Reclamación por denegación de acceso a la resolución de prórroga de un contrato de servicios de mantenimiento del Servicio Extremeño de Salud

Página1de 7 Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el 1 de agosto de 2023, el ahora reclamante solicitó al Servicio Extremeño de Salud, al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz, en virtud del art. 29.2 de la LCSP 9/2017, por la que se acuerde la PRÓRROGA de tres años del CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ, CON MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y SOCIALES AL PERSONAL ADSCRITO A LA PRESTACIÓN Y MEJORA EN LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES, vigente hasta el 30-09-2023 (Expediente: CSE/01/1121013827/21/PA ).”. N/REF:Expte. 2711-2023 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ju nta de Extremadura/ Servicio Extremeño de Salud. Información solicitada: Resolución por la que se acuerda prórroga de contrato de servicios de mantenimiento. RA CTBG Número: 2024-0230 Fecha: 21/03/2024 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente 2. Ante la ausencia de respuesta, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), el 16 de septiembre de 2023, registrada con número de expediente 2711-2023. 3. El 19 de septiembre de 2023 el CTBG remitió la reclamación a la Gerencia del Servicio Extremeño de Salud, al objeto de que por el órgano competente pudieran presentarse las alegaciones que se considerasen oportunas. El 11 de octubre de 2023 se recibe en este Consejo, aportado por el reclamante, la Resolución de 6 de octubre de 2023, del Director General de Recursos Humanos del Servicio Extremeño de Salud, que se pronuncia sobre la solicitud de acceso en los siguientes términos: “(…) Ahora bien, tratándose de procedimientos administrativos hemos de estar a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno, cuya Disposición Adicional Primera establece las regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública en los siguientes términos: “1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. 2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. (…) La solicitud de acceso a la información pública formulada por D. (…) no puede ser atendida al no estar amparada en los supuestos que legitima la Ley de Contratos del Sector Público. A lo que sí tiene derecho el señor como ciudadano, es a los datos básicos que respecto a los contratos administrativos se publican en el perfil del contratante de la Junta de Extremadura, sita en la página El 30 de octubre de 2023 el reclamante comunica a este Consejo su disconformidad con el contenido de esta Resolución, declarando que en la página web proporcionada no se encuentra la información contractual solicitada. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del RA CTBG Número: 2024-0230 Fecha: 21/03/2024 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. A tenor de lo dispuesto en su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión de un organismo incluido en su ámbito de aplicación, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», puesto que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Servicio Extremeño de Salud, en virtud de las https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/es/transparencia/portal-transparencia/informacion- econ/convenios/conveniosCCAA.html competencias que le atribuye el Decreto 221/2008, de 24 de octubre , que aprueba los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud. 4. Las reglas generales del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública se abordan en los artículos 17 a 22 de la LTAIBG, especificándose en el artículo 20 los plazos para la resolución de las solicitudes de información. Del anterior precepto se infieren dos consideraciones. La primera consiste en la existencia de una regla procedimental específica aplicable a aquellos casos de considerables solicitudes de información en atención a su volumen o complejidad. En efecto, en el segundo párrafo del artículo 20.1 de la LTAIBG se prevé que cuando concurra el supuesto de hecho de que “el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”, la consecuencia jurídica será que la administración pública que debe resolver la solicitud de acceso a la información tiene la posibilidad de ampliar el plazo de un mes del que dispone para dictar y notificar la resolución por otro mes adicional. En este caso, no se aplicó la ampliación del plazo acabada de reseñar, tal y como se deduce de los antecedentes que obran en el expediente, de modo que la administración disponía de un mes para dictar y notificar la resolución en materia de acceso a la información solicitada. La segunda consecuencia que se deriva del señalado precepto, que guarda relación con la anterior, consiste en que el artículo de referencia vincula el comienzo del cómputo del plazo de un mes del que dispone la administración para resolver, mediante resolución expresa o por silencio administrativo, a la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano competente para resolver. En el caso de esta reclamación, tal fecha era el 1 de agosto de 2023, de manera que el órgano competente disponía de un mes para dictar y notificar la correspondiente resolución. 5. Entrando en el fondo del asunto, y como se hace constar en los antecedentes, la Administración concernida señala las razones que justifican la falta de concesión del acceso a la información solicitada, que se traducen en que, al versar ésta sobre un procedimiento administrativo, procedería la aplicación de la disposición adicional primera de la LTAIBG, que, en su apartado primero, establece lo siguiente: “ 1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”. Al no ostentar el reclamante la condición de interesado en el procedimiento la Administración concernida alega que tendría únicamente derecho de acceso a la información que debe ser objeto de publicidad activa, como es la información contractual solicitada. A este respecto, cabe efectuar diversas consideraciones: En primer lugar, la LTAIBG modificó el artículo 37 de la hoy derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que hasta entonces supeditaba el acceso a los documentos que formaran parte de un expediente a que tales expedientes correspondieran a “procedimientos terminados en la fecha de la solicitud ”, exigiendo la condición de interesado para el acceso a la información de los procedimientos no finalizados. La LTAIBG ha venido a configurar de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas sin necesidad siquiera de motivar su solicitud, como expresa el artículo 17.3 de la citada ley, superándose así lo establecido en la normativa anterior. Es decir, con base en el aforismo Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemis, donde la ley no distingue, no debe distinguirse o, en este caso, establecer limitaciones al acceso por el hecho de formar parte los documentos de expedientes aún no finalizados, al no establecer la ley ningún tipo de limitación a este respecto. Por otra parte, la información solicitada por el reclamante, relativa a un contrato de servicios, debe ser objeto de publicidad activa, conforme dispone el artículo 8 de la LTAIBG. Ello no es óbice, sin embargo, para recabar el acceso a esta información, puesto que la citada ley configura la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas desde una doble perspectiva: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información, reguladas de forma independiente, en capítulos diferenciados. La Administración concernida, en el caso de que la solicitud recaiga sobre una materia que debe ser objeto de publicidad activa, puede optar por alguna de las dos siguientes soluciones. En primer lugar, puede remitir al solicitante a la dirección URL en la que se encuentra publicada la misma, tal y como establece el artículo 22.3 de la LTAIBG en los siguientes términos: “Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella”. La segunda posibilidad de la que dispone la administración concernida consiste en facilitar directamente la información presupuestaria de que se trate al solicitante de la misma, formalizándose el acceso en los términos del artículo 22 de la LTAIBG. En el caso de esta reclamación se ha aportado un enlace a la página web de la Plataforma de Contratación del Sector Público desde la que puede actualmente accederse a la información solicitada por el reclamante tras haberse llevado a cabo una actualización de la misma. Para estos casos en que la información se concede, pero fuera del plazo establecido en la LTAIBG, procede estimar la reclamación planteada por motivos formales, por haberse vulnerado el derecho del solicitante a obtener una resolución en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesario presentar una reclamación ante el CTBG para ver plenamente reconocido su derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada frente al Servicio Extremeño de Salud. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez