al entender que se refiere a los parámetros tenidos en cuenta para la valoración del inmueble, es decir, para el cálculo de su valor catastral. En este sentido, se establece que la Dirección General del Catastro elabora las ponencias de valores, directamente o bien a través de los convenios de colaboración con las Administraciones Públicas que reglamentariamente se establezcan, publicándose en el Boletín Oficial de cada provincia y pudiendo consultarse asimismo en la propia página web del Catastro. Asimismo, respecto de la información solicitada referente a las variaciones de tributación y los tipos impositivos aprobados en los últimos años, al ser competencia municipal, se establece que podrán ser consultados en las ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Santander, para cada uno de los ejercicios, en las que se recoge la información relativa a la gestión tributaria, al cálculo del impuesto y al tipo impositivo aplicable para cada ejercicio. Esta información se encuentra accesible en la Sede electrónica del Ayuntamiento ( Ordenanzas fiscales | Sede Electrónica - Ayuntamiento de Santander). 5. El reclamante, en fecha de 27 de agosto de 2024 en respuesta al trámite de audiencia concedido eleva alegaciones en las que reitera su reclamación y añade un relatorio de expedientes de otras solicitudes de acceso a la información pública BOE-A-2004-4214 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. instados ante el ayuntamiento reclamado, a la vez que cita diversa legislación que considera de aplicación. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y BOE-A-2024-15944 Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. econ/convenios/conveniosCCAA.html alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. En el presente expediente se solicita, entre otra, información relativa a las revisiones y aplicaciones del impuesto sobre bienes inmuebles respecto de la finca identificada en la solicitud de acceso, requiriendo conocer las variaciones en los recibos del IBI debidos a modificaciones urbanísticas, o de otro tipo, en la zona en la que se encuentra ubicado el inmueble, así como la categoría urbanística de este y de la calle donde se encuentra. La Administración concernida, en su escrito de alegaciones, hace constar que la información solicitada, anteriormente referida, se encuentra en poder de la Dirección General del Catastro, al ser el Impuesto sobre Bienes Inmuebles una figura impositiva local cuya gestión, exacción y recaudación corresponde a la Administración Local. Dicha exacción tributaria se ejerce a través de los ayuntamientos a partir de la información catastral, cuya gestión y mantenimiento está atribuida a la Administración General del Estado, concretamente al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Catastro. La exacción fiscal del impuesto municipal de bienes inmuebles se construye desde la base imponible del tributo constituida con la determinación los valores y datos catastrales de esos inmuebles cuya información compete gestionar la Dirección General de Catastro. A partir de la base imponible la imposición fiscal se determina con los demás elementos del tributo previstos en la ordenanza fiscal municipal, -el tipo, base liquidable, cuota, bonificaciones y exenciones fiscales- según se regula los art 60 y concordantes del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En cuanto a la determinación de las variaciones de los elementos identificativos catastrales del inmueble aludido, será la Dirección General del Catastro la que deba pronunciarse sobre el acceso a dicha información en los términos definidos por Real BOE-A-2004-4214 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario . Por lo expuesto, dado que la información requerida implica el acceso a datos que no obran en poder de la administración reclamada, pero esta conoce el competente, procede acordar que se retrotraigan con el fin de que se remita la solicitud a la Dirección General del Catastro para que se pronuncie al respecto, dando cumplimiento a lo dispuesto en art 19.1 LTAIBG, con arreglo al cual «Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.» 5. Asimismo, respecto de la información reclamada de las variaciones de la tributación y los tipos impositivos aprobados en los últimos años en el referido impuesto, se proporciona a la solicitante el acceso a las ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Santander, a través de su sede electrónica. Como se desprende de las alegaciones elevadas por el ayuntamiento concernido cabe indicar que las ordenanzas fiscales son objeto de publicidad activa y así se lo han hecho saber al reclamante identificando la sede electrónica donde puede acceder tal información. En consecuencia, la información requerida en el último apartado de la solicitud, que versa sobre los tipos / categorías de calles o inmuebles, según el citado impuesto y sus características en este Municipio, en línea con lo ya apuntado en el escrito de alegaciones del Ayuntamiento concernido, cabe concluir que las solicitudes que pretendan emitir criterios; o elaboración de un informe aclaratorio de la normativa o de la tramitación aplicable, o la respuesta a consultas sobre la normativa de aplicación a un determinado supuesto, en este caso la ordenanza fiscal correspondiente al IBI, no tienen cabida dentro de la consideración de información pública definida por el artículo 13 de la LTAIBG, al exceder del derecho de acceso contemplado en la misma. En atención a lo señalado, la presente reclamación debe ser desestimada en lo que se refiere a esta concreta información fiscal solicitada. BOE-A-2004-4163 Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Santander. SEGUNDO: ORDENAR la retroacción de actuaciones para que, en el plazo máximo de 5 días hábiles, el Ayuntamiento de Santander remita la solicitud a la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda en la parte que es de su competencia, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 19.1 LTAIBG. TERCERO: INSTAR a la Ayuntamiento de Santander que, en el mismo plazo máximo de 5 días hábiles, remita a este Consejo copia de lo actuado. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez