Solicitud de identificación del personal responsable de la tramitación de un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural

www.consejodetransparen cia.es 2. Ante la falta de respuesta a su petición, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, C onsejo), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), el 2 de febrero de 2024, que fue registrada con el número de expediente 196-2024. Concreta su reclamación en conocer la identidad de las personas que han intervenido en la tramitación del citado expediente de declaración de bien de interés cultural. 3. El 6 de febrero de 2024 el Consejo remitió la reclamación a la Secretaría General de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. El 10 de abril de 2024 se ha recibido respuesta de parte de la Secretaria General, en la que se realizan las siguientes alegaciones: ido escrito mediante el cual el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con ocasión de la reclamación interpuesta el 06 de febrero de 2024 por la Asociación para el estudio y mejora de los salmónidos (AEMS), requería la remisión de la documentación allí contenida. En concreto, copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información de la que trae causa la reclamación, incluyendo, en su ca so, las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 19.3 LTAIBG , así como de un informe con las alegaciones consideradas pertinentes para la resolución de la reclamación. Con relación a la solicitud formulada, por tanto, se informa lo siguiente: El día 27 de noviembre de 2023 fue publicada en el Boletín Oficial de La Rioja número 237 Resolución 25/2023, de 21 de noviembre, de la Dirección General de Cultura, por la que se incoa expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento de ingeniería del aprovechamiento hidroeléctrico del salto de La Retorna y su entorno de protección, la cual, entre otras consideraciones, disponía la apertura de un período de información pública con el fin de que los interesados pudieran presentar cuantas alegaciones y aportaciones consideraran oportunas a través del portal participa de la página web del Gobierno de La Rioja (https://web.larioja.org/participa). El anexo de la antedicha resolución fue corregido mediante corrección de error publicada en el Boletín Oficial de La Rioja número 238, de 28 de noviembre de https://www.boe.es/buscar/a ct.php?id=BOE-A-2013-12887 www.consejodetransparen cia.es 2023. El plazo, por tanto, para realizar dichas alegaciones, se extendió desde el día 28 de noviembre de 2023 hasta el día 22 de enero de 2024. En el seno de dicho trámite, la Asociación para el estudio y mejora de los salmónidos (AEMS) presentó el día 15 de diciembre de 2023 escrito dirigido al Director General de Cultura mediante el cual, bajo el asun declaración de Bien de Interés cultural con la categoría de Monumento de ingeniería del aprovechamiento hidroeléctrico del salto de La Retorna y su entorno de protección. BOLR de 27 de noviembre de 2023 (corrección de errores en el B ivo de los interesados a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, se nos notifique oficialmente en el plazo de una semana la relación completa que identifique a todas y cada una de estas autoridades y personal que tomen o hayan tomado parte parte (sic) en la tramitación de este procedimiento, inclusive los mi embros del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, sin exce cuestión sobre la que se ha planteado la reclamación de referencia ante ese Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Es decir, el aspecto sobre el que la Asociación para el estudio y mejora de los salmónidos (AEMS) hoy reclama, no fue planteado en virtud de un derecho de acceso a la información pública, sino que lo fue en el curso de un procedimiento de elaboración normativa, conforme a las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de procedimiento administrativo común. En este sentido, por tanto, y conforme establece la disposición adicional primera de la ley 19/2013, de 09 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información, como es el caso, deben regirse por su normativa específica, y con carácter supletorio por dicha ley. Razón por la cual las alegaciones presentadas en plazo por la Asociación para el estudio y mejora de los salmónidos (AEMS) fuer on atendidas conforme a las exigencias previstas en el Título VI de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de procedimiento administrativo común. 4. Por su parte, la asociación reclamante ha efectuado alegaciones en el trámite de audiencia concedido el 13 de mayo de 2024, insistiendo en que es aplicable al artículo 53 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. I I . F U N D A M E N T O S J U R Í D I C O S 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIB G se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Cconsejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIB G, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incum plimiento». Con esta finalidad, el artículo 12 de la LTAIB G reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública en los términos previs tos en el artículo 105.b) de la Constitución, desarrollados por la propia LTAIBG. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». econ/convenios/conveniosCCAA.html A tenor de los preceptos mencionados, se puede sostener que la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión de un organismo incluido en el ámbito de aplicación de la Ley, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. Asimismo, cabe advertir que las reclamaciones planteadas ante el Consejo tienen por finalidad declarar el derecho de acceso a la información pública del reclamante cuando se den los presupuestos de hecho establecidos en dicha norma, no pudiendo entrar a conocer de aspectos que no forman parte del objeto de la misma. 4. En el caso de esta reclamación cabe indica r que no se está solicitando el acceso a una información que ya existe, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la LTAIBG, sino que se están realizando alegaciones en el seno de un procedimiento administrativo concreto en curso al momento de so licitar la información, con el objeto de ser considerado parte y de instar su nulidad. Respecto a la petición principal , de nulidad de actuaciones procedimentales no es objeto del presente procedimiento ni competencia de este Consejo, decidir sobra la validez de una actuación administrativa y sobre los diversos cauces que pueda n estar a disposición del reclamante. En el presente caso la concreta solitud de información pública se formula como petición subsidiaria a la anterior, y por tanto incardinada dentro del trámite ejercido respecto a la principal. La pretensión de obtener información pública consistente en la de identificación a personal público, no se ha efectuado diferenciadamente al amparo de la LTAIBG. Al respecto, el citado artículo 83 de la citada Ley 39/2015 LPAC establece, respecto al trámite procedimental de información pública, que quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada petición subsidiaria de identificación de las personas que han intervenido en la tramitación del expediente de declaración de bien de interés cultural de la presa debe residenciarse en el seno de dicho procedimiento, pues así lo indica el propio reclamante, quien alega un derecho general de los interesados en el procedimiento administrativo, reconocido en el artículo 53 de la norma procedimental general: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . De manera que la administración reclamada está en lo cierto cuando sostiene que debe aplicarse la Disposición Adicional 1ª de la LTAIBG 1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la 9 https://www.boe.es/buscar/a ct.php?id=BOE-A-2015-10565#a53 aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. Ello b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos es un derecho del interesado en un procedimiento administrativo concreto, distinto al elenco de derechos más generales de los administrados, regulados en el artículo 13 de dicha norma, en el que cabe situar el reclamado ante este Consejo en virtud de la letra d): derecho de acceso a la información pública Sin perjuicio de que el artículo 13 -en relación con el artículo 12 de la LTAIBG - reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública obrante en los organismos y entidades incluidos en su ámbito de aplicación, el apartado 1 de su Disposic ión Adicional Primera prevé que correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que s Sentado lo anterior, según consta en el expediente, el reclamante pretende conocer a la identidad de los funcionarios responsables de la tramitación y en su caso resolución de un expediente administrativo en el que ha comparecido, incluso ha solicitado su nulidad, pero que aún no finalizado. Es doctrina consolidada de este Consejo que la aplicación de la Disposición Adicional Primera, apartado 1, de la LTAIBG, a un caso concreto procede cuando se cumplen los siguientes requisitos : primero, debe existir un específico procedimiento administrativo aplicable al caso; segundo, el reclamante debe ser un interesado en el mismo; y, tercero, el procedimiento debe estar en curso. Las tres consideraciones concurren. El reclamante ostenta la condición de interesado , en un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento de ingeniería del aprovechamiento hidroeléctrico del salto de La Retorna y su entorno de protección , expediente que se encuentra en tramitación y que determi na el régimen jurídico de los derechos que le asistan como interesado en tal expediente, entre ellos el de conocer la identidad de los funcionarios responsables . Por tanto, teniendo en consideración la citada Disposición adicional se ha de señalar que el derecho de acceso a la identidad de los responsables se condiciona a las normas del procedimiento administrativo que esté vigente en el momento en que se formule una solicitud, que afectan al expediente en curso al que se pretende acceder por parte del que reúne la condición de interesado. En conclusión, la reclamación presentada debe ser desestimada en aplicación directa Disposición Adicional 1ª de la LTAIBG, el reclamante, no ejercitó solicitud de acceso a la información pública al amparo de la LTAIBG cuya respuesta expresa o presunta pueda ser revidada por este Consejo. Lo que ejercitó el reclamante de forma expresa fue uno de los derechos que como interesado la asisten en virtud de la Ley procedimental común respeto a expedientes administrativos en curso, cual es el de conocer a las autoridades y funcionarios que los tramitan. Por tanto, será dicha la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo la aplicable para obtener la información pretendida por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso debiéndose encauzar tal la pretensión (y los eventuales recursos) mediante el cauce jurídico correspondiente derivado de tal régimen procedimental común. I I I . R E S O L U C I Ó N En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada frente a la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso -administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso -administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic ción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Á lvarez https://www.boe.es/b uscar/a ct.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#a23 https://www.boe.es/b uscar/a ct.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20181206&tn=1#a112 https://www.boe.es/buscar/a ct.php?id=BOE-A-1998-16718&tn=1&p=20181206#a9