Acceso a información sobre compra, protocolo de uso y formación de armas eléctricas de la policía local

I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 5 de febrero de 2024 la reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), al Ayuntamiento de Castrillón, la siguiente información: «Ante las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación sobre la compra de armas eléctricas por el Ayuntamiento de Castrillón, desearía saber: si ya han comprado las armas eléctricas para la policía municipal de Castrillón, o está previsto hacerlo a corto plazo y, en caso afirmativo: el texto del protocolo de actuación para su uso si se ha impartido o está prevista una formación al respecto, quiénes la impartirían y las características de la misma». 2. Ante la falta de respuesta a su petición, la solicitante presentó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de N/REF: 397-2024 Fecha: La de la firma. Dirección: Administración/Organismo: Ayuntamiento de Castrillón (Asturias). Información solicitada: Protocolo para el uso de dispositivos electrónicos de control (DEC), y curso de formación para su utilización armas eléctricas. Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) a la que se da entrada el 11 de marzo de 2024, con número de expediente 397-2024. 3. Con fecha de 11 de marzo de 2024, el CTBG trasladó la reclamación a la Administración reclamada solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y un informe con las alegaciones que considerara pertinentes. 4. El 9 de abril de 2024 se recibe, en este Consejo, contestación al requerimiento de alegaciones efectuado, que incluye un informe del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castrillón, de 21 de marzo de 2024, en el que se pone en conocimiento de la interesada el hecho de que las armas referidas en la solicitud han sido adquiridas, habiéndose incoado el expediente de contratación nº 613/2023, al efecto. Se hace constar, además, que la empresa suministradora deberá proporcionar la documentación necesaria, así como el protocolo de actuación para el porte y el uso de este tipo de armas, que, en todo caso, se regirá por la normativa aplicable- artículo 104.2 de la Constitución Española; artículo quinto.2.c) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo , de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad-. Asimismo, se resalta el hecho de que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben cumplir, en todo caso, lo previsto en la instrucción séptima de la Instrucción 12/2007 , de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre los comportamientos exigidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial. Finalmente, se le informa, en relación con la formación adecuada para el porte y uso de este tipo de armas y equipamiento policial, de la celebración en fecha próxima, aún sin determinar, de la celebración de un curso de formación, impartido por la empresa suministradora de los equipamientos, al que acudirá un Agente de la Policía Local de Castrillón. Tras la finalización del curso, y la obtención del título de Instructor Habilitado, este Agente estaría legítimamente capacitado para impartir formación al resto de Agentes de la Policía Local de Castrillón, y extender los correspondientes certificados de habilitación en el porte y uso de estas armas. 5. El 8 de mayo de 2024, durante el trámite de audiencia concedido a la reclamante, se reciben sus alegaciones, en las que manifiesta su disconformidad con la información recibida. Hace constar que solo recibió información relativa a la compra de las armas eléctricas. Respecto al resto de las cuestiones formuladas en su solicitud, declara que únicamente fue informada de que la policía local de Castrillón actúa de conformidad con la instrucción séptima de la Instrucción 12/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, anteriormente referenciada. Por ello, reitera el requerimiento del resto de la información solicitada. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la econ/convenios/conveniosCCAA.html alguno d Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», puesto que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Ayuntamiento de Castrillón, quien dispondría de ella en el ejercicio de las funciones que reconoce a los municipios el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local . 5. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». Ha quedado acreditado que la solicitud de la reclamante presentada el 5 de febrero de 2024 no obtuvo respuesta hasta el mes de abril de 2024, tras conocer la administración la reclamación interpuesta ante este CTBG. 6. Como se desprende de los antecedentes expuestos, la administración concernida ha estimado la solicitud de información de la reclamante, confirmando, por una parte, la adquisición de las armas eléctricas, y refiriéndose al correspondiente expediente administrativo incoado al efecto. Respecto de las restantes cuestiones sobre las que solicita información la reclamante, es decir, las relativas al protocolo de actuación para el uso de estas armas, así como a la impartición de un curso de formación al respecto, la administración concernida manifiesta que le proporciona la información de que la dispone en el momento de emitir su contestación al requerimiento de alegaciones efectuado por este Consejo. Este Consejo parte de la base de que, en sus relaciones con otras administraciones públicas, rigen los principios generales del artículo 3.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, lo que implica presuponer la veracidad de las declaraciones realizadas respecto de la información solicitada, y en este caso, que la información puesta a disposición de la reclamante es la única de la que dispone el Ayuntamiento en el momento de resolver, lo que no impide que proporcione el resto de la información requerida en el momento en que la haya elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones. 7. Sin embargo, no cabe desconocer que la respuesta a la solicitud se ha dado fuera del plazo establecido en la LTAIBG, por lo que procede estimar la reclamación por motivos formales, al haberse vulnerado el derecho de la solicitante a obtener una resolución en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesario interponer una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Castrillón (Asturias). De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición BOE-A-2015-10566 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez