Reclamación sobre el acceso a datos de contenciones mecánicas en centros de menores del Principado de Asturias y estimación por falta de remisión al órgano competente

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el 20 de octubre de 2023, la entidad ahora reclamante presentó una solicitud en la sede electrónica del Gobierno del Principado de Asturias, con destino al Servicio de Participación y Atención Ciudadana y al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), en demanda de la siguiente información: “Datos sobre aplicación de contenciones mecánicas en los centros de menores infractores, centros socioeducativos u otros dedicados a menores de edad, en los años 2021 y 2022, con fecha de aplicación de la medida, motiva, edad del menor al N/REF: Expte. 3030-2023 Fecha: La de la firma Civio. Dirección: Administración/Organismo: Principado de Asturias/ Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Información solicitada: Medidas de contención mecánica aplicadas en centros de menores. Plazo de ejecución: 10 días. RA CTBG Número: 2024-0269 Fecha: 12/04/2024 que se aplica, duración y concretando el tipo de contención mecánica (con esposas o grilletes o con correas homologadas, con sujeción a elementos fijos o no )”. Mediante comunicación de 13 de noviembre de 2023, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar notificó la resolución de 10 de noviembre de 2023 de trasladar al solicitante la información solicitada: “(…) ANTECEDENTES DE HECHO (…) Tercero: Por Servicio de Régimen Jurídico y Económico se ha revisado la solicitud, verificado la documentación exigida y acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- Por Decreto 22/2023, de 31 de julio, del Presidente del Principado de Asturias de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y por Decreto 89/2023 de 18 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, se atribuye a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar la competencia en la materia objeto de la solicitud. Conforme a (….), resulta competente para dictar la presente Resolución la persona titular de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Segundo.- La Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupo de Interés, en su artículo 12, regula el derecho de acceso a la información pública y dispone que corresponde a toda persona física o jurídica, y se ejercerá mediante solicitud previa, en los términos y de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III de esta Ley y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (….). Tercero.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia , en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública. Por otro lado el artículo 13 de la misma norma, señala: (….). Cuarto.-Por lo que respecta a la información solicitada, según el Informe, de fecha 08 de noviembre de 2023, emitido por la Directora General de Infancia y Familias; se informa: “En el sistema de Protección de Menores de la comunidad autónoma de Asturias tenemos solo un centro regulado en virtud de la Ley Orgánica 8/2015 de RA CTBG Número: 2024-0269 Fecha: 12/04/2024 Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia y por ello tan sólo en este centro y en aplicación de su reglamento de régimen interior, se podrían utilizar contención mecánica, hecho este que, de producirse, debe ponerse de inmediato en conocimiento del juez que ordenó el internamiento, del ministerio fiscal y de la entidad pública. En los años 2021 y 2022, no se notificó ninguna contención mecánica. De esta entidad pública no depende el centro para menores infractores del Principado de Asturias.” En consecuencia, de acuerdo con los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho expuestos RESUELVO Primero.-A Trasladar a (…) la información solicitada sobre los datos sobre aplicación de contenciones mecánicas en los centros de menores infractores, centros socioeducativos u otros dedicados a menores de edad, en los años 2021 y 2022, con fecha de aplicación de la medida, motiva, edad del menor al que se aplica, duración y concretando el tipo de contención mecánica (con esposas o grilletes o con correas homologadas, con sujeción a elementos fijos o no) recogida en el Informe de la Directora General de Infancia y Familias .” 2. Disconforme con dicha respuesta, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), el propio 13 de noviembre de 2023, registrada con número de expediente 3030-2023, en la que se argumentaba lo siguiente: “En mi solicitud pedí datos sobre uso de contenciones mecánicas, concretando si son grilletes o correas psiquiátricas, en centros de menores infractores, de protección de menores o de menores con trastorno de conducta. En la respuesta, dada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, se señala que no se han practicado, pero también que esta entidad no tiene competencias sobre el centro de menores de infractores, sobre los que no facilitan datos y que depende de la Consejería de Presidencia de esta comunidad autónoma. Por ello solicito que se traslade la solicitud a la entidad competente para que se me faciliten todos los datos solicitados, incluyendo los referentes a los centros de menores infractores”. 3. El 14 de noviembre de 2023 el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, al objeto de que por el órgano competente pudieran presentarse las alegaciones que se considerasen oportunas y aportasen copia de las actuaciones realizadas. En la fecha en que se dicta esta resolución no se ha recibido contestación al requerimiento de alegaciones efectuado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. A tenor de lo dispuesto en su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/es/transparencia/portal-transparencia/informacion- econ/convenios/conveniosCCAA.html de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión de un organismo incluido en su ámbito de aplicación, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», puesto que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, la comunidad autónoma de Asturias-, quien dispone de ella en el ejercicio de las funciones que tiene legalmente reconocidas. 4. En el caso de esta reclamación, como se ha indicado en los antecedentes, la administración concernida no ha contestado al requerimiento de alegaciones formulado por este Consejo. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente, al no proporcionarle elementos para la valoración de las cuestiones planteadas por el reclamante, con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada y, en concreto, sobre las competencias relevantes de otra consejería, la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias, según indica el reclamante. Sin embargo, ello no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública. A estos efectos, es preciso tener en cuenta que se trata de un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia ha de partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información». De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º).» A tenor de lo expuesto, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública y que el Principado de Asturias tan solo alega una cuestión interna de competencia entre Consejerías, no habiendo justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 , este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada por faltar información sobre si, además de no existir contenciones mecánicas en el centro gestionado por la Consejería que resolvió, existen o no dichos elementos en otros centros del ámbito territorial de dicha comunidad autónoma. Por otro lado, la resolución dictada es conforme a derecho en lo que afecta a las competencias sobre centro educativos y sociales, puesto que se emitió dentro del plazo legal del artículo 20 de la LTAIBG, comunicando que nunca se han usado dichos elementos mecánicos y las condiciones de su posible aplicación. 5. Sin embargo, concurre una cuestión formal, debiendo recordar que el artículo 19 de la LTAIBG, en su apartado 1 dispone que “Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante”. Por lo tanto, habiendo constancia de que existe algún otro centro de internamiento de menores, el “centro para menores infractores” del Principado de Asturias, a juicio de este Consejo, el Servicio de Participación y Atención Ciudadana, receptor de la solicitud de información o la propia Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en el momento de resolver, debían haber remitido la solicitud de acceso al órgano administrativo competente en materia de menores infractores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1 de la LTAIBG, para que decidiera sobre el acceso a la información solicitada. En conclusión, tomando en consideración que el artículo 119 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que aborda la regulación de la “Resolución” de los recursos administrativos -y en igual sentido el hoy derogado artículo 113.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas-, prevé en su apartado 2 que “Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido […]”, de acuerdo con el criterio contenido en la Sentencia nº 136/2017 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid procede retrotraer las actuaciones al momento en que, en función del artículo 19.1 de la LTAIBG, la administración autonómica debía haber remitido la solicitud de acceso a la consejería competente para que informase sobre el centro de su competencia de gestión. Ésta deberá, una vez recibida la solicitud, dictar resolución expresa de acuerdo con lo dispuesto en la LTAIBG y en la normativa autonómica de transparencia aplicable, citada en la resolución administrativa. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR la reclamación presentada e INSTAR a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias a RETROTRAER las actuaciones a fin de que remita, en el plazo de diez días hábiles, la solicitud de derecho de acceso a la Consejería de Presidencia o a la que resulte competente por razón de la materia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, para que resuelva con relación al centro de menores gestionado por ella. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez