Reclamación por acceso a expediente de proceso selectivo en el Ayuntamiento de Ponga estimada por motivos formales

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 13 de noviembre de 2023 la reclamante solicitó al Ayuntamiento de Ponga, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “(…) Me sea facilitado (lo antes posible, dado el tiempo dado para la presentación de alegaciones) el acceso a todo el expediente administrativo (que según se deduce de los listados de admitidos/excluidos, tanto provisionales como definitivos, es el número ASG/2022/150, aunque pudiera ser otro) en el que se tramite dicho proceso selectivo. De manera especial, pero no excluyente de la restante documentación que pueda obrar en él: acceso a las actas del tribunal; alegaciones, escritos, reclamaciones, recursos, etc y sus justificantes de presentación realizados por los distintos aspirantes; méritos y sus justificantes (tanto profesionales como académicos) N/REF: Expte. 3224-2023 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ay untamiento de Ponga (Asturias). Información solicitada: Documentación relativa a proceso selectivo. RA CTBG Número: 2024-0265 Fecha: 11/04/2024 aportados por los participantes; valoraciones y criterios de evaluación de los mismos, etc. Documentación necesaria para la valoración y decisión de los pasos a seguir por mi persona, dado que el Tribunal Calificador ya ha publicado, en fecha 10 de noviembre del corriente, la propuesta para la provisión de la plaza de Auxiliar Administrativo del Consultorio Médico, y que, al no publicar la valoración detallada de los mismos (tanto la del resto de participantes como la propia), crea una situación de indefensión que solo se puede revertir con el acceso a dicho expediente administrativo”. 2. Según manifiesta la solicitante, mediante comunicación de 27 de noviembre de 2023 se le emplaza, en las dependencias municipales, para acceder a la documentación concerniente a la valoración de sus méritos en el proceso selectivo referenciado en su solicitud. El día 30 de noviembre, en la sede municipal donde se le concede el acceso a esta documentación, se le informa verbalmente de la denegación del acceso al resto de la documentación requerida, con base en la protección de las personas cuyos datos personales constan en la misma. 3. Disconforme con esta respuesta, la solicitante presentó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) a la que se da entrada el 18 de diciembre de 2023, con número de expediente 3224-2023. 4. El 20 de diciembre de 2023 el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Ponga, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. El 15 de enero de 2024 se recibe contestación al requerimiento de alegaciones efectuado, que incluye un informe de la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Ponga de 12 de enero de 2024, por el que se indica a la solicitante cómo acceder a la información relativa al proceso selectivo, referido en la solicitud, que ha sido ya objeto de publicidad activa. Asimismo, se adjunta documentación integrante de este proceso, entre otra, la referente a los méritos de otras personas aspirantes. El 29 de enero de 2024, dentro del plazo que se dio a la reclamante para efectuar alegaciones y, en su caso, desistir de la reclamación presentad a, se recibe en este Consejo un escrito de la solicitante con el siguiente contenido: RA CTBG Número: 2024-0265 Fecha: 11/04/2024 “En fecha 18 de enero de 2024, a través de mi Buzón de Notificaciones de la Sede Electrónica del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y previa remisión por parte del Ayuntamiento de Ponga el día 15 de enero del corriente, se me facilita la documentación solicitada, si bien es cierto que no se realiza a través de documentos foliados, sino numerados -que no ordenados-. (…) RUEGO SE REQUIERA AL AYUNTAMIENTO DE PONGA: la documentación obrante en el expediente de referencia indubitadamente foliada, o en su defecto, certificado emitido y firmado por el máximo responsable de la tramitación del expediente, conforme a fecha de envío a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (15 de enero de 2024) no existe más documentación que la entregada”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las oblig aciones de buen gobierno https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/es/transparencia/portal-transparencia/informacion- econ/convenios/conveniosCCAA.html que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Con esta finalidad, el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución, desarrollados por la propia LTAIBG. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», puesto que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Ayuntamiento de Ponga, quien dispone de ella en el ejercicio de las funciones que tiene legalmente reconocidas. 4. Con carácter previo, cabe señalar que las reglas generales del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública se abordan en los artículos 17 a 22 de la LTAIBG, especificándose en el artículo 20 los plazos para la resolución de las solicitudes de información. Del anterior precepto se infieren dos consideraciones. La primera consiste en la existencia de una regla procedimental específica aplicable a aquellos casos de considerables solicitudes de información en atención a su volumen o complejidad. En efecto, en el segundo párrafo del artículo 20.1 de la LTAIBG se prevé que cuando concurra el supuesto de hecho de que “el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”, la consecuencia jurídica será que la administración pública que debe resolver la solicitud de acceso a la información tiene la posibilidad de ampliar el plazo de un mes del que dispone para dictar y notificar la resolución por otro mes adicional. En este caso, no se aplicó la ampliación del plazo acabada de reseñar, tal y como se deduce de los antecedentes que obran en el expediente, de modo que la administración disponía de un mes para dictar y notificar la resolución en materia de acceso a la información solicitada. La segunda consecuencia que se deriva del señalado precepto, que guarda relación con la anterior, consiste en que el artículo de referencia vincula el comienzo del cómputo del plazo de un mes del que dispone la administración para resolver, mediante resolución expresa o por silencio administrativo, a la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano competente para resolver. En el caso de esta reclamación, tal fecha era el 13 de noviembre de 2023, de manera que el órgano competente disponía de un mes para dictar y notificar la correspondiente resolución. 5. Entrando en el fondo del asunto, y como se desprende de los antecedentes expuestos, la reclamante hace constar, en su escrito de alegaciones, que ha sido puesta a su disposición la información solicitada. Sin embargo, manifiesta su disconformidad a este Consejo argumentando que la documentación que se le ha proporcionado no se encuentra ordenada ni foliada, como determina la normativa aplicable, requiriendo que, en defecto de la entrega del expediente electrónico en esta forma, se certifique por parte de la autoridad competente la inexistencia de alguna otra documentación a fecha 15 de enero de 2024. A este respecto cabe indicar, por una parte, que este Consejo parte de la base de que, en sus relaciones con otras administraciones públicas, rigen los principios generales del artículo 3.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Ello implica presumir que la información remitida es la única existente en poder de la administración municipal concerniente al proceso selectivo referenciado en la solicitud, en la fecha en que se realiza la remisión. Por esta razón, no resulta procedente la expedición de un certificado, por parte de la administración concernida, acredit ativo de este extremo. Cabe añadir, además, que el concepto de información pública, delimitado en los términos de los artículos 12 y 13 de la LTAIBG, no se extiende a la elaboración de certificados por parte de la administración en cuyo poder se encuentra, como en este caso, la documentación cuyo acceso se solicita. Dado que la propia solicitante ha manifestado en su escrito de alegaciones, referenciado en los antecedentes, que la documentación solicitada le ha sido proporcionada, este Consejo estima que se ha dado satisfacción a su derecho de acceso a la información, en los propios términos de su solicitud, sin que pueda invocarse, a este respecto, lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del BOE-A-2015-10565 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuanto a la forma en que han de ser remitidos los expedientes electrónicos, por no darse los condicionantes previstos en este precepto. Para estos casos en que la información se concede, pero fuera del plazo establecido en la LTAIBG, procede estimar la reclamación planteada por motivos formales, por haberse vulnerado el derecho de la solicitante a obtener una resolución en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesario presentar una reclamación ante el CTBG para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Ponga (Asturias). De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez