Solicitud de impulso de procedimiento urbanístico para reparación de daños en propiedad

I. ANTECEDENTES

1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el 9 de octubre de 2023 el reclamante solicitó al Ayuntamiento de Manacor, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la reparación de daños en una propiedad inmobiliaria en relación con un Decreto de la Alcaldía de 2023 y una denuncia y el subsiguiente recurso de reposición interpuestos por él mismo. En letra manuscrita se expresaba lo siguiente, y se aludía a un documento adjunto, el mencionado Decreto:

   "EXPÒS: Que en ref. al escrito adjunto expte. /2023 Urbanismo, el interesado desea indicar que en dicho trámite de decreto Alcaldía nº 2023/3422 no se indica nada respecto a la parte de la obra ilegal que afecta a la pared propiedad del edificio del interesado y que según el Decreto, no se menciona; ni se solicita a la parte contraria la subsanación y reparo del daño causado. Por ello DEMAN: sea tramitado dicho recurso de reposición y se proceda a tramitar en el expte la (…) de daños a la propiedad de C/ para que el ayuntamiento actúe y proceda a exigir la reparación."

2. Ante la falta de respuesta a su petición, el solicitante interpone una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), que fue registrada el 4 de febrero de 2024 con el número de expediente 261-2024.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el residente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información.
2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG, las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
3. La LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Con esta finalidad, el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución, desarrollados por la propia LTAIBG. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la "información pública" como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». A tenor de los preceptos mencionados, se puede sostener que la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión de un organismo incluido en el ámbito de aplicación de la Ley, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. Asimismo, cabe advertir que las reclamaciones planteadas ante el CTBG tienen por finalidad declarar el derecho de acceso a la información pública del reclamante cuando se den los presupuestos de hecho establecidos en dicha norma, no pudiendo entrar a conocer de aspectos que no forman parte del objeto de la misma. En el caso de esta reclamación cabe indicar que no se está solicitando el acceso a una información que ya existe, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la LTAIBG, sino que se está instando al Ayuntamiento de Manacor a que de impulso procedimental a un procedimiento urbanístico que se conduce por sus propios cauces, la resolución de cuyo recurso administrativo puede ser objeto de ulterior impugnación por parte de su promotor. Por ello, de los términos de la solicitud del reclamante puede extraerse la conclusión de que la petición realizada no queda encuadrada en el concepto de información pública, a los efectos del citado precepto. En conclusión, dado que el objeto de la solicitud no puede considerarse como "información pública" a los efectos de los artículos 12 y 13 de la LTAIBG, procede, en consecuencia, desestimar la reclamación presentada. Ello se entiende sin perjuicio de que el interesado pueda dar satisfacción a su pretensión a través del cauce jurídico correspondiente.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede INADMITIR la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Manacor.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.