Acceso a actas sobre la celebración de procesos selectivos en el Ayuntamiento de Llucmajor

Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 31 de octubre de 2023 la reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), al Ayuntamiento de Llucmajor, la siguiente información , que fue reiterada posteriormente: “1. COPIA DEL ACTA mediante la cual se adoptó el acuerdo (entre la Corporación y las distintas organizaciones sindicales), de realizar el mismo momento los exámenes de los procesos de estabilización (2022/ ), y promoción interna (2023/ ), o 2. Si por algún motivo no existiese la posibilidad de facilitarme copia de la citada acta se “extracte” de la misma la parte/s relativa/s a la realización de los exámenes de ambas pruebas en el mismo momento, y se me dé traslado por escrito de dicho/s extracto/s mediante “transcripción literal””. 2. Ante la ausencia de respuesta a su petición, la solicitante presentó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de N/REF: Expte. 97-2024 Fecha: La de la firma. Dirección: Administración/Organismo: Ayuntamiento de Llucmajor (Illes Balears). Información solicitada: Acta relativa a la celebración de procesos selectivos. Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) a la que se da entrada el 18 de enero de 2024, con número de expediente 97-2024. 3. Con fecha de 23 de enero 2024, el CTBG trasladó la reclamación a la Administración reclamada solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y un informe con las alegaciones que considerara pertinentes. 4. El 7 de febrero de 2024 se recibe, en este Consejo, contestación al requerimiento de alegaciones efectuado, que incluye dos oficios de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Llucmajor, de 5 de febrero de 2024, haciendo constar, en cada uno de ellos, que la documentación integrante de los expedientes que corresponden a los procesos selectivos, referenciados en la solicitud de la reclamante, se adjunta en el anexo correspondiente. 5. Asimismo, el 13 de febrero de 2024 se recibe un oficio de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Llucmajor, de 12 de febrero de 2024 en el que se hace constar que se aportan, como documentos anexos, las actas de la Mesa General de Funcionarios con numeración: 06/2022, 07/2022 y 03/2023, referentes al Expediente 2023/1054R. En fecha de 27 de febrero de 2024, por parte de este CTBG se concedió tramite de alegaciones a la reclamante, a los efectos oportunos, recibiéndose el 5 de marzo de 2024, en contestación al mismo, un escrito de la reclamante en el que manifiesta su disconformidad con la información recibida no considerando que le ha sido facilitada la documentación solicitada. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.» Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión de un organismo incluido en su ámbito de aplicación, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Según se expresa en el preámbulo de la LTAIBG, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. 4. De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», puesto que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Ayuntamiento de Llucmajor, quien dispone de ella con motivo del ejercicio de las funciones que tiene legalmente reconocidas. 5. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que las reglas generales del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información transparencia/informacion-econ/convenios/conveniosCCAA.html pública se abordan en los artículos 17 a 22 de la LTAIBG especificándose en el artículo 20.1 de la LTAIBGque «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». Del anterior precepto se infieren dos consecuencias jurídicas. La será que la administración pública que debe resolver la solicitud de acceso a la información tiene la posibilidad de ampliar el plazo de un mes del que dispone para dictar y notificar la resolución por otro mes adicional. En este caso, no se aplicó la ampliación del plazo acabada de reseñar, tal y como se deduce de los antecedentes que obran en el expediente, de modo que la administración disponía de un mes para dictar y notificar la resolución en materia de acceso a la información solicitada. La segunda consecuencia que se deriva del señalado precepto, que guarda relación con la anterior, consiste en que el artículo de referencia vincula el comienzo del cómputo del plazo de un mes del que dispone la administración para resolver, mediante resolución expresa o por silencio administrativo, a la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano competente para resolver. En el presente caso, el órgano competente no respondió a la solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». Es notorio que la información solicitada por la reclamante el 31 de octubre de 2023, no fue puesta a disposición de la misma hasta el mes de febrero de 2024, tras conocer la reclamación interpuesta ante este CTBG, habiéndose excedido por tanto el plazo de un mes que dispone el art 24.2 LTAIBG. 6. Entrando en el fondo del asunto, y como se desprende de los antecedentes expuestos, la Administración concernida ha proporcionado a la reclamante la información requerida, aportando no solo la documentación relativa a los procesos selectivos referenciados en la solicitud, quehabía sido ya objeto de publicación, como hace constar la reclamante en su escrito de alegaciones, sino también las actas de las sesiones de la Mesa General de Funcionarios relativas a los acuerdos adoptados sobre la celebración de los ejercicios de los procesos selectivos, sobre los que versa, específicamente, el contenido de la solicitud de información. No es labor de esta autoridad administrativa independiente revisar a la adecuación a derecho la correcta elaboración de documentos públicos, sino tan solo garantizar el acceso a la información pública obrante en poder de la administración. Por esta razón, este Consejo estima que ha sido satisfecha la pretensión de la reclamante, habiéndosele proporcionado la información documental obrante en poder de la administración reclamada, tanto la publicada en la web, como las actas relativas a la negociación colectiva referida a las convocatorias de pruebas selectivas, lo que le permite al reclamante cumplir con las finalidades de la ley de someter al escrutinio público la actividad de la administración mediante el acceso a la información pública. 7. No obstante, en los casos en que la información se proporciona una vez interpuesta la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG, procede la estimación por motivos formales al no haberse respetado el derecho de la solicitante a acceder a la información completa en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación interpuesta frente al Ayuntamiento de Llucmajor de las Illes Balears. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez