Solicitud de informe sobre la prestación del servicio de extinción de incendios y salvamento

ANTECEDENTES

1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 1 de noviembre de 2023 el reclamante solicitó a la Diputación Provincial de Badajoz (concretamente, al Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de Badajoz), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: Solicito:

• UNO.- Se realice un informe desde el CPEI o en su defecto por el máximo responsable de la parte operativa el Oficial del CPEI D. , indicando si con el personal que diariamente está de guardia para dar cobertura a las emergencias que puedan acontecer en la mayoría de los parques (2 o 3 bomberos), se podría dar respuesta con garantías de seguridad de forma inmediata y eficiente al ciudadano, sin comprometer la seguridad de los bomberos intervinientes, dando cumplimiento a las medidas preventivas establecidas en la evaluación de riesgos y a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
• DOS.- indicando si con el personal que diariamente está de guardia para dar cobertura a las emergencias que puedan acontecer en la mayoría de los parques (2 o 3 bomberos), se podría dar respuesta con garantías de seguridad de forma inmediata y eficiente al ciudadano, sin comprometer la seguridad de los bomberos intervinientes, dando cumplimiento a las medidas preventivas establecidas en la evaluación de riesgos y a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
• TRES. - Aumentar las dotaciones de bomberos por guardia en cada centro de trabajo, para poder acometer todas las tareas de extinción de incendios, salvamento y rescate encomendadas y para ello demandamos "los medios humanos en número suficiente", que garantice desde el inicio una dotación mínima de intervención necesaria y asi poder dar cumplimiento a la evaluación de riesgos conforme a la aplicación de la Ley 31/1995 de prevención y riesgos laborales.

2. Ante la ausencia de respuesta dada a su solicitud el reclamante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) el 29 de febrero de 2024, con número de expediente 349-2024.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información.
2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG, las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
3. La LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad

   «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento».

   Con esta finalidad, el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución, desarrollados por la propia LTAIBG. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la «información pública» como

   «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».

   A tenor de los preceptos mencionados, se puede sostener que la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión de un organismo incluido en el ámbito de aplicación de la Ley, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. Asimismo, cabe advertir que las reclamaciones planteadas ante el CTBG tienen por finalidad declarar el derecho de acceso a la información pública del reclamante cuando se den los presupuestos de hecho establecidos en dicha norma, no pudiendo entrar a conocer de aspectos que no forman parte del objeto de la misma. En atención al objeto de la solicitud que ha motivado esta reclamación, se evidencia que el reclamante no ha solicitado información pública sobre una materia, sino que, por el contrario, lo que pretende es la emisión de un informe por parte de la Diputación Provincial de Badajoz. Esto es, ha presentado una petición destinada a que la administración pública concernida lleve a cabo una actuación material, una obligación positiva de hacer. A este respecto debe indicarse que el CTBG se ha pronunciado con anterioridad sobre supuestos similares -entre otras, las resoluciones RT 257/2022, de 3 de noviembre, RA CTBG 692/2023, de 28 de julio, y RA CTBG 759/2023, de 31 de agosto- en el sentido de señalar que el objeto de este tipo de solicitudes no puede considerarse como acceso a la información. De este modo, tomando en consideración el objeto de la solicitud descrita consistente en instar la realización de una actuación material por parte de la administración concernida, cabe concluir que la reclamación planteada debe ser inadmitida sobre la base del artículo 116 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por quedar fuera del ámbito de aplicación de la LTAIBG.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede INADMITIR la reclamación presentada frente a la Diputación Provincial de Badajoz.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.