Acceso a datos sobre brotes de toxiinfección alimentaria en Ceuta (2007-2021)

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el 8 de julio de 2023 el ahora reclamante solicitó a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “Solicito el acceso a información pública de los brotes de toxiinfección alimentaria declarados con origen en esta ciudadautónoma en los años: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. En concreto la siguiente información para cada año: 1. Número de brotes de toxiinfección alimentaria N/REF:Expte. 2571-2023 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales/Ciudad Autónoma de Ceuta. Información solicitada:Datos relativos a brotes de toxiinfección alimentaria con origen en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Plazo de ejecución: 30 días hábiles. 2. Número total de personas afectadas (casos). 3. Número de personas hospitalizadas. 4. Número de defunciones. 5. Tasa de incidencia de brotes (número de brotes por cada 100.000 habitantes). 6. Tasa de incidencia de casos (número de casos por cada 100.000 habitantes). 7. Número de brotes en establecimientos de restauración (Bares, restaurantes, hoteles…). 8. Número de brotes en domicilios particulares. 9. Número de brotes en otras colectividades o instituciones: Residencias de ancianos, casas de colonias, escuelas… 10. Número de brotes en otros lugares no incluidos en los puntos 7, 8 y 9”. 2. Ante la ausencia de respuesta dada a su petición de acceso, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) el 23 de agosto de 2023, registrada en el Consejo con número de expediente 2571-2023. 3. El 25 de agosto de 2023 el CTBG remitió esta reclamación a la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. La administración concernida, el 27 de octubre de 2023, notificó al solicitante la resolución de 25 de octubre de 2023 de la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, que estimaba parcialmente su solicitud en los siguientes términos: “(…) Los datos que se adjuntan emitidos por el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, corresponden al periodo de tiempo comprendido entre los años 2016-2021, ya que no se dispone de información digitalizada con fecha anterior y todos los casos de los años anteriores se encuentran en el archivo municipal”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Manchae Illes Balears, así comoconlas ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. A tenor de lo dispuesto en supreámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión de un organismo incluido en su ámbito de aplicación, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», puesto que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que econ/convenios/conveniosCCAA.html dispondría de ella en el ejercicio de las competencias que tiene legalmente reconocidas. 4. Antes de entrar en el fondo del asunto cabe indicar que las reglas generales del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública se abordan en los artículos 17 a 22 de la LTAIBG, especificándose en el artículo 20 los plazos para la resolución de las solicitudes de información. Del anterior precepto se infieren dos consideraciones. La primera consiste en la existencia de una regla procedimental específica aplicable a aquellos casos de considerables solicitudes de información en atención a su volumen o complejidad. En efecto, en el segundo párrafo del artículo 20.1 de la LTAIBG se prevé que cuando concurra el supuesto de hecho de que “el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”, la consecuencia jurídica será que la administración pública que debe resolver la solicitud de acceso a la información tiene la posibilidad de ampliar el plazo de un mes del que dispone para dictar y notificar la resolución por otro mes adicional. En este caso, no se aplicó la ampliación del plazo acabada de reseñar, tal y como se deduce de los antecedentes que obran en el expediente, de modo que la administración disponía de un mes para dictar y notificar la resolución en materia de acceso a la información solicitada. La segunda consecuencia que se deriva del señalado precepto, que guarda relación con la anterior, consiste en que el artículo de referencia vincula el comienzo del cómputo del plazo de un mes del que dispone la administración para resolver, mediante resolución expresa o por silencio administrativo, a la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano competente para resolver. En el caso de esta reclamación, tal fecha era el 8 de julio de 2023, de manera que el órgano competente disponía de un mes para dictar y notificar la correspondiente resolución. 5. La administración concernida, como se desprende de los antecedentes, estima parcialmente la solicitud del reclamante fundamentando este acceso limitado en el hecho de no disponer de documentación digitalizada con anterioridad al año 2016. Por esta razón, se alega que la información no proporcionada al solicitante- la Página5 de 7 correspondiente al periodo comprendido entre el año 2007 y el año 2015- se encuentra en el archivo municipal. A este respecto, debe tenerse en cuenta que la formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en los artículos 14.1 y 15 de la LTAIBG, como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información, siendo é ste el criterio jurisprudencial, así como el de este Consejo. Cabe añadir, además, que la razón invocada por la administración concernida no figura entre las causas de inadmisión previstas en la normativa aplicable, nipuede fundamentar la aplicación de alguno de los límites al derecho de acceso, cuya apreciación debe hacerse, como se ha indicado, de forma restrictiva. De conformidad con lo anterior, y teniendo la información solicitada la condición de información pública, como se desprende del artículo 13 de la LTAIBG, anteriormente transcrito, debe ser aquélla proporcionada al reclamante. No obstante, para estos casos en que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, como en este caso, dadas las circunstancias concretas alegadas por la administración concernida, la LTAIBG habilita diversas posibilidades. Por una parte, como se ha indicado anteriormente, el artículo 20.1 de la Ley, en su segundo párrafo, prevé la ampliación del plazo para dictar resolución, por lo que, podría haberse hecho uso de esta posibilidad previa notificación efectuada al solicitante. Por otra parte, y con base en el artículo 22.1 de la Ley, cabría la posibilidad de conceder un acceso presencial a la información requerida, evitando, de esta forma, la digitalización de la documentación o cualquier otra acción de tratamiento, en caso de que fuera necesaria. Si bien, en este caso, debe señalarse que el reclamante tiene su domicilio a mucha distancia de la Ciudad Autónoma de Ceuta. No obstante, y al margen de la forma de acceso por la que opte la administración concernida, se concede un plazo amplio de 30 días para poner a disposición del reclamante la información solicitada con el fin de no interferir en el normal funcionamiento del órgano o unidad que deba recopilar los datos estadísticos solicitados. A tenor de lo expuesto, dado que la documentación solicitada y no proporcionada al reclamante tiene la condición de información pública y que la Consejería deSanidad y Servicios Sociales no ha justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 , este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. SEGUNDO: INSTAR a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales a que, en el plazo máximo de treinta días hábiles, facilite al reclamante la siguiente información, en los términos previstos en el fundamento jurídico 5: - Respecto de los brotes de toxiinfección alimentaria declarados con origen en la Ciudad Autónoma de Ceuta desde el año 2007 hasta el año 2015, especificando para cada año: o Número de brotes de toxiinfección alimentaria en total, así como los producidos en establecimientos de restauración, en domicilios particulares y en otras colectividades o instituciones. o Número total de personas afectadas. o Número de personas hospitalizadas, y de defunciones. o Tasa de incidencia de brotes (número de brotes por cada 100.000 habitantes). o Tasa de incidencia de casos (número de casos por cada 100.000 habitantes). TERCERO: INSTAR a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales a que, en el mismo plazo máximo de treinta días hábiles, acredite ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez